El Gobierno definirá esta semana cómo será el aumento a los jubilados que regirá desde marzo. La suba se dará por decreto dado que la movilidad fue suspendida por 180 días en diciembre tras la sanción de la ley de solidaridad social. Si bien distintas autoridades gubernamentales adelantaron que el incremento será una suma fija, podrían optar por una opción que combine también porcentuales. Según pudo saber PáginaI12, desde Anses presentaron varias alternativas, con sumas fijas, que van desde los 1500 a 2500 pesos, y sumas porcentuales, que van de 2 a 6 por ciento para las remuneraciones más altas. 

En la definición participa Alejandro Vanoli, titular de la Anses, el Ministerio de Economía, que analiza los números, y el Ministerio de Trabajo, que estudia la parte legal. También siguen de cerca el tema  Jefatura de Gabinete y el mismo presidente, Alberto Fernández, quien mantuvo una reunión el viernes pasado por este tema. La modalidad del incremento deberá definirse antes de este viernes 14 de febrero, dado que los beneficios que se abonen en marzo deberían empezar a liquidarse antes de esa fecha. El incremento que sea definido regirá para marzo, abril y mayo. Si para junio no fue fijada una nueva fórmula de movilidad, a mediados de año también se aplicará una suba por decreto, dado que la emergencia fue establecida por 180 días.

Desde Anses buscarán que las jubilaciones mínimas, de 14.068 pesos, tengan un aumento mayor del que hubieran recibido con la ley de movilidad suspendida. Hubiese sido una suba del 11,56 por ciento, es decir 1626 pesos. Por lo que se espera que tras el incremento que salga por decreto el haber mínimo sea mayor a los 15.694 pesos. Además, el objetivo es que las asignaciones familiares tengan una suba mayor al 11,56 por ciento. Se trata de los beneficiarios que recibieron un bono en diciembre y enero. En el caso de los jubilados que cobraban hasta 19 mil pesos fue de hasta 5000 pesos cada mes, mientras que para las asignaciones sociales, fue de 2000 pesos. Esta medida implicó un gasto fiscal de 45 mil millones de pesos.

Pero las metas de Anses colisionan con los números que maneja la Secretaria de Hacienda, que lleva los números presupuestarios. La estrategia del Gobierno con el aumento por decreto busca generar mayor “equidad”, o como sintetizan los ministros, “achatar la pirámide previsional”. Por eso las autoridades aseguraron en reiteradas oportunidades que el aumento será una suma fija, dado que de esa manera significa un porcentaje mayor para los que cobran menos. Pero además, la suspensión de la ley tiene una lógica económica. El presidente, Alberto Fernández, aseguró que la actual fórmula es “impagable” y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que “hay que ser responsables con la situación fiscal”. 

Otra de las cuestiones a dirimirse es si los aumentos serán por beneficiario o por beneficio. Un beneficiariario es una persona que cobra beneficios previsionales. Por ejemplo, este sería el resultado en el caso de que se definiera una situación hipotética de una suba de 2000 pesos más 5 por ciento. Una persona que cobra una jubilación y una pensión de 25 mil pesos cada una recibiría 2000 de suma fija por beneficio, es decir 4000 pesos, y además el 5 por ciento de cada beneficio. En cambio, un jubilado que cobra 50 mil pesos y no tiene pensión, recibiría 2000 de suma fija y 5 por ciento. La suba registrada sería menor, cuando en la práctica los dos jubilados cobraban lo mismo.

Un tema que se tiene en cuenta en la mesa donde se dirime el futuro de los jubilados es la probabilidad de litigios, relacionada con cuánto se alejen los aumentos de la movilidad que hubieran recibido de haberse mantenido la ley sancionada a fines de 2017. Claudio Moroni, ministro de Trabajo y ex titular de la Anses, es un conocedor de estos temas. Según distintos abogados previsionales consultados por ese diario, la mejor opción sería aumentar por beneficio. Además, los haberes máximos del régimen general, hoy en 103 mil pesos, serán los que más perderán en el caso de una suma fija. Y los reclamos judiciales suelen darse en los jubilados de mayor poder adquisitivo son los que mayor información y contactos tienen. Además, todos los jubilados ya registraron pérdidas desde que se impuso la nueva movilidad, dado que los aumentos se aplican con un defasaje de 6 meses, tras dos años con inflación récord. Igualmente, no se espera un aluvión de juicios ni un nuevo caso Badaro. 

Al mismo tiempo, el abogado previsional Federico Bobrovsky aseguró: “El Gobierno entiende que se declaró la emergencia y no se va a poder publicar ninguna sentencia, pero esto no es así”. Incluso, se especula que el futuro de estos litigios va a depender de la reforma judicial de la que habló el gobierno, dado que la justicia podría fallar según cómo se vea beneficiada o perjudicada ante estos cambios. Serán perjudicados aquellos en los que la suma fija de los aumentos por decreto represente un porcentaje menor al 11,56 por ciento que hubieran recibido con la fórmula suspendida.