Tras anunciar el aumento por decreto de las jubilaciones, el Gobierno concretó el envio del proyecto para modificar las "jubilaciones de privilegio" de los funcionarios del Poder Judicial y cuerpo diplomático, que había sido incluido en la agenda de las sesiones extraordinarias por el presidente Alberto Fernández. El proyecto apunta a "reducir las inequidades existentes en el sistema previsional" con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional para ambos sectores, mientras que recorta la nómina de funcionarios judiciales que podrán acceder al régimen especial e incrementa, de manera escalonada la edad de jubilación, de 60 a 65 años. En el caso de los funcionarios diplomáticos reduce la movilidad jubilatoria y anula el acceso al régimen especial para los nuevos ingresos.
El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados, que podría tratarlo el próximo 25 de febrero para girarlo al Senado antes del cierre del periodio de extraordinarias. El compromiso de modificar los regímenes especiales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa (ley 24.018) y del Servicio Exterior (ley 22.731) fue tomado por el presidente el 20 de diciembre para destrabar la aprobación de la ley de solidaridad social, que congeló la movilidad jubilatoria excluyendo a los regímenes especiales.
El proyecto pone en dimensión las reglas de acceso especiales que "han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto" y la necesidad de "fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único".
En ese sentido, pone de contraste cómo los sistemas que buscan ser modificados aportan negativamente al creciente déficit del sistema previsional, que el Gobierno advierte en valores cercanos al 2 % del PIB en los últimos años.
El proyecto advierte "la escasa proporcionalidad entre el haber percibido y el esfuerzo contributivo asumido" entre los 18.700 aportantes de ambos sistemas y los 7.700 beneficiarios y estima que generan para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales, con un proyección que se incrementa hasta 2040.
Esa déficit generado por ambos regímenes, a pesar de ser percibidos por un universo pequeño, son posibles a partir de la diferencia exhorbitante de los montos. Los considerando del proyecto señalan que la jubilación más alta del régimen judicial (770 mil pesos) representa 55 veces el haber mínimo del sistema jubilatorio general, mientras que la jubilación máxima del régimen diplomático (616 mil pesos) equivale a 44 veces la mínima.
En el caso del régimen jubilatorio del Poder Judicial también se apunta que el aporte personal adicional al régimen general a diciembre de 2019 fue equivalente al 5,8% de la masa de remuneraciones de los funcionarios y magistrados en actividad, mientras que "el monto de las prestaciones abonadas a sus beneficiarios en exceso del haber máximo del SIPA equivalió al 24,7% de dicha masa".
Con ese análisis, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar en un 7 por ciento los aportes de los funcionarios de ambos regímenes y ordena al Ministerio de Trabajo la elaboración de un informe anual sobre la sustentabilidad de ambos sistemas. Mientras que plantea una eliminación de la cantidad de beneficiarios en distitnos plazos.
En el caso de la norma 24.018 modifica la nómina de funcionarios que pueden acceder a las jubilaciones especiales, "excluyendo cargos que constituyen funciones de apoyo o de menor responsabilidad". Además, incrementa la edad de jubilación de 60 a 65 años, en en un esquema escalonado.
Para los funcionarios diplomáticos, la iniciativa del Ejecutivo propone la incorporación obligatoria al sistema de jubilaciones general para "aquellos que sean designados en alguno de los cargos a partir de la entrada en vigor de la norma proyectada". "Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos", indica el proyecto.
Para los funcionarios judiciales el proyecto contempla también otras modificaciones:
- 30 años de servicio con aportes computables en uno o más cargos computables, con nuevos requisitos adicionales de cumplimiento simultáneo: desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial o Ministerio Público, 10 años continuos o 15 discontinuos.
-El 82% móvil será calculado sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones, percibidas durante el período inmediato anterior al cese definitivo y del último cargo como se preveía actualmente.
En el caso de los funcionarios diplomáticos se suman las siguientes modificaciones:
- Reducir la tasa de sustitución del 85% al 82%, también sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Y, en ningún caso el haber podrá ser superior a la remuneración del cargo al cese definitivo en el servicio.
- La prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de años en el Servicio Exterior de la Nación.
