El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino de la familia Macri y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o cramdown, que podría convertirse en la antesala de su quiebra. De esta manera el Gobierno adhiere a un planteo presentado la semana pasada por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin y adopta una postura que se encuentra en las antípodas de la que mantuvo su antecesor, que apostó al paso del tiempo y –de ese modo—a la dilación del pago de la deuda millonaria de la empresa en un proceso concursal que lleva 18 años de trámite. El escrito de Zannini advierte que es imperioso que el Estado cobre lo que le deben ya que, tal como ha tramitado el expediente, “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”. También advirtió sobre maniobras de vaciamiento, denunciadas ya por la fiscalía a favor de sus controlantes, amigos y aliados, algunos integrantes de las filas del macrismo.

La empresa Correo presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). Pero el grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses. También cuestionó el último planteo que Boquin hizo la semana pasada. Allí la fiscal pidió la intervención de la firma. Señaló que “luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad --que he denunciado-- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando” la Ley de Concursos y Quiebras. Recuerda que el “cramdown” fue ordenado por primera vez en octubre de 2004, sin embargo, artilugios mediante nunca se concretó.

Zannini es el jefe de los abogados del Estado y su intervención se debe, paradójicamente, a un decreto que firmó Macri cuando estalló el escándalo del Correo, cuando la fiscal Boquin denunció que el Correo y el entonces Gobierno (con Macri de ambos lados del mostrador) habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, que en realidad la licuaba casi en su totalidad. El ex presidente desplazó al ex procurador Carlos Balbín, que cuestionó lo ocurrido con el Correo. Pero antes había cambiado las reglas para poner a un procurador de su confianza al que le dio intervención protagónica, Bernardo Saravia Frías, integrante de su “mesa judicial” cuyo estudio de abogados había representado a las empresas de la ex familia presidencial. Saravia Frías no pareció muy interesado en defender los intereses del Estado y cobrar el dinero que le debe el Correo, unos 4500 millones de pesos al día de hoy.

En su planteo de la semana pasada la fiscal Boquin advirtió que se “agravaron” las circunstancias que llevaron en septiembre último a la designación de un coadministrador ya que aumentó el pasivo posconcursal pero tampoco se sabe “su real cuantía”. “Por otro lado en esta etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en un escenario de falencia teniendo en cuenta la posibilidad de fracaso del cramdown y la inmediata quiebra de Correo Argentino SA”, decía su planteo. Boquin cuestionó la actuación, hasta ahora, del coadministrador nombrado por el juzgado de primera instancia, Carlos Angel María Ferrario, un árbitro de la Bolsa de Comercio, otrora juez comercial. Hasta ahora presentó tres informes, pero imprecisos sobre cuestiones claves: la fiscalía dice que, por ejemplo, no informó sobre una deuda posconcursal que Correo tiene con la AFIP de 600 millones de pesos; también figuran deudas con su propia controlante Sideco Americana por locación de servicios y bienes por 32 millones de pesos. Vale recordar que Correo es una empresa que figura inactiva.

El escrito de Zannini adhiere al enfoque y los planteos de Boquin, lo que representa un giro rotundo en la posición de la Procuración. Su presentación, a la que accedió Página/12, repasa también las “graves irregularidades” ocurridas a lo largo del tiempo y que revelarían posibles maniobras de fraude concursal: la lista incluye, además de las operaciones con Sideco, la compra de acciones a Socma de la firma Neficor (ligada al negocio automotriz) por 2 millones de dólares por lo que no obtuvo ningún beneficio; el retiro, además, de dinero de las propias cuentas de Correo, a favor de las controlantes; “el presunto vaciamiento progresivo de Correo Argentino mediante pagos que se encuentran cuestionados y en investigación”, lo que incluye sumas entregadas a abogados vinculados a los Macri, como el propio Jaime Kleidermacher, que representa a la empresa, pero también el diputado Pablo Tonelli y el ex funcionario Pablo Clusellas, entre otros a los que se suman agencias de publicidad y consultoras. Hubo también pagos de “anticipos de directorio” fuera de las normas, dice Zannini. Boquin ya había señalado el desvío de al menos 35 millones de pesos con estas maniobras.

El procurador señala también “la licuación de los créditos de los acreedores concursales, a consecuencia del excesivo tiempo transcurrido sin que el proceso avance hacia un desenlace coherente con el espíritu del régimen concursal (pago a los acreedores, ya sea a instancia de la concursada o terceros) o, en su caso, a instancia de un proceso liquidatorio propio de la declaración de quiebra”. En un último punto recuerda que Correo utilizó la presentación de conformidades fraudulentas (los acreedores estaban representados por los abogados vinculados al Correo y a su directorio) para obtener la homologación del acuerdo de junio de 2016 que fue denunciado y abortado con Boquin, que advirtió que era una suerte de trampa para disolver la deuda de la empresa, aprovechando la presencia de Macri en el poder.

La Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero –las mismas que aceptaron dilaciones durante años a favor del Correo—, le envió a la jueza de primera instancia Marta Cirulli el escrito de Boquin, al que adhiere el Procurador del Tesoro. Cirulli fue denunciada en la causa penal que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, donde fueron indagados el ex ministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa. Las indagatorias fueron hace casi un año y sigue irresuelta su situación procesal. Lijo mandó a hacer un análisis contable. Queda claro los fuertes intereses que se mueven en este tema, con millones de pesos en juego.