La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó que el planteo de las comunidades del pueblo wichi que reclaman títulos comunitarios sobre 400 mil hectáreas en el Chaco salteño ya fue resuelto por este tribunal en su 133 período ordinario celebrado entre el 27 de enero y el 7 de febrero en Costa Rica. En esa instancia la Corte falló en tres casos (dos de Ecuador y uno de Argentina), aunque por ahora se desconoce la decisión, ya que las sentencias “serán notificadas próximamente”.
El “Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat versus Argentina” llegó a la Corte Interamericana por derivación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de un reclamo de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que demanda que el Estado salteño y el Estado nacional, regularicen el uso ancestral de un territorio de 630 mil hectáreas en el departamento Rivadavia, cuya cabecera es la localidad de Santa Victoria Este, la zona de donde son varios de los niños muertos por causas evitables en lo que va de este año.
Al solicitar a la Corte IDH que se pronuncie sobre este caso, la Comisión sostuvo que el Estado argentino “habría incurrido en una violación al derecho a la propiedad" por cuanto "se abstuvo de materializar los derechos legalmente reconocidos a dichas comunidades”.
La Comisión alegó que el Estado argentino frustró “la confianza legítima que las actuaciones de las autoridades provinciales generaron en las comunidades indígenas de acceder a un título común de propiedad territorial. Igualmente, concluyó que se habría producido una violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial debido a la inexistencia de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral, así como a las variaciones sucesivas en el procedimiento administrativo aplicable a la reclamación territorial indígena, en no menos de seis ocasiones". Y también se planteó que hubo un desconocimiento del derecho a acceder a información y de participar en cuestiones que pueden afectar a las comunidades indígenas.
La demanda ingresó al tribunal internacional el 1 de febrero de 2018, en marzo del año pasado se hicieron las audiencias públicas y en junio se presentaron los alegatos e informaciones finales y ya el planteo quedó a consideración del tribunal.
Lhaka Honhat pidió a la Corte Interamericana que obligue al Estado argentino a entregarles el título de propiedad sobre 400 mil de las 630 mil hectáreas en conflicto. Esto es porque, en el largo proceso de reclamo, la propia organización indígena llegó a un acuerdo con organizaciones de campesinos criollos y se estableció que las restantes 230 mil hectáreas quedarán para las familias criollas afincadas en el lugar y para la realización de obras públicas necesarias.
Las comunidades reunidas en Lhaka Honhat reclaman la delimitación, demarcación y titulación de 400 mil hectáreas en el Chaco salteño en un título único. En muchos casos, las familias criollas deben trasladarse, un proceso que hasta ahora no termina de concretarse.
Desde que se inició este reclamo, hace ya más de 30 años, los sucesivos gobiernos de la provincia siempre han encontrado objeciones para la entrega del título único. Al responder a la demanda en la Corte Interamericana el Estado argentino alegó, en la voz cantante de la entonces fiscala de Estado de Salta, Pamela Calletti, que es un caso de “extrema complejidad” y, por lo tanto, su resolución no puede hacerse en pocos años. El Estado enumera entre las dificultades la existencia de “pobladores criollos con arraigo en la zona por generaciones”, que “también pertenecen a grupos de vulnerabilidad”; la aparición de nuevas comunidades, y que no todas las comunidades están de acuerdo con el reclamo de Lhaka Honhat.
La demanda indígena se hace con el apoyo técnico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos abogados, Matías Duarte, Erika Schmidhuber y Diego Morales, afirmaron en la audiencia que el acuerdo alcanzado con los habitantes criollos demuestra que no hay tal complejidad. El coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez, siempre aclara que esta organización se creó solo “para trabajar con el gobierno”, porque “necesitamos una organización que el gobierno entienda”.
En su pedido a los jueces de la Corte Interamericana Pérez recordó que es la “última oficina” a la que pueden recurrir y manifestó su perplejidad: “No entiendo por qué el gobierno tarda mucho para entregar las tierras”, se hacen muchos estudios, muchas reuniones, muchos informes, pero “el gobierno no entiende, por supuesto que no son gente que vive en nuestra zona”. “No quiero decir que estamos en contra, políticamente estamos con ellos, es nuestro gobierno” pero “ellos no están preocupados por nosotros”, ya “no sabemos cómo hacer para que ellos” den una respuesta.
En los alegatos, el CELS pidió que en un plazo no mayor a dos años el gobierno argentino (en realidad la tarea corresponde al gobierno de Salta, pero queda obligado el Estado argentino) realice todas las acciones para que los criollos puedan trasladarse, y solicitó también que se dicten una serie de garantías de no repetición, entre ellas, que el Estado argentino institucionalice el derecho a la propiedad comunitaria colectiva y establezca la consulta previa libre e informada para todos las comunidades indígenas del país.
