Ayer comenzó a escribirse el concurso preventivo de acreedores más grande de la historia judicial santafesina. Muy a su pesar, Vicentin SAIC, una de las principales agroexportadoras del país, terminó por acudir a un tribunal para pedir la convocatoria, ante el rechazo mayoritario que cosechó su oferta de pago entre los acreedores comerciales y bancarios, y las cautelares y el pedido de quiebra que llovieron en la Justicia en los últimos días. El directorio solicitó el concurso en un juzgado de Reconquista, jurisdicción donde la empresa tiene su domicilio legal. El lugar elegido despertó otra reacción adversa de los acreedores: ayer mismo apelaron a la Corte para que obligue a tramitar el concurso preventivo en la Justicia rosarina.
La compañía que entró en cesación de pagos en diciembre pasado solicitó ayer la apertura de su concurso preventivo ante el juzgado civil y comercial n°4 de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. La dimensión del pasivo que adeuda asciende a 1350 millones de dólares, de los cuales 1000 millones corresponden a compromisos con bancos nacionales y extranjeros, y 350 millones son deudas comerciales con el sector agrícola: corredoras de granos, acopios y grandes productores en su gran mayoría.
Entre los bancos, el principal acreedor es el Nación, que le prestó a Vicentin de manera inédita y polémica 18000 millones de pesos durante la presidencia de Javier González Fraga en la entidad. Siguen el Banco Provincia de Buenos Aires ($1600 millones) y el Banco de Industria y Comercio Exterior (5 millones).
Vicentin procuraba acuerdos de pago extrajudiciales para evitar que un juez se inmiscuya en la gestión. El 24 de enero había propuesto a quienes tienen acreencias por más de 30 mil dólares el pago del 20% en lo inmediato, y el resto a saldar en 8 años. La mayoría rechazó eso, y una decena de corredoras y acopiadoras de cereal acudió a la Justicia para exigir el cobro. El tiro de gracia llegó el jueves pasado, cuando Gagliardo Agrícolo Ganadera SA pidió la quiebra de Vicentin ante el juez rosarino Marcelo Quaglia. Eso dinamitó la vía extrajudicial y obligó a la compañía a pedir el concurso preventivo de acreedores.
"La empresa reitera que perseguirá sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa -dice el comunicado que el directorio difundió ayer-. Vicentin se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas; como así también seguirá manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás Instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto".
El comunicado le dedica un párrafo a los trabajadores. Solo en sus plantas de Ricardone y San Lorenzo, trabajan alrededor de 2000 personas, aunque desde el default declarado esas moliendas están inactivas. "A nuestro personal le agradecemos la comprensión demostrada hasta el presente y le anticipamos que el camino adoptado permitirá su retorno al trabajo más rápidamente", indicó la empresa.
En el gremio aceitero hay inquietud por el futuro inmediato, aunque en el sindicato sanlorencino valoran que Vicentin pagó a tiempo el salario de enero, aunque sin el 7 por ciento de aumento que restaba de la paritaria.
En simultáneo con la presentación judicial de Vicentin en Reconquista, un grupo de acreedores movilizó a sus abogados para reclamar a la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe que el concurso preventivo se tramite en Rosario. Entienden que ante la dimensión histórica de la convocatoria, debería crearse un juzgado específico para gestionar el proceso concursal. Argumentan que en Rosario están los recursos necesarios para instruir el concurso y es donde se encuentra la mayor parte de los acreedores. Lo que hay en el fondo es la desconfianza de que el proceso se desarrolle en la ciudad donde los Vicentin y los Padoán tienen una influencia impar.
