En medio del cuestionado "paro armado" convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desconocidos mataron a tiros a un comunero indígena en el departamento colombiano del Cauca. Días atrás, comunidades de la región habían recibido amenazas del ELN. El viernes, en el inicio del paro de tres días, cinco policías resultaron heridos luego de la explosión de un camión cisterna en el noroeste colombiano. Y este domingo, un suboficial del Ejército fue asesinado por un francotirador que pertenecería al grupo insurgente.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) manifestó que el comunero Emilio Dauqui fue atacado la noche del sábado en el barrio Las Delicias, municipio de Buenos Aires. Ante la situación, miembros de la guardia indígena "actuaron en protección y fueron recibidos a disparos". Los cuatro hombres armados que asesinaron a Dauqui huyeron en dos motos sin lograr ser identificados, y continúan prófugos.
Los diez pueblos que forman parte del CRIC denunciaron el miércoles pasado la publicación de panfletos y amenazas contra sus autoridades. El consejo pidió a los grupos armados que dejen de aislar a las comunidades, no recluten más menores, no instalen minas antipersonales, no amedrenten a la población y no se impongan "desde las armas" sobre las autoridades de las comunidades para alzarse con el control territorial.
"Debió haberle quedado claro a los grupos armados que el escenario de guerra constituido desde actores que pretenden representar al pueblo y sus intereses (ya sea desde el Estado, ya sea desde la insurgencia) no tiene ninguna justificación y, por el contrario, generan un rechazo total", agregaron desde el colectivo indígena.
En el mismo sentido, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció que el sábado sus líderes recibieron un panfleto en el que se los declara como "objetivo militar" y lleva la firma de presuntos disidentes de las FARC. La comunidad Embera Chami aseguró que además de pintadas con amenazas del ELN, sus miembros recibieron un folleto en el que la guerrilla amenaza con un "plan pistola" a los pobladores de la zona. Por esa razón llamaron al gobierno nacional para que "brinde las garantías y la seguridad necesaria".
Los rebeldes sostuvieron diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, con la llegada de Iván Duque al poder en agosto de 2018, las negociaciones se congelaron y terminaron formalmente en enero de 2019, luego de un ataque con un coche bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos.
El pasado 31 de diciembre, la ONU divulgó un informe en el que consideraba que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".
Con el paro armado, el ELN busca exhibir su fuerza, especialmente en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), donde se disputa a muerte el territorio con una fracción del Ejército Popular de Liberación (EPL).
El viernes, en el primero de tres días de paro, cinco policías resultaron heridos en un ataque que el ejército atribuyó al ELN, en el noreste de Colombia. Los rebeldes habrían incendiado un camión cisterna en una ruta del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar. Cuando los uniformados se acercaron al lugar, se produjo la explosión y los cinco agentes resultaron heridos por las esquirlas.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, declaró a la prensa que la detonación interrumpió el paso por la ruta que comunica la ciudad de Cúcuta con el estado venezolano de Zulia, generando un caos vehicular en la zona.
El domingo en el municipio de Convención, en Norte de Santander, el suboficial del Ejército, Norbey Felipe Palacios, fue asesinado por un francotirador que pertenecería al ELN mientras cumplía funciones como centinela.
Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el diez por ciento de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes.
Aunque aliviada por el acuerdo de paz firmado en 2016 con la disuelta guerrilla de las FARC, en Colombia aún persiste un crudo enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, que en seis décadas ha dejado más de ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
