Desde el lunes hay protestas afuera de la municipalidad de Pichanal. Trabajadores y trabajadoras reclaman ante despidos. Además el secretario administrativo, el legislativo y 20 empleados y empleadas del Concejo Deliberante demandan que les paguen.

“En una de las provincias más pobres, despedir a los trabajadores municipales que son los más vulnerables en este momento es un desacierto muy grande, es condenarlos a mayor pobreza y miseria”, expresó la Secretaria General de Ate en el departamento Orán, María Julia Pizola. La referenta consideró una contradicción en que la zona esté declarada la emergencia sociosanitaria por un lado y por otro se despida a los trabajadores y las trabajadoras.

Pizola especificó que son mujeres la mayoría que está reclamando la restitución del puesto de trabajo. Dijo que también que más de la mitad (hombres y mujeres) supera los 50 años. Detalló que hay 12 trabajadores y trabajadoras que son de comunidades originarias. También mencionó que tres trabajadoras trans habían sido despedidas y solo se reincorporó a dos, no a Wanda Carrique quien visibilizó la situación de despidos.

La referenta contó que desde el municipio primero “se aducía que eran despidos políticos que corresponden a los AP, la planta política” y que al terminar la anterior gestión debían irse. Pero después “ha habido más despidos”, planteó Pizola.

Pizola dijo que desde la municipalidad comenzaron con hostigamientos y persecusiones. Indicó que hay personas que venían trabajando de forma precarizada, con contratos hace 10 años o más y “no se renovó a mucha gente”. A 50 afiliados de Ate no se les renovó la contratación, pese a un pedido del gremio para que los reincorporen, Pizola dijo que no volvieron a tomarlos.

Pizola manifestó que después “se avanzó con la gente en planta permanente, que tiene derecho a un sumario administrativo”. Señaló que el municipio está haciendo las cosas al revés, “los despidieron y después se va a hacer la investigación”. Sostuvo la secretaria que están las herramientas administrativas para demostrar si la gente trabajaba o no y que no lo hicieron.

La secretaria, además mencionó que se accionó sobre las licencias. “Muchos compañeros perdieron años de licencia. Habíamos solicitado que pudieran hacer uso de las de 2018 o 2019. Hay compañeros que no se tomaban licencias. Si no las tomaban las podían ir juntando y tomarlas más adelante. Con la nueva gestión quisieron usarlas y no pudieron”, indicó Pizola.

"Han pasado 25 trabajadores contratados a categoría de eventuales", planteó la gremialista. Advirtió que el municipio pretende seguir con la reducción de las horas laborales y el jornal del trabajador. Gran parte de las tareas que cumplían "era de servicios generales, limpieza, macheteo, son muy pocos los que hacen tarea de oficina". 

La concejala Paola Cantarella del Frente de Todos contó que con tres concejales más estuvieron apoyando la protesta. Manifestó que había "un grupo vandálico de 15 muchachos" quienes no trabajan en la municipalidad, dijo que "aparecieron por la parte de atrás del municipio con baldes con arena", y apagaron una goma que habían prendido fuego a un costado. Tuvieron inconvenientes con el secretario de obras públicas, Patricio Zambrano, quien también quiso apagarles la goma. Consideró que el grupo de hombres podría estar siendo enviado por el municipio, ya que dice que los vieron entrar al edificio al mediodía. 

Cantarella planteó que en el Concejo Deliberante hay 20 trabajadores y trabajadoras, además de dos secretarios que no cobran sus sueldos y el pago depende del municipio. También dijo que ella era trabajadora municipal y que fue cesanteada aunque presentó a tiempo los papeles para su licencia cuando asumió como concejala.

El intendente Sebastian Dominguez del espacio del gobernador Gustavo Sáenz dijo a Salta/12: "la ex diputada Margarita Ramírez (esposa del ex intendente Julio Jalit) incita a que hagan esta movida, les pagan. No hemos despedido a nadie. Hay contratos que finalizaron con la gestión que se fue. No se renovaron porque el municipio estaba en rojo". Sobre los trabajadores dijo que algunos cobraban "200 por mes, los tenían precarizados, es imposible sostener esa cantidad de gente si uno pretende pagar un sueldo". 

Dominguez sostuvo que a los empleados del Concejo Deliberante y a sus secretarios aún no les ha pagado porque los procedimientos para los nombramientos y designaciones no fueron los correctos. Negó que no haya diálogo con concejales y también negó vinculación con el grupo que habría asistido a romper la protesta y del mismo modo dijo no tener animosidad ni estar marginando a trabajadores y trabajadoras. 

Sobre el caso de la concejala Cantaralla, Domínguez afirmó que se le va a respetar la licencia que pidió.

La secretaría de Ate, dijo que el municipio tomó más de 250 trabajadores nuevos, lo cual significa una contradicción si el argumento para dejar sin trabajo a la otra gente fue que no había cómo pagarles.  También Pizola dijo que hay trabajadores a quienes les sacaron los ítems, por lo que pasaron  a cobrar menos. Ejemplificó con el caso de un trabajador con más de 30 años de servicio al que le sacaron 4 mil pesos, lo mismo le habría ocurrido a otro que tenía un sueldo de 19.900  pesos y cobró solo 8 mil. "Hay una inestabilidad, o aceptan la precarización o se quedan en la nada. Nos hemos puesto a disposición de los compañeros, se dispuso que el miércoles se continúe con la misma modalidad de protesta y una olla popular", afirmó la referenta gremial.