Desde Santa Fe

El jefe del bloque del Frente Social y Popular Carlos del Frade volvió a pedirle a la Cámara de Diputados que integre una comisión investigadora por la Verdad, la Memoria y la Justicia que identifique a los cómplices civiles del terrorismo de estado en la provincia y a las empresas que se beneficiaron o le dieron apoyo económico, técnico, político o logístico, entre otras cosas. La iniciativa parlamentaria es la tercera en seis años y coincide con las denuncias impunes que pesan sobre el grupo Vicentin, donde uno de los obreros de su fábrica en Avellaneda, Efren Venturini, denuncia desde 1984 que la aceitera hizo una lista con 22 delegados y activistas sindicales para que los grupos de tareas los secuestraran, en 1976. En mayo de 2014, el diputado José María Tessa propuso una comisión bicameral para investigar las complicidades empresarias con la dictadura, el proyecto de ley tuvo media sanción en Diputados en noviembre, pero caducó en el Senado al año siguiente. En 2016, Del Frade, insistió con la misma propuesta, pero con una diferencia: que a la investigadora sólo la integren diputados y aún así, su proyecto quedó cajoneado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde caducó en 2018. Esta semana, el legislador volvió a presentarlo por tercera vez, si se consideran los dos que no prosperaron: el de Tessa y el que él impulsó hace cuatro años. En Santa Fe, “las complicidades civiles con el terrorismo de estado se evidenciaron de manera descarnada”, incluso antes del golpe de 1976, recordó.

Para destapar esa trama oculta, Del Frade insistió con crear “una Comisión Investigadora para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia con el objetivo de identificar las complicidades civiles” con el terrorismo de estado en la provincia. El plazo a investigar no se limita a los años de la dictadura, sino que comienza antes: el 6 de noviembre de 1974 (cuando se instaura el estado de sitio, con lo cual incluye el copamiento de Villa Constitución en marzo de 1975) y se extiende hasta el 10 de diciembre de 1983.

“La comisión investigadora estará integrada por un representante de cada bloque político de la Cámara y funcionará en la sede de la comisión de Derechos y Garantías”, dice el artículo 2. Con la actual geografía de Diputados, estaría compuesta al menos por diez legisladores. Su objetivo será elaborar “un informe con una descripción detallada” de personas y empresas que colaboraron con la represión y “las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por el gobierno constitucional (1974/76) y la dictadura (1976/83)”. Y luego, “formular propuestas concretas y útiles para reconstruir la memoria histórica, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia, así como impulsar reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.

Si en la pesquisa, la comisión “advirtiera eventuales delitos”, deberá “formular las correspondientes denuncias ante la justicia” y una vez concluida su tarea publicará un informe final y remitirá todos los documentos al Archivo Provincial de la Memoria. El plazo de la investigación será de 180 días, más una prórroga por un lapso similar. Y podrá convocar a “organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia a participar y a presentar toda la información y antecedentes que obren en su poder, acerca de los hechos que se investigan”.

Uno de los fundamentos que mencionó Del Frade alude al Villazo. Es una definición del “socio y segundo del ex ministro José Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein en la embajada de Estados Unidos: ‘Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra’. “Este testimonio –y otros- demuestran la necesidad de investigar en profundidad la participación activa de los civiles, sobre todo los agentes económicos, en el aparato represivo de la dictadura”, agregó el legislador.

En esa línea, Del Frade recordó otros dos antecedentes: “La ley nacional 27.217 que creó la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia, sancionada por el Congreso y promulgada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015. El objetivo era “identificar las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar”, dijo. Y la ley que propuso el ex diputado Tessa para que se constituya una comisión bicameral investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, "a los fines de esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron delitos de lesa humanidad en Santa Fe”. Tessa presentó su proyecto en mayo de 2014, tuvo media sanción en Diputados en noviembre, pero caducó en el Senado. Y lo mismo le pasó al de Del Frade, lo presentó en 2016 y caducó en 2018.