Desde Lima. El mega escándalo de corrupción ligado a Odebrecht y otras constructoras brasileñas, que ha golpeado duramente a la oposición, ahora pone en problemas al gobierno de Martín Vizcarra. Comprometedores nexos pasados de un ministro con Odebrecht, una demanda de la empresa brasileña contra el Perú ante el CIADI del Banco Mundial y reuniones, en ese contexto, de funcionarios del Ejecutivo con directivos de la constructora, que ha confesado haber pagado sobornos en el país, gatillaron una crisis en el gobierno. Cayeron cuatro ministros, dos de ellos -Justicia y Derechos Humanos y Energía y Minas- en relación directa con el caso Odebrecht, aunque el gobierno pretenda negarlo. Y fue despedido un procurador clave en los tratos con Odebrecht para lograr un acuerdo de colaboración judicial que ha permitido que la empresa entregue información vital sobre pagos ilegales a importantes políticos. El último en caer por esta trama de corrupción ha sido el tres veces exalcalde de Lima y dos veces candidato presidencial Luis Castañeda.

La crisis en el gobierno estalló cuando se supo que el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, había sido hace unos años consultor de Odebrecht, empresa que está en el epicentro del mayor escándalo de corrupción que enfrenta el país en las últimas dos décadas, información que ha reconocido había ocultado al presidente Vizcarra cuando lo nombró en el cargo en octubre pasado. Después de ensayar una corta e infructuosa defensa, Liu tuvo que renunciar. Pero al hacerlo, lejos de descomprimir la crisis, complicó más al gobierno. Reveló que el nueve de enero pasado se había reunido con funcionarios de Odebrecht y el procurador en los casos de corrupción que involucran a la empresa, Jorge Ramírez, por pedido de este último, y dejó flotando la sospecha de una negociación oculta con una empresa corrupta.

Ramírez confirmó la reunión, pero defendió su pertinencia señalando que no hubo nada oculto y que sus objetivos eran evitar que Odebrecht demande al Perú ante el CIADI -reclama mil doscientos millones de dólares que asegura haber invertido en el avance de la construcción de un gasoducto paralizado en 2017 luego que estallara el escándalo de corrupción que la involucra- como días antes le había informado al gobierno que haría, y asegurar el cobro de la reparación civil que la empresa debe pagar -cerca de 200 millones de dólares según un acuerdo de colaboración judicial firmado con la constructora, cifra que podría incrementarse- con parte importante del monto que ésta pudiera haber obtenido si se lograba destrabar la obra con una nueva licitación y que el nuevo encargado de la misma le pague a Odebrecht por los tubos que ya colocó. La negociación no tuvo éxito y Odebrecht presentó la demanda ante el CIADI.

La reunión promovida por el ahora destituido procurador podía ser controversial por la contraparte en cuestión, pero no era ilegal y sus objetivos sonaban razonables. Pero el gobierno, lejos de explicar la situación, reaccionó intentando apresuradamente desmarcarse de esta reunión, que ahora se sabe era conocida desde un inicio por sus principales funcionarios, cuestionando cualquier negociación con Odebrecht -lo que le dio munición a quienes quieren acabar con el acuerdo de colaboración judicial con esta empresa que está permitiendo descubrir una gigantesca corrupción política- y cargando toda la responsabilidad de esa cita en el procurador Ramírez y destituyéndolo. El gobierno se enredó en una sucesión de errores que pusieron en evidencia sus debilidades y poca habilidad política, y la falta de una estrategia clara en este crucial tema. Una situación aprovechada por los interesados en un tumbarse los procesos anticorrupción.

Con el procurador Ramírez cayó su jefa, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla. También fueron cambiados el ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, envuelto en una investigación de corrupción ajena al caso Odebrecht, y la titular de Educación, Flor Pablo, cambio que sorprendió y no ha sido explicado.

En medio de esta crisis gubernamental, los procesos anticorrupción se ven amenazados, pero siguen avanzando. El viernes cayó otro poderoso político. Luis Castañeda, alcalde de Lima por tres períodos de cuatros años – entre 2003 y 2010 y entre 2015 y 2018- y candidato presidencial sin éxito en 2000 y 2011, quedó detenido para cumplir dos años de prisión preventiva. Una jueza ordenó esta medida por considerar que el exalcalde venía obstruyendo el proceso por corrupción que se le sigue y que existe “sospecha grave” de su culpabilidad. Está acusado de haber recibido aportes ocultos por 480 mil dólares de la empresa brasileña OAS y entre 100 mil y 120 mil dólares de Odebrecht para su campaña a la alcaldía en 2014 y luego haber favorecido a ambas constructoras en obras otorgadas por la Municipalidad de Lima.

El escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht y otras constructoras brasileñas por pagos de sobornos y financiamiento oculto de campañas electorales involucra a los últimos cuatro expresidentes: Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en Estados Unidos a la espera que se resuelva un pedido de extradición; Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo nueve meses en prisión preventiva y ahora, ya libre, espera el inicio de su juicio con un pedido de 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien debió renunciar a la presidencia y está bajo arresto domiciliario. También a otros importantes políticos, entre ellos la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ambas en prisión preventiva.