El Gobierno definirá este viernes cómo será el aumento de las jubilaciones que regirá por decreto a partir de marzo y hasta junio. La movilidad se encuentra suspendida desde diciembre tras la aprobación de la ley de solidaridad social. Por este motivo, los equipos de Anses, el Ministerio de Trabajo y de Economía ya comenzaron a trabajar en la nueva fórmula que podría regir desde mediados de año, cuando finalice el período de emergencia. El ministro de Economía, Martín Guzmán, criticó la ley aprobada en 2017 durante la gestión macrista: “Lo que hicieron fue cambiar la fórmula que compartía el crecimiento en el único de los cuatro años en los que creció la economía”. Durante su exposición en el Congreso, adelantó cómo podría ser la futura movilidad: “Lo que haremos es presentar un esquema en el cual el crecimiento sí sea compartido con los jubilados”. Mientras tanto, adelantó que las actualizaciones por decreto serán mayores para quienes estén en una situación de “mayor vulnerabilidad”. Expertos consultados por PáginaI12 analizan cómo podría ser la nueva fórmula.

La nueva fórmula

La fórmula de la movilidad en el mundo suele darse por algún índice de precios o salarios. “En Argentina toma mayor relevancia por la elevada inflación y la inestabilidad macroeconómica”, aseguró Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y finanzas públicas. Adelantó que colisionan dos objetivos contrapuestos. Un ajuste por inflación asegura poder adquisitivo para los jubilados, pero se financia con impuestos del trabajo, sobre la base de salarios que no subieron al mismo ritmo que la inflación. En cambio, si el ajuste se realiza por salarios, en caso de que se desacelere la inflación, los salarios reales ganarán y el aumento será mayor a la inflación. “La fórmula tiene que tratar de permitir cierto nivel de ingreso a los jubilados en términos de sus haberes, y a la vez cumplir con las restricciones fiscales actuales”, consideró. En este sentido, opinó que la nueva fórmula debería combinar actualizaciones por salarios e inflación, como la actual, pero con algún tope anual.

En este sentido, Oscar Cetrángolo, economista e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, consideró que la fórmula actual que combina precios con salarios es razonable, y lo que podría variarse es cuánto podría primar más, si precios o salarios, y cómo podría ser la periodicidad. Actualmente, el 70 por ciento de los ajustes se realizan basados en la inflación del Indec y la actualización es cada 3 meses. Cetrángolo considera que lo más cuestionable fue que en el empalme entre ambas fórmulas no se le pagó un período de aumento a los jubilados. “La discusión detrás de la movilidad es que no alcanza la plata”, consideró. Actualmente, el sistema previsional representa el 50 por ciento del gasto total nacional. “Cualquier proceso de ajuste fiscal para bajar el déficit tiene que rediscutir lo previsional”, adelantó. “En el mundo, como los sistemas son contributivos, se actualizan por un porcentaje del salario, pero acá la inflación te obliga a rediscutir todo”, concluyó.

Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en derecho de la seguridad social, consideró que habría que derogar la ley aprobada en diciembre de 2017 y volver a la de 2008. Aseguró que en los últimos dos años los beneficiarios perdieron 14,5 por ciento y agregó: “Era una fórmula pro-cíclica que acompaña el crecimiento de la economía, mientras mejor le iba al país, más cobraban los beneficiarios”. Según un cálculo realizado por Fernández Pastor, si no hubiera habido cambios en la movilidad en 2017, la jubilación mínima de marzo sería de 17.970 pesos y la máxima del régimen general de 131.600 pesos. En la actualidad, la mínima es de 14.068 y la máxima de 103.000 pesos.

Por su parte, Sergio Carpenter, economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, aseguró que en la nueva fórmula la situación de los trabajadores pasivos debe conjugarse con la de los activos. “Un mecanismo idóneo para financiar las consecuencias negativas es un fondo de reserva, como el FGS”, aseguró. Además, consideró que debería estudiarse la asociación de la movilidad con variables esperadas y no en función del pasado. “Eso evitaría la regeneración de inestabilidad y daría más grados de libertad al hacedor de política económica. Podría establecerse un mecanismo de compensación entre las diferencias entre las expectativas y lo observado”, agregó.