La agenda de juicios por delitos de lesa humanidad para 2020 arrancó mal. Es que el primer debate que estaba programado después de la feria estival de enero, que comenzaría hoy a evaluar la responsabilidad de cuatro imputados en una veintena de asesinatos cometidos durante el accionar de la Triple A en Bahía Blanca, fue suspendido y reprogramado para el mes próximo. La medida fue solicitada por la defensa de los imputados. Las partes fueron notificadas el día del trunco comienzo.

La información fue inicialmente compartida de manera extraoficial por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca con algunas de las partes que participarán del debate oral en contra de cuatro ex integrantes de la patota de la Triple A, acusados en diferentes grados por una veintena de asesinatos sucedidos entre 1974 y 1975 en esa ciudad: el juicio, esperado por familiares de víctimas desde hace años, no comenzó hoy. La causa había sido elevada en 2015 y aguardaba que, con ritmo lento, la Justicia federal local llegara analizarla. A principios de septiembre del año pasado, tuvo lugar la audiencia preliminar al juicio en la que se presentaron testigos, se acordó el calendario del debate y se fijó el 12 de febrero de 2020 como fecha de inicio, fecha pospuesta un mes.

El viernes pasado, miembros de Hijos Bahía Blanca, única querella en la causa, supieron que el juicio no comenzaría. “Nos enteramos por la Fiscalía que el juicio fue suspendido sin fecha y eso es un problema porque no solo se retrasa la reparación a los familiares de estas víctimas, sino a todos los que esperan juicios en lista de espera”, apuntó en diálogo con este diario Alejandra Santucho, integrante de la organización. Hoy, el TOF programó el 9 de marzo próximo como nueva fecha.

El fiscal a cargo, Pablo Formento, evaluó que tanto la suspensión como la demora en la debida información es “un desprecio a los familiares de las víctimas y al proceso en sí”. “A nosotros nos complica mucho el trabajo con los familiares, que hace años esperan un acto de justicia que repare algo de todo el daño que los hechos en juicio les causaron. Están en vilo, no saben si viajar o no, si van a testimoniar o no. Y no podemos responderles”, remarcó. “No vemos voluntad” en el TOF de Bahía Blanca, concluyó.

Según trascendió, los jueces Javier Aguerrido, Roberto Amábile y Pablo Díaz Lavaca habilitaron la prórroga solicitada al defensor oficial Gustavo Rodríguez, representante de los cuatro imputados, para responder a una serie de aclaraciones que solicitaron los magistrados sobre la lista definitiva de testigos. La defensa solicitó diez días de prórroga para “responder aquello que no respondió, pero todos sabemos que esta clase de medidas frenan por mucho más tiempo el proceso”, apuntó Formento.

La suspensión del debate, no obstante, tiene otro dato más de trasfondo: la conformación del tribunal. Los tres jueces son subrogantes en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Y uno de ellos, Aguerrido, está a punto de cumplir los dos años en la suplencia, período que le imposibilita renovar al frente del cargo: su subrogancia vence el próximo 31 de marzo. Según explicaron fuentes judiciales, a fines del año pasado Aguerrido presentó su renuncia a participar de este juicio, pero la Cámara de Casación se la rechazó por entender que el debate ya contaba con fecha de inicio. Las partes acusadoras, entonces, se preguntan si algo de todo esto no interviene como razón oculta de la suspensión del inicio del debate.

La causa

El juicio pospuesto tiene como objetivo evaluar la responsabilidad de Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero en una veintena de secuestros, torturas y asesinatos cometidos mientras integraron la Triple A. La causa, que revisa el accionar de la patota en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención de Remus Tetu y que, además de matar, prohibió el centros de estudiantes, cerró el comedor universitario, expulsó alumnos y provocó cesantías masivas de docentes por razones políticas, fue elevada a juicio en 2015, algunos meses después de que fuera detenido el quinto imputado, Héctor Oscar Chisú, quien falleció en diciembre pasado, impune.

De los otros cuatro, tres llegarán al debate en libertad porque fueron venciendo sus prisiones preventivas: Curzio, Forcelli y Pallero. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita que posibilitó el asesinato de 21 estudiantes y docentes universitarios durante 1974 y 1975. El cuarto, Aceituno, obtuvo hace poco el beneficio de la prisión domiciliaria luego de que su defensa --oficial-- argumentara que su esposa sufría problemas de salud. Aceituno es el único imputado por autoría directa de un homicidio, el del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo.