La generación de residuos sólidos urbanos ha sido sin duda uno de los grandes desafíos de la gestión ambiental tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma. Desde la Buenos Aires colonial hasta la actualidad se han implementado diversos sistemas de tratamiento que fueron cambiando conforme se establecen distintas prioridades en materia de gestión y de la posibilidad de acceso a tecnologías.

A comienzos del siglo pasado se implementó un sistema de quema controlada con recuperación de materiales, luego se dio paso a la incineración; técnica que posteriormente ocasionó múltiples conflictos producto de humos y hollines, principalmente en la entonces Capital Federal. Con la creación de la CEAMSE (Decreto 911/1977), la gestión de los residuos adquiere escala metropolitana extendiéndose la disposición final bajo la implementación de la técnica de relleno sanitario.

Con la sanción de la Ley 1854 en el 2005 en CABA, conocida como Ley de Basura Cero, se abrió la posibilidad de que finalmente la Ciudad adoptara un agresivo programa de recuperación de materiales -conforme establece la normativa- y la oportunidad de salir del clásico e insustentable sistema de enterrarlo todo. Lamentablemente, los años que les siguieron estuvieron caracterizados por políticas embrionarias en materia de recuperación y reciclado de materiales y por incumpliminetos de la ley, rescatando solamente la titánica tarea que a diario vienen realizando los recuperadores urbanos sin lograr un cabal reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad sobre su tarea.

La historia siguió empeorando y el Gobierno Porteño sumando desaciertos y miradas tecnocráticas, sin entender el fondo del conflicto. Es así que impulsó la norma N° 5.966 aprobada en mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad modificando la Ley de Basura Cero a efectos de autorizar la incineración de los residuos sólidos urbanos con “recuperación” de energía, sin que la aplicación de esta tecnología esté sujeta al grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final en rellenos sanitarios. Como broche de oro, con el famoso axioma de “si pasa, pasa”, el Gobierno Porteño tomó como línea de base para el cumplimineto de metas el 2012 -en vez del 2004- año en que se generaron la mayor cantidad de residuos en la Ciudad, licuando las metas de reducción.

El fallo de octubre del 2019 que declaró inconstitucional la norma N° 5.966 firmado por la Jueza Elena Liberatori se fundamentó en que había sido sancionada sin el procedimiento constitucional de doble lectura y consecuente audiencia pública, además de violar los principios de congruencia y progresividad de la Ley General de Ambiente. Este fallo sumado al rechazo taxativo de las ongs y cooperativas-y digámoslo, la ausencia de los brotes verdes- impidió la aplicación de esta tecnología en la Ciudad. El gobierno porteño apeló esta medida siendo coherente con su modo de gestionar de espaldas a los reclamos sociales.

Una política pública

Así descripta la historia -y a modo de aporte- me permito compartir algunas reflexiones para no cometer los mismos errores:

En primer lugar, una tecnología no es en sí misma una política pública. Esta última requiere un conjunto de instrumentos que deben ser analizados, articulados y consensuados con todos los actores. El Gobierno de la Ciudad con su mirada tecnocrática subestima herramientas como la ley de Educación Ambiental e imposibilita abordar ejes temáticos como la recuperación, la valorización de materiales, el consumo sustentable y tantos otros aspectos necesarios para lograr un cambio cultural en la materia.

Si bien la valorización térmica es una tecnología utilizada en Europa y algunas ciudades de EEUU, es dable destacar que esta técnica se encuentra en franca regresión ya que atenta contra las políticas de economía circular que impulsan las nuevas directrices en materia de gestión de los residuos en la Unión Europea .

La incineración termina absorbiendo mayoritariamente las corrientes de residuos que pueden ser recuperadas, y que en la Ciudad Autónoma y en el AMBA, están relacionadas a la población de recuperadores urbanos. A esto me permito sumarle el desaliento que ocasionará al fomento de políticas de responsabilidad extendida de los productos por parte de los productores y a leyes de envases y embalajes históricamente postergadas.

Otro aspecto a tener en cuenta son los costos que este nuevo sistema demandaría y quien absorbería este incremento. Aunque esta tecnología estuviese pensada para generar energía eléctrica, debe considerarse que la electricidad generada por la termovalorización de RSU es más costosa que la generada por otras fuentes como carbón, hidráulica e incluso nuclear.

Finalmente, desconocemos a ciencia cierta cuál será el tipo de tecnología propuesto, que tipo de emisiones generarìan y a qué riesgos para el ambiente y la salud estaríamos expuestos; eso si, lo que se dejó trascender es que los incineradores serian instalados tanto en la Ciudad Autónoma como en el AMBA, en zonas fuertemente impactadas y degradadas afectando nuevamente a sectores sociales desprotegidos y camuflando cualquier impacto en el ambiente, ya que resultaría difícil de establecer las responsabilidades.

No dejemos pasar la oportunidad de tener una ciudad sustentable y participativa.

* Legislador de la Ciudad de Buenos Aires (FdT) y director del CEM.