La última resolución firmada por Claudio Bonadio antes de morir da respuesta a una curiosa alianza de acusadores. El imputado fue el ex jefe del Ejército, César Milani, pero quienes decían que tenía un inmenso aparato ilegal de espionaje fueron un poderoso poker: Patricia Bullrich, Horacio Antonio Stiuso, Gerardo Morales y el periodista Daniel Santoro. El fallo de Bonadio, archivando la causa, es lapidario: no hay nada de nada. Hasta el propio Ejército, ya en tiempos del macrismo, señaló que no encontraron rastros de material de espionaje ilegal y que en época de Milani los aumentos de presupuestos fueron similares a los que obtuvieron la Armada y la Fuerza Aérea, de manera que no hubo fondos desusados para inteligencia. El periodista Santoro sostuvo que una fuente le reveló que había un suboficial dedicado a seguirlo y espiarlo, pero cuando le preguntaron quién era, contestó --según dice la resolución de Bonadio-- que su fuente no recordaba el nombre. Hubo otra causa anterior, denunciada por Laura Alonso, quien dijo que recibió un llamado anónimo en el que un desconocido afirmaba que Milani espiaba a políticos, funcionarios y periodistas desde un cuartel en Villa Martelli y un edificio de San Juan y Entre Ríos. Hubo allanamientos ordenados por dos jueces distintos en los que tampoco se encontró nada y Alonso se negó a contestar una pregunta elemental: en qué teléfono recibió la llamada anónima.

La versiones alrededor del aparato de inteligencia de Milani llegaron a extremos asombrosos: por ejemplo, le adjudicaron participación en el supuesto asesinato del fiscal Alberto Nisman. Elisa Carrió instaló la versión de que hombres del ex jefe del Ejército manejaron el edificio Le Parc aquel 18 de enero de 2015. Como es obvio, la investigación de la fiscal Viviana Fein no encontró la menor evidencia.

Ahora, después de cuatro años de gobierno macrista, de presentaciones hechas por la AFI de Gustavo Arribas, el Ejército bajo el control del ministro Oscar Aguad, y con un juez nada proclive como Bonadio, se dispuso el archivo del expediente porque no hay pruebas contra Milani.

Por ejemplo, el ahora gobernador Gerardo Morales denunció que Milani le espiaba los mails y sus archivos informáticos, pero analizada su computadora por expertos de la Policía Metropolitana, Bonadio concluyó que no existió tal espionaje.

El periodista Santoro afirmó que Milani dispuso de un suboficial "para seguirlo e investigarlo". Bonadio citó al periodista y le pidió el nombre del suboficial, pero Santoro declaró que quien le dió el dato, su fuente, no recordaba cómo se llama el suboficial. "En ese orden --escribió Bonadio-- no se pudo verificar que Santoro haya sido víctima de espionaje ilegal".

Para investigar algunas de las acusaciones, entre ellas las de Morales, Stiuso, Bullrich y Santoro, el juez ordenó el allanamiento del séptimo piso del edificio Libertador, sede del Ejército. Bonadio constató --según dice el fallo-- que "no se detectaron archivos de inteligencia en los servidores ni documentación física relacionada con la investigación".

Stiuso sostuvo que existían evidencias de que desde la sede del Ejército se utilizaban o valijas o camionetas con capacidad de interferir llamadas. El informe oficial de la AFI, bajo la administración macrista, dictaminó que no hubo posibilidad de comprar elementos de esa naturaleza sin documentación oficial, mientras que el Ejército y el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Aguad, le informaron al juez que nunca se compraron ni valijas ni camionetas ni aparatos de esas características. Tampoco Bonadío encontró pruebas de otro de los grandes mitos: que hubo un crecimiento exponencial del presupuesto del Ejército destinado a inteligencia. El juez dice que las proporciones de aumento fueron idénticas en el Ejército, la Armada y la Aviación.

Al final del análisis de 14 páginas, en la última resolución firmada por Bonadío, se ordenó el archivo del expediente porque no se comprobó ninguno de los aspectos de la denuncia. Los abogados de Milani no quedaron conformes: quieren que se dicte el sobreseimiento. Eso le quedará, seguramente a Marcelo Martínez del Giorgi, reemplazante de Bonadio.

En la causa anterior sobre el mismo tema, el juez Emiliano Canicoba allanó una unidad del Ejército en Villa Martelli donde había antenas que un anónimo recibido por Laura Alonso indicaba que se usaban para espiar ilegalmente a políticos, funcionarios y periodistas. Las antenas resultaron ser de la SIDE y no servían para espiar nada sino que comunicaban las distintas sedes de la central de espías. En paralelo, el anónimo decía también que en un edificio de San Juan y Belgrano, en el barrio de Monserrat, estaba la sede del espionaje ilegal de Milani. Puesta a investigar la Policía Metropolitana, bajo el mandato del macrismo, no pudo encontrar el edificio ni evidencia de ningún tipo. En el expediente intervinieron, primero Sebastián Casanello y después Luis Rodríguez.

Todo indica que con el fallo de Bonadio se termina la historia del fantasmal aparato de espionaje ilegal de Milani. Sería la despedida, al menos judicial, de un mito que motivó tapas y tapas de los grandes diarios, pero del que no se pudo encontrar ni una mínima evidencia incluso tras los cuatro años de macrismo y la intervención de cuatro jueces distintos.