En las últimas semanas, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que se trabaja de manera prioritaria para generar alianzas necesarias entre el Estado, las empresas, las familias y la comunidad en general, a fin de lograr una distribución más justa del cuidado. Ponerlo en un lugar central y visibilizar su contribución social y económica, sostiene Gómez Alcorta, significa incorporarlo en la agenda de políticas públicas.
¿Cuáles piensan que son las tareas más urgentes con cada uno de los sectores?
-Primero hay que poner al cuidado en el centro de la escena, dejar de verlo como un costo y visibilizar su contribución social y económica. Hay que nombrar y reconocer lo que se hace en la comunidad, redistribuir más equitativamente las tareas de cuidado dentro y fuera del hogar y pensar también en los distintos tipos de familias que existen en la actualidad. Hay que dar cuenta de las áreas y políticas que existen en el Estado que inciden en el cuidado, aunque a veces no estén bajo ese rótulo específico y dimensionar todo lo que falta en relación con la oferta pública de servicios. También hay que trabajar con el empresariado en ideas innovadoras que amplíen la perspectiva y permitan ver en el cuidado un derecho, una política que aporte a la sostenibilidad económica y social en distintos sentidos. Muy por el contrario a lo que se cree, el tiempo y los recursos destinados a cuidados aportan a la productividad, a la actividad económica, son una inversión a corto y largo plazo, y se constituyen además como una de las principales fuentes de empleo del futuro. Desde hace décadas que los feminismos vienen reclamando incorporar este tema en la agenda de políticas públicas porque mientras el tema continúa invisibilizado son las mujeres las que asumen la responsabilidad de ese cuidado y esto impacta en sus tiempos, sus gastos y en su autonomía económica. El tema del cuidado estuvo presente en las distintas marchas feministas y son varias las legisladoras y legisladores que presentaron proyectos de ley sobre el tema en la última década, cada uno con aportes valiosos. El trabajo que tenemos por delante recoge todo ese recorrido para abrir una agenda participativa y de política pública sobre el tema.
¿Hay algún país de la región al que consideren modelo de implementación de políticas de cuidado? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender del modelo uruguayo?
-Un antecedente muy importante y cercano es el de Uruguay, que armó su propio sistema nacional de cuidados y hace años viene trabajando en consolidar el acceso al cuidado para todas las ciudadanas y ciudadanos, y también para que aquellos que trabajan en la provisión de cuidados lo hagan en condiciones dignas. En la Conferencia Regional de la Mujer en Chile pudimos ver con claridad que casi todos los países de América Latina están avanzando en instalar una agenda de política pública sobre el tema. También hay ejemplos de otros países del mundo. Sin embargo, no queremos importar recetas de afuera, sino que nuestra política de cuidados parta de reconocer las singularidades de nuestro país y tenga un diseño acorde a ello. Para eso vamos a realizar un mapeo en todo el país y diseñar políticas focalizadas basadas en la evidencia.
¿Cuáles son los primeros pasos que se podrían dar para desarmar la naturalización de las mujeres como “cuidadoras”? En este sentido, ¿cómo evalúan las condicionalidades de medidas que han tenido un impacto positivo en términos de autonomía económica de las mujeres que son madres, como por ejemplo la AUH, pero a la vez las ubican como responsables principales del cuidado de sus hijxs?
-Durante mucho tiempo estuvo instalada la idea de que los cuidados eran un tema que dependía de acuerdos privados de las familias, especialmente, de arreglos de las mujeres a quienes se consideraba “naturalmente” responsables de la realización de este tipo de tareas, aun cuando en la práctica no existen actividades que no puedan ser realizadas por varones u otras identidades y no hay ningún condicionamiento biológico que determine que uno u otro género sea mejor para estar a cargo de las mismas. En la actualidad esto sigue pasando, pero la gran diferencia es que la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado que se dio en las últimas décadas no tuvo su correlato en una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado. La propuesta es principalmente poner el cuidado en el centro de la escena pública y trabajar profundamente por promover un verdadero cambio cultural que interpele los estereotipos de género más arraigados. El Ministerio prioriza la cultura como motor de cambio y estamos trabajando fuerte en esto. Estamos convencidas de que si la cultura no acompaña los procesos de política pública no hay transformación posible. Por eso tenemos que hablar de los cuidados que ya se hacen, cómo se hacen, visibilizar su importancia en el desarrollo sostenible. Mostrar qué tipo de injusticia generan, en quienes recaen, interpelar el imaginario colectivo y promover su transformación.
Otras áreas institucionales vienen trabajando sobre políticas del cuidado.
-Desde ya, también tenemos que hablar de todo lo que se hace en relación con el cuidado porque ya hay muchas políticas en las que el Estado, distintos sectores, distintas provincias ya están trabajando. La idea es avanzar en un diálogo amplio con todas y todos los involucrados en el cuidado a nivel federal, a nivel intersectorial, con los trabajadores y las trabajadoras, con empresarios y empresarias y con todos los actores que de alguna otra forma sostienen el cuidado actualmente y podrían redistribuirlo en el futuro para hacerlo más igualitario. Respecto de los programas de transferencias condicionada, se implementaron varias políticas sociales que incidieron implícitamente en la esfera del cuidado y que significaron ingresos para mujeres que no los tenían por estar mayoritariamente a cargo de los cuidados. En líneas generales creemos que hay que explicitar lo máximo posible esa tarea, hacerla visible y pensar qué protección social diseñan los Estados para que cuidar no sea sinónimo de desprotección y precariedad.
¿Hablamos de una visibilización del cuidado que atraviese géneros y sectores sociales?
-Los estereotipos de género y los patrones socialmente instalados no son un problema de una política pública específica, sino que son estructurales. Creemos que muchas veces se pone el foco en los hogares pobres, en los que impacta por ejemplo la AUH y se revisa el sesgo de género allí pero, en realidad, no tenemos evidencia de que si al involucrar más a los varones (por ejemplo poniéndolos como sujetos receptores de la transferencia) la distribución de los cuidados entre los géneros se vea modificada. De hecho, en muchos casos, en los hogares de medios y altos ingresos esta división se nota menos simplemente porque pueden contratar servicios y a otras mujeres para que se dediquen a cuidar, no necesariamente porque los varones estén más involucrados. En los hogares de menores ingresos esa opción no existe y la oferta pública es escasa. Tenemos que tener claro que la invisibilización del cuidado no sólo provoca desigualdades entre varones y mujeres sino también entre las mismas mujeres. La agenda de cuidados y de redistribución tiene que ser para todos los sectores sociales y tiene que promover la incorporación de los varones como trabajadores del sector. También debemos tener en cuenta la diversidad de conformaciones familiares. La familia tipo ya no es representativa de las mayorías. Hay familias monomarentales, ensambladas, diversas, adopciones. Hay cadenas globales y locales de cuidado. Muchísimas abuelas que cuidan y contribuyen a la ingeniería diaria de organizar el cuidado. Por eso, queremos trabajar para que el cuidado sea un derecho en todos los tipos de familia.
