Desde Salta
La ministra de salud de Salta, Josefina Medrano, sumó una frase más a la ya infinita cantidad de dichos y hechos que viene generando la gestión Sáenz desde que estalló la emergencia sociosanitaria en el norte salteño.
A las muertes por desnutrición y la urgencia de generar condiciones para garantizar el acceso básico a agua potable en amplias zonas del norte provincial, se suman las inundaciones con evacuados.
Y mientras todo eso sucede, el gobernador convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura para sumar dos jueces más a la Corte de Justicia y ampliarla a 9 miembros.
Ayer, en entrevista con la radio porteña Futurock, Medrano sostuvo que “no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia”.
“Esta es una realidad que el que vive en Salta, el que conoce el terreno y viene trabajando en la salud pública sabe que pasa hace mucho tiempo”, agregó la ministra de Salud con respecto a los 7 niños de la etnia Wichi muertos en lo que va del año por problemas de agua y desnutrición.
Si bien ayer trascendió una nueva muerte en Tartagal, se trataba de un niño de siete meses que falleció por broncoaspiración y desde el ministerio de Salud consignaron que no tenía bajo peso.
Medrano también indicó que, "en realidad, creo que lo importante en este momento es hacer lo que estamos haciendo, ocupándonos del problema”.
De alguna manera, dio a entender que antes no se publicaban ni los datos ni las muertes y que de ahora en más no se ocultará la información. Este es el rumbo que tomó el discurso oficial del gobierno provincial, naturalizar la situación, deslindar responsabilidades y culpar a la gestión anterior por la herencia recibida.
Si bien existe una situación estructural que viene de varios años atrás, no solucionado por ninguno de los recientes gobernantes, y hubo advertencias a ministros de la gestión Urtubey sobre la vulnerabilidad extrema de las comunidades, tal como un informe realizado por investigadores de la Universidad de Salta , el gobierno provincial al asumir dejó sin efecto una serie de programas que se encargaban de la asistencia inmediata y de urgencia como el "Refuerzo Estival"
Esta táctica discursiva recuerda a los primeros días del macrismo cuando planteaban el famoso "sinceramiento" por la distorsión estadística y cambiaria que dejó el kichnerismo, con la que justificaron la escalada de precios y la devaluación de inicio de gestión de Macri, pero que terminaron siendo una constante en sus cuatro años.
La ministra asumió con los antecedentes de estar intimamente relacionada a los grupos “Pro vida” y también tuvo notoriedad por ser la cuñada de Matías Huergo, el único implicado por el caso de las facturas apócrifas en la Municipalidad de Salta cuando Gustavo Sáenz era intendente.
Su paso en la gestión pública viene del PAMI, allí fue designada por el macrismo como coordinadora ejecutiva, nombrada directamente como planta permanente, por lo que hoy goza de “licencia por mayor cargo”.
Uno de los primeros momentos de "fama" de la ministra fue cuando a los pocos días de conocerse las primeras muertes en el Norte, redactó un memorándum que prohibía la divulgación de datos de esa cartera .
Bajo el título “Confidencialidad de la Información Transmitida”, el memorándum 08/20 comunicaba a todas las áreas del ministerio que el término “información confidencial” incluía sin limitación, “todos los contratos, datos, notas, análisis, dictámenes, especificaciones, manuales, planes, técnicas, información de contable, de recursos humanos, relevamientos estadísticas, y toda información transmitida, exhibida o puesta en conocimiento de cada área de este Ministerio de Salud”.
Dicho memorándum fue eliminado a los pocos días a pedido del propio gobernador cuando trascendió su contenido y se desató el escándalo.
Días más tarde también tuvo que dar marcha atrás y reincorporar a una pediatra despedida por reclamar ante el recorte del transporte en las residencias médicas y de otras áreas sanitarias en Salta. Pero esto se hizo bajo la condición de que acate lo dispuesto y no continúe con la protesta.
Uno de los reclamos constante de los departamentos declarados en emergencia es la falta de profesionales médicos, que se suplía en parte con los pasantes que se quedaron sin viáticos y con ello la posibilidad de trasladarse a terreno.
Bajo la gestión anterior, el gobierno garantizaba el transporte, pero en enero del corriente, con la nueva gestión saencista y mediante un memorándum, se dispuso que ya no se pagaría ese cargo.
