Denise Moruzzi, de 41 años, y Luciana Esteche, de 20, son madre e hija. Desde abril del año pasado se encuentran involucradas en una causa por "tráfico de estupefacientes" luego de que en su domicilio de Vicente López se les encontrara tres plantas de marihuana que utilizaban con fines medicinales. "Vivimos hace 19 años en esa casa, jamás tuvimos una denuncia y no existe ninguna investigación previa a la causa", denuncia Moruzzi en diálogo con Página|12 y asegura que el allanamiento tuvo un trasfondo electoralista: "el subcomisario de la DDI nos dijo 'Jorgito (Macri) necesita votos' y en seguida la noticia estaba en todos los medios locales como propaganda de la 'lucha antidrogas'". Desde abril hasta hoy las mujeres pasaron por dos comisarías, estuvieron más de cinco meses presas en el Penal Nº57 de San Martín, en condiciones insalubres, y recién en diciembre consiguieron la prisión domiciliaria: "La pasamos muy mal, hasta me hicieron dormir atada a una silla", grafica Esteche. En diciembre, las mujeres aceptaron un juicio abreviado y de inmediato llevaron el fallo al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires; hasta el momento, no pudieron tener ningún tipo de contacto con su Defensora de Ejecución Penal.
"Fue un lunes a la mañana, a eso de las 9 escuché golpes y me levanté, cuando abrí la puerta los agentes dijeron que venían a allanar por un caso de 'duplicación de tarjetas de débito'", así narra la joven de 20 años el comienzo del día en que empezó su calvario; su madre agrega que "esa causa era falsa, después nos dijeron que supuestamente alguien dio una dirección incorrecta, pero en el medio encontraron las tres plantas y ahí empezó todo". La mujer cuenta que comenzó a utilizar el consumo de cannabis con fines medicinales en el año 2005: "sufro depresión desde los 18 años y pasé por múltiples tratamientos; recién en 2005 me acerqué al cannabis, conocí médicos, me informé, me asesoré e investigué, nada me ayudó más que esto". Su hija sufre de trastornos similares, tiene ataques de pánico y a los 15 años intentó suicidarse: "desde los 18 ella también empezó a usarlo", comenta Moruzzi y concluye que "el cannabis nos servía para poder vivir una vida normal".
Según las mujeres, los agentes fueron amables durante el allanamiento: "nos decían que lo lamentaban, que sabían que no éramos narcos; acá nos conocen hace 19 años". Fue en ese contexto que el subcomisario de la DDI de Vicente López les dijo que "tocó un mal momento, jorgito necesita votos", en referencia a Jorge Macri, primo del ex presidente, y entonces candidato a la reelección para la intendencia del Municipio. Según Moruzzi, "la noticia fue publicada por la página oficial de la intendencia y se colgaron varios medios zonales; decían haber encontrado cocaína cuando jamás tuvimos contacto con esa droga, lo publicaron como un éxito de la 'lucha antidrogas'. Somos víctimas de un gobierno que eligió estas formas para ganar votos y arruinó una familia".
Días después del allanamiento ambas fueron detenidas; se las trasladó a la Comisaría Nº4 de San Isidro y luego Moruzzi fue llevada a Olivos; su hija cuenta que, en San Isidro, la hacían "dormir atada a una silla por falta de camas". A fines de junio, una vez dictadas las prisiones preventivas, fueron derivadas al penal 47 de San Martín: "lo llaman la tumba y es así, está superpoblado, con celdas muy chicas donde meten hasta cinco personas; ahí las dos sufrimos una recaída", relata la madre. Recién en diciembre de 2019, tras ser sometidas a múltiples revisiones médicas, las mujeres lograron la prisión domiciliaria. Para eso, madre e hija realizaron una huelga de hambre durante cinco días: "recién ahí todo se agilizó, vinieron abogados, periodistas, mucha gente a ayudar". La domiciliaria fue otorgada en el departamento de la madre de Moruzzi, que tiene 79 años y sufre de dolores en sus rodillas, por lo que permanece en internación domiciliara. Las tres mujeres viven ahora en un monoambiente en la localidad de Claypole: "Todo se pone cada vez peor, somos tres mujeres en un lugar pequeñísimo y vivimos de la jubilación de mi mamá porque no podemos trabajar", asegura Moruzzi.
Según figura en la causa, fueron dos kilos y doscientos gramos de marihuana los encontrados en el domicilio. Sin embargo, el peso contabilizado es el de las plantas en su totalidad: "de eso, el 70% es agua; después del proceso quedan, como mucho, 300 gramos", detalla Moruzzi y agrega que "esa cantidad la usamos durante varios meses". Cabe recordar que con el fallo Arriola de 2009 la Corte Suprema Nacional declaró que es inconstitucional "penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionen peligro o daño para terceros". Pero la causa abierta contra las mujeres fue caratulada como "tráfico de estupefacientes", algo que según el artículo 5 de la ley 23.737 de 1989, acarrea una pena de 4 a 15 años de prisión. En diciembre del año pasado decidieron aceptar un juicio abreviado bajo la pena mínima: "en provincia se puede abreviar el juicio sin aceptar culpabilidad, eso nos permitió llevar el fallo al Tribunal de Casación provincial", cuenta Moruzzi y asegura que seguirán "hasta lograr que se anule la sentencia. Nunca existió investigación previa al caso ni consta en ningún lado que hayamos vendido nada a nadie. Somos personas decentes y de trabajo, hace 19 años vivimos en esa casa y nunca tuvimos un problema".
Pero la llegada a Casación derivó en el reemplazo de su abogado oficial por la defensora de Ejecución Penal de San Isidro, Patricia Colombo, quien se hizo cargo en diciembre y aún no se presentó ante ellas: "Solo tenemos un teléfono y no nos atiende, no tenemos idea de cómo está llevando el recurso de casación; necesitamos planear nuestra estrategia, queremos que corroboren las patologías para comprobar que el cannabis es medicinal, pero no podemos hacer nada sin contacto con ella". Ante las dificultades económicas, las mujeres se ven imposibilitadas de contratar abogados especialistas en este tipo de causas y afirman que hasta el momento ningún abogado las contactó para ayudarlas. "Necesitamos ayuda de todo tipo: abogados, periodistas, activistas y cannabicultores; se tiene que anular el fallo", concluye Moruzzi.
Informe: Santiago Brunetto.
