En un contexto de emergencia provincial por las muertes de niños por desnutrición en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, el gobernador convocó a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley que prevé aumentar de 7 a 9 los integrantes de la Corte.

El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y mañana se hará su tratamiento en el recinto.

Para la integrante del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), Sonia Escudero, en primer lugar “no hay razón objetiva para convocar a extraordinarias por este tema. No hay ninguna urgencia para ello”.

“Segundo”, remarcó la ex senadora nacional, “porque en última instancia tiene que ser tratado en la reforma Constitucional”.

La convocatoria a reformar la Constitución esta prevista que sea presentada en el mes de abril, y se discutiría el año próximo. Entre otros temas, existen posiciones contrapuestas respecto de la duración de los jueces como cortesanos. Es decir, si deben tener un tiempo de mandato limitado (como es actualmente) o de carácter vitalicio.

Pero para Escudero, el problema más grave es el de la falta de independencia de los jueces en todos los órdenes. Resaltó que esto sucede a nivel nacional pero es aún más marcado en la provincia de Salta, en donde existe “una dependencia total del poder de turno”.

Y por ello, la integrante del FOCIS dijo “comprender” a Gustavo Sáenz en cuanto a que recibe una Corte armada íntegramente por su antecesor, Juan Manuel Urtubey.

“Está claro que esta Corte de Justicia necesita una renovación, él (por Urtubey) ya designó a todos y Posadas es la única vacante que le queda”, añadió Escudero.

En diciembre último se le venció el mandato a Guillermo Posadas, y todavía el gobernador no propuso a nadie en su reemplazo. Con respecto a esa designación, la ex legisladora nacional le dijo a Salta/12 que “sería una muy buena oportunidad para proponer a alguien independiente, pero esta es una decisión política muy fuerte y querrán designar jueces amigos”.

Con respecto a la propuesta que llegaría del propio Gustavo Sáenz para designar como Juez de Corte al hermano del ex gobernador, Rodolfo Urtubey, Escudero lo calificó como “un pacto de impunidad”.

Más tarde volvió a plantear la necesidad de la pluralidad de voces dentro del máximo tribunal provincial al referirse a que “es un problema muy grande el que todos los jueces tienen la misma posición ideológica, necesitamos pluralidad de voces. Necesitamos especialistas en otras materias, casi todos son penalistas, incluso Rodolfo Urtubey, no hay ningún constitucionalista”.

La representante del FOCIS fue categórica al sentenciar que esta es una Corte “ultraconservadora que busca mantener el status quo” y añadió que tampoco se busca representación de otro credo que no sea el de la religión católica “ni una corte de avanzada que garantice el libre acceso a los Derechos Humanos”.

Por lo que concluyó que todo esto demuestra una “falta de prolijidad”, que “es sólo para cumplir con los acuerdos pactados” y que no ameritaba convocar extraordinarias, “tenemos otros temas más urgentes por resolver”, dijo Escudero.

En el mismo sentido se pronunció la titular del Instituto Jurídico de Género del Colegio de abogados de Salta, Gloria Cruz al considerar que la designación de Urtubey “sólo será para pagar favores políticos y que toda su designación sería poco transparente”.

Cruz aclaró que no duda de la idoneidad del hermano del ex gobernador pero que “no lo nombran justamente por eso, sino por otras cuestiones”.

A su vez se manifestó “escéptica” con respecto a la posibilidad de acelerar la toma de decisiones del tribunal, “no se alcanza la eficiencia sólo con el número”.

La abogada hizo mención también al gasto que significaría sumar dos jueces y lo contradictoria de la decisión en un momento de recortes y austeridad, “estamos en emergencia económica, en donde se recortan gastos y se congelan sueldos, y hacer este gasto es algo con lo que no concuerdo”.

Por último, Cruz añadió que en ningún caso se está teniendo en cuenta la paridad de género: “en el poder judicial la mayoría de mujeres se ve reflejada sólo en secretarías. Y hasta aquí, en la Corte se reproduce la mirada. No habría, ni se está pensando en paridad de género. Por lo que seguiríamos en desventaja”.

Actualmente la Corte está integrada por Guillermo Catalano, Ernesto Samson, Fabián Vittar, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y Pablo López Viñals. Y se espera el reemplazante de Guillermo Posadas.

Una vez que la Legislatura apruebe el proyecto de ley con la modificación de la Corte, el Ejecutivo deberá enviar los tres pliegos, el vacante y los dos nuevos, al Senado. Allí los postulantes pasan por un proceso de adhesiones e impugnaciones que pueden presentar los ciudadanos, y de entrevistas con la comisión de Justicia y Acuerdos.

De superar ambas instancias se lo aprueba en sesión de la Cámara Alta. El proceso en total dura entre dos y tres meses.

Actualmente sólo las provincias de Jujuy y Misiones cuentan con nueve jueces de corte, mientras que Mendoza va en el mismo camino. La mayoría de los tribunales superiores constan de 5 integrantes. La provincia de Buenos Aires, que supera por varios millones a Salta en cantidad de habitantes, en la actualidad tiene 7 miembros.

La Corte Suprema sólo alcanzó ese número con la denominada “corte adicta” del presidente Carlos Menem en la década de los ’90. Hoy son sólo cinco los jueces del máximo tribunal de la nación.

Se estima que un juez de corte de la provincia le cuesta al erario público entre 15 y 20 millones de pesos anuales, en toda su estructura.

Hasta el momento los integrantes de la justicia son los únicos exentos de pagar ganancias.