El aporte de nación
Ante el caótico panorama que se vive en Salta, la Nación puso el foco de la gestión en la provincia y en lo que va del año ya recorrieron la zona afectada cuatro funcionarios de primera plana: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Así como la responsable del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.
Hasta aquí, el gobierno de la Nación envió a Salta $324 millones para la compra mensual de 40.000 módulos alimentarios reforzados durante 4 meses, 20 millones de pesos para 20.000 módulos para situaciones crítica y firmó el convenio para entregar 65.000 tarjetas alimentarias por un valor de 330 millones de pesos mensuales.
Tras las visitas, Gustavo Sáenz se limitó a agradecer a sus “amigos” la ayuda de Nación e intentó hacer un chiste en un momento poco feliz: “hoy nos acompaña Victoria (por Tolosa Paz), que ayer estuvo en Santa Victoria, y miren qué casualidad, Victoria estuvo en Santa Victoria”, y agregó, “evidentemente, como le decía hace unos días a mi amigo Gabriel Katopodis, el ex intendente del municipio de San Martín se hará cargo del departamento San Martín y Victoria va a dar una mano grande en... Santa Victoria, y así vamos trabajando todos juntos, ya le encontraré un lugar a Ginés (por el ministro de Salud), aunque su nombre es más difícil”.
Ante la emergencia, más jueces de Corte
Si bien la declaración de emergencia sociosanitaria se hizo por decreto y está en vigencia, este debe ser ratificado por la Legislatura. Ante esta circunstancia se esperaba que el gobernador convoque a sesiones extraordinarias, lo que finalmente ocurrió, pero en el temario a tratarse no se incluyó la emergencia y sí el proyecto que amplía la Corte de Justicia de siete a nueve miembros.
Durante el debate del proyecto en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción gracias exclusivamente a los votos de los bloques oficialistas, la voz con más claridad fue la de la diputada del Frente de Todos por el departamento San Martín, uno de los incluido en la emergencia, Gladys Paredes.
La diputada es de profesión pediatra y en la semana, cuando no tiene actividad en la Legislatura, realiza colaboraciones en centros de salud y hospitales de su departamento.
En su discurso, la legisladora se manifestó sorprendida por este llamado de urgencia cuando son otras las prioridades.
“Se habla de prioridad, se habla de emergencia, y en estos momentos nombrar jueces no es prioridad ni emergencia”. La pediatra añadió que son ellos, los legisladores del norte provincial quienes tienen que dar la cara día a día a la gente con necesidades.
Subrayó que la cantidad de jueces no solucionará las muertes ni salvará vidas y recordó la falta de médicos y de agentes sanitarios en aquella zona. “No necesito un juez para que atienda un niño, no necesito un juez para que le de los medicamentos”, dijo indignada.
La diputada calculó que el gasto anual por nombrar dos jueces más será de alrededor de $38 millones, “con eso yo puedo nombrar 100 agentes sanitarios en el norte. Tengo el 40% de las áreas operativas sin agentes. Puedo nombrar 50 profesionales. En Tartagal hay tres días a la semana que no tenemos pediatras y en Santa Victoria no hay ni pediatra, ni ginecólogo”.
También recordó la falta de enfermeras, que con ese presupuesto se podrían nombrar 63 y señaló que Tartagal tiene 85 y necesita 250, al igual que las ambulancias “hasta hace unos días Santa Victoria no tenía ambulancias, hoy tiene dos y se necesitan como mínimo tres más”.
“La prioridad para el señor gobernador debe ser la emergencia socio sanitaria. El ministro de economía (Roberto Dib Ashur) nos dijo aquí que estamos en crisis económica. ¿Cómo entonces yo puedo aprobar éste pedido si estamos en crisis? Entendamos que estamos por y para la gente”, manifestó la legisladora por el departamento San Martín.
Y concluyó solicitando que el voto sea nominal, “porque cuando vayamos al norte a dar la cara la gente tiene que saber quién votó a favor y quién en contra de este proyecto. Porque este sábado yo tengo que ir a trabajar y dar la cara a Corralito, donde no hay pediatra hace más de un año, entonces quiero que se sepa que yo voté en contra”.
