Después de más de dos meses de conflicto e incertidumbre y con una conciliación obligatoria en puerta, el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta de capital, Bettina Romero, llegaron a un acuerdo para darle una solución a la Cooperadora Asistencial, por lo menos a nivel gubernamental.
Casi como una separación de bienes post divorcio, ambos mandatarios decidieron que la Provincia absorberá a 194 empleados, y se quedará con el edificio de calle Buenos Aires y unos 30 vehículos.
En tanto 55 empleados quedarán en la Municipalidad asignados a los programas descentralizados que ejecuta la municipalidad. También recibirá cinco vehículos.
La municipalidad continuará a cargo justamente de esos programas descentralizados, asistencia crítica y sepelios. Las demás acciones sociales que llevaba adelante la Cooperadora serán ejecutados por la Provincia.
El acuerdo fue firmado este mediodía en el centro Cívico Municipal por la presidenta de la Cooperadora Asistencial de la Capital Adriana Portal, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Villada y el Coordinador de Planificación y Control de la Municipalidad, Bernardo Racedo Aragón.
El documento de poco más de tres carillas y siete folios con detalle de identificación de cada uno de los empleados, destaca en los considerandos aspectos vinculados al origen y creación de las cooperadoras asistenciales, alude a la reciente decisión municipal de establecer las autoridades de la Cooperadora Asistencial de la Capital y destaca el Consenso Fiscal de octubre de 2017 por el que se derogó el impuesto que financiaba a las cooperadoras.
Describe que por ello se perdió la principal fuente de financiamiento del organismo asistencial, por la cual la “Cooperadora se encuentra imposibilitada de hacer frente al pago de haberes del personal” situación que fue expresada en el expediente administrativo de conciliación laboral.
Citando ese mismo expediente, se señala que “La Municipalidad de la Ciudad de Salta, manifiesta la voluntad del Gobierno de la Ciudad de evaluar la posibilidad de su traspaso a la órbita del Municipio, de 32 personas que realizan los programas descentralizados de la Cooperadora Asistencial lo que debería realizarse en idénticas condiciones de empleo y remuneración a las vigentes para empleados municipales que cumplen funciones similares”.
Luego, la parte resolutiva del acuerdo establece que “la Provincia y la Municipalidad se harán cargo de la gestión de los Programas de Políticas Sociales que lleva adelante la Cooperadora” y están detalladas en el anexo I del acuerdo.
A los fines de dar continuidad a los Programas de Políticas Sociales, la provincia absorberá a los empleados de la Cooperadora detallados en el Anexo II ( 194 personas ) y la Municipalidad a los que se detallan en el Anexo III que en principio eran 32 personas, pero luego se informó que son 55.
El edificio y casi todos los autos
La Cláusula tercera del Convenio establece que “ La Cooperadora Transfiere a favor de la Provincia el bien inmueble ubicado en calle Buenos Aires 693, con matrículas catastrales 2171,88834, 88835, junto con todos los bienes muebles, equipamiento tecnológico e informático, al tiempo que la Provincia se compromete a prestar a la Municipalidad los espacios destinados a la ejecución de los Programas Descentralizados .
Mediante las cláusulas cuarta y quinta la Municipalidad transfiere a favor de la Provincia un parque de casi 30 vehículos y cinco a la municipalidad, entre utilitarios , camiones, colectivos y el acoplado del móvil odontológico.
Hasta el momento no se conoció ninguna postura al respecto de los empleados, que ahora tienen definida su continuidad laboral pero no las condiciones en que se desarrollarán, atento a que la mayoría deja de prestar servicio en la Cooperadora y serán reubicados en la provincia.
En tanto los que se mantienen en el ámbito de la municipalidad pasan a tener iguales condiciones que un empleado municipal, incluído el sueldo. Hace un par de semanas Romero expresó a los medios que una de las cuestiones que dificultaba el traspaso de los trabajadores de la cooperadora era "que ganaban mucho más" que lo que se pagan en el municipio.