Fernando Sánchez, ex legislador alineado con Elisa Carrió, declaró como testigo en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz. El dirigente opositor al kirchnerismo fue coautor de la primera denuncia, presentada 2008. Sin embargo, bajo juramento no pudo acreditar de manera directa que haya habido sobreprecios. “Me cuesta recordar”, respondió cuando las defensas lo interrogaron sobre las cifras de los supuestos desmanejos. Según admitió, parte de las usinas de información que nutrieron las demandas fueron “el periodismo de investigación” y el portal de noticias de la Corte Suprema, al que calificó como “una fuente fundamental”.

Al reanudarse el juicio contra Cristina Kirchner, el TOF 2 escuchó la declaración de Sánchez, el tercer testigo de la acusación. Como Margarita Stolbizer y Juan Carlos Morán sólo habló de sospechas e hizo consideraciones políticas, aunque con un nivel mayor de detalle. Según él hubo “exacerbación” en los precios de las obras viales. Sin embargo, ante la pregunta del abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi, Sánchez no pudo especificar montos ni cantidad de obras.

Uno de los argumentosos repetidos en el proceso y que replicó el dirigente político, es que habían notado que las designaciones del presupuesto beneficiaban a Santa Cruz por sobre las otras provincias “sin ningún argumento lógico”. El punto fue replicado por Beraldi, quien le preguntó si él tenía referencias de que los legisladores hayan votado obligados las leyes de presupuesto. Sánchez respondió no tener “referencias” de que haya ocurrido tal cosa. Lo que afirma CFK es que si las designaciones presupuestarias fueran un delito como infiere la acusación deberían estar imputados en la causa todos los y las diputados/as y senadores/as.

Entre varias consideraciones generales sobre los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, Sánchez mencionó la relación con Venezuela, habló del “poder” que tenía el Ministerio de Planificación y planteó sospechas porque “Vialidad era uno de los destinatarios más importantes del presupuesto”. Lo que señalan los imputados es que el Gobierno tenía como prioridad la obra pública y, particularmente, la vial.

Además, para Sánchez había cartelización: “identificamos simulación de competencia y el vínculo formal societario entre esas empresas”, dijo. Y agregó que era llamativo que “los que se presentaban a las licitaciones eran siempre los mismos grupos económicos”. También, criticó que Báez no haya tenido antecedentes en materia de obras viales, “cuando la ley establece criterios estrictos a la hora de participar de un concurso de obra pública, teniendo en cuenta capacidad y experiencia”.

Sin embargo, cuando las defensas buscaron profundizar, Sánchez no pudo decir la superficie total del territorio santacruceño, tampoco cuántos años gobernó Néstor Kirchner la provincia, ni si hubo irregularidades durante esa gestión. Además, admitió que no consultaron a expertos en materia vial y dijo no tener conocimiento personal en la materia. De hecho, el ex legislador afirmó que sus fuentes para realizar la acusación fueron “el periodismo de investigación” y la "fuente fundamental" que es el portal de noticias de la Corte Suprema de Justicia.

De la imponente sala AMIA al subsuelo

El juicio a CFK comenzó en mayo del año pasado. La sala AMIA -la más importante de Comodoro Py- fue la que albergó el debate durante todo el año pasado. Pero varias cosas pasaron desde entonces. El cambio de Gobierno, que implicó la asunción de la principal acusada en el cargo de Vicepresidenta y el anuncio de una reforma judicial oficiaron como telón de fondo de un simbólico cambio de escenario para el juicio que se reinició este lunes, tras la feria judicial. Lejos de la imponente sala AMIA, el debate fue trasladado al pequeño Salón de Usos Múltiples, ubicado en el subsuelo de los tribunales de Retiro.