Un fallo de la dictadura-cívico militar debe ser revisado. Los fiscales federales Matías Di Lello y Adolfo Villate solicitaron la nulidad de un sentencia dictada en 1978 por la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977.
Por aquellos años, la Justicia condenó a Luis Antonio Martínez por homicidio culposo. A más de cuarenta años de los hechos, los fiscales encontraron una serie de irregularidades en el expediente y elaboraron una nueva hipótesis: se habría tratado de una operación realizada por los órganos represivos de la dictadura cívico-militar.
Di Lello y Villate sostienen que “estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos, amenazas y extorsiones coactivas”. Lo curioso es que esta información no fue tenida en cuenta por el juez de instrucción Oberdan Andrin, de San Nicolás.
Sobre los hechos que terminaron con la muerte del obispo Ponce, los fiscales señalaron que “tuvieron lugar durante la dictadura que gobernó nuestro país a partir del 24 de marzo del año 1976”, y que en dos juicios quedó demostrada “la plena operatividad de una estructura represiva instrumentada en la jurisdicción en cuestión -Área Militar 132- para la lucha contra la subversión durante el terrorismo de Estado”.
Para los fiscales estas circunstancias “pudieron haber constituido la motivación de un homicidio doloso y no de un ‘accidente’, como se pretendió fijar en la sentencia judicial del año 1978”.
