El empresario Marcos Loprestti disputa tierras a una familia de la comunidad Sin Fronteras del pueblo lule vilela. Por lo que en el Juzgado Civil y Comercial de Joaquín Víctor González se realizó una audiencia de mediación el martes, en la que no hubo acuerdo entre las partes. La próxima instancia en el intento de conciliación será en abril e intervendrá el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La comunidad indígena está ubicada en el municipio El Quebrachal, departamento Anta, en el límite fronterizo entre Salta, Chaco y Santiago del Estero. La causa judicial se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Joaquín V. González a cargo de la Jueza Patricia Rahmer.

Loprestti pretende las tierras ocupadas por la familia Palma de la comunidad Sin Fronteras, y pretende que se corran a otro lugar. A su vez la familia Palma propone dejarle solo un camino de paso al empresario. En la mediación de este martes no hubo acuerdo.

El empresario aduce que es “comprador de buena fe de las tierras” al anterior titular registral Rodolfo Aldo Juncosa. Por otro lado la comunidad lule vilela tiene el relevamiento hecho por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuenta con personería jurídica e inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas

El territorio en disputa corresponde al catastro 4385 del departamento Anta, en Finca San Miguel, que actualmente se llama Don Giovanni y se encuentra en la fracción "Puesto Punta Pozo" que no supera dos hectáreas y media de superficie total.

El abogado que representa en esta instancia a la comunidad es Oscar Rodríguez del Movimiento Nacional Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). El letrado dijo a Salta/12 que Loprestti demandó a una familia pero no tuvo en cuenta que son parte de una comunidad originaria. Por eso, el abogado pretende validar los derechos de la propiedad comunitaria indígena.

La disputa de tierras de la familia del empresario Loprestti tiene alrededor de una década. Primero hubo una causa judicial con pedido de desalojo en Metán (cuando no había juzgado civil en Anta), iniciada por Juan Loprestti (sería el padre de Marcos Loprestti) contra Felipe Santiago Palma, que ya era anciano y falleció. Palma ganó ese juicio en el que tuvo como apoderado al abogado Diego Protti.

Después se inició otro juicio reinvindicativo por parte de Loprestti contra Palma quien ya tenía otro representante legal. Ante el fallecimiento del anciano, ahora la causa se sigue contra los hijos.

Según información aportada por el poder judicial a Salta/12 se trata de una causa en la que hay sentencia firme y en la que hubo desistimiento de los demandados.

“Los Palma (padre e hijo) nunca hicieron referencia en la causa a su pertenencia a la comunidad. Dejaron pasar la oportunidad de apelar y la sentencia quedó firme. Al llegar el momento del lanzamiento (desalojo) recién apareció (la pertenencia a una comunidad indígena) como elemento nuevo”, explicaron desde el Juzgado interviniente.

El 27 de septiembre de 2017 se ordenó el desalojo, cuando el Senado de la Nación aprobó la tercera prorroga de la ley 26.160 que establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias.

Esa vez, el juez de paz de El Quebrachal, Oscar García, junto con una topadora y efectivos de la policía enviados con un oficio del Juzgado Civil y Comercial N°1, se presentaron en la vivienda de Teresa Palma y Miguel Palma para notificarlos del desalojo. Con la topadora demolieron la casa precaria de la familia.

En ese desalojo, fue demorado por la policía y privado de su libertad por varias horas, Rafael Galván, referente del MOCASE. “Me puse delante de la topadora y ahí me detuvieron. Según la (auxiliar) fiscal (Yonny) Zigarán, fue por obstrucción a la Justicia”, manifestó Galván al medio Vove cuando fue liberado. Intervino ante la situación el INAI que se presentó en el juzgado a cargo de Rahmer.

El Juzgado informó que la Secretaría de Pueblos Originarios de la Nación señaló su interés en el desarrollo de la causa. El abogado Rodríguez, indicó que el empresario pretende que la familia Palma "saque sus ranchos y se corra para atrás". "Les quitarían la capacidad de producción de cabras, chanchos, gallinas y vacas", advirtió.

Rodríguez dijo que el territorio es de permanente disputa por parte de los empresarios. “Loprestti es ganadero quiere permiso de desmonte. Como todo empresario dice que trae emprendimientos productivos, que van a producir más y a generar fuentes de trabajo”.

Para el abogado lo que traen los empresarios como Loprestti es “deforestación, empleo desmedido del monte y luego glifosato”. En este caso, el letrado dijo que desconoce qué es lo que pretende producir Loprestti pero sabe que ya pidió un permiso de explotación del monte al gobierno provincial.

Rodríguez detalló que la jueza no estaba en la audiencia y que este fue un intento de mediación. “Quedamos en que se hará una nueva audiencia en abril con presencia del INAI porque los abogados de Loprestti desconfían del relevamiento presentado por la comunidad. Si tuvieran razón y el relevamiento presentara alguna falla estaríamos en problemas pero estoy seguro de que el relevamiento está bien hecho”, expresó el abogado del Mocase.

Rodríguez dijo que hay una sentencia a favor de Loprestti porque la comunidad no se presentaba, "vive en el monte", no estaba bien asesorada, hubo varios abogados y no tenía conocimiento de los procedimientos judiciales. “Cuando el expediente avanzaba, la parte de la comunidad dejó de contestar”, y en ese caso el abogado consideró que por eso la jueza accedió al derecho del demandante. “La jueza Rahmer está tratando de que lleguemos a un acuerdo. Sabe que es un problema desalojar, que hay familias con niños”, afirmó el abogado.