El gobierno de Alberto Fernández dispuso revisar la cesión que en los últimos días de su mandato Mauricio Macri hizo a la Ciudad de más de cien inmuebles por un valor de al menos 16 mil millones de pesos y llegado el caso las anulará. La cesión ya había sido cuestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dado que inflingía una ley que impide tomar este tipo de medidas en los últimos días del Gobierno. Desde el Gobierno porteño, advirtieron a PáginaI12 que esperarán a analizar el decreto publicado este lunes en el  Boletín Oficial para luego evaluar judicializar la situación y destacaron que apostarán primero al diálogo. Por las dudas, aclararon que las transferencias se basan en convenios que fueron firmados antes de los últimos días y que fue una forma de pagar deudas por obras hechas por el Gobierno de la Ciudad. 

La decisión de revisar la transferencia de terrenos a la Ciudad que resolvió Macri antes de irse forma parte de una discusión mayor: la de la coparticipación porteña , en la que el presidente tiene resuelto recortar el aumento que Macri hizo a la Ciudad. El anterior mandatario la subió de 1,4 a 3,5 por ciento. Fernández la bajaría a 2,1 o 2,3. Las negociaciones con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hasta ahora no llegaron a un acuerdo. El Gobierno porteño argumenta que ese dinero cubrió el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, pero los negociadores de Nación los números no le cierran: indican que el monto transferido es casi el doble de lo que costaban los policías traspasados.

En el medio de ese debate, la AABE publicó un informe en el que advertía sobre 31 escrituras firmadas por Macri en sus últimos días de gobierno -algunas, incluso, el 9 de diciembre- en las que entregaba a la Ciudad unos 100 inmuebles y parcelar ferroviarias en Palermo y Caballito por un valor no menor a 16 mil millones de pesos. El Gobierno nacional advirtió, desde ese momento, que estaba en investigación una posible infracción de la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, por la que no se pueden tomar decisiones de ese tipo en los últimos dos trimestres antes de finalizar el Gobierno. La mayoría de las escrituras fueron firmadas entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre. El DNU para ceder esas tierras fue firmado por Macri al día siguiente de perder las elecciones. 

Hay 10 escrituras realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo (inmuebles cuyas valuaciones alcanzan 5.457.610.000 pesos). Otras son dentro de los Convenios sobre Viaductos se transfieren 7 inmuebles por 8.504.140.000 pesos y en el Convenio Marco de Playas Ferroviarias, las operaciones son por 12.987.338 dólares y 16.961.616 dólares, respectivamente. Además, hay otras 18 escrituras que transfieren un instituto de menores, comisarías, cuarteles y playas judiciales, entre otros inmuebles, que todavía se están tasando.

Esta discusión llega a su fin: este lunes salió publicado el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que manda a revisar esas concesiones. El decreto señala que se buscará "deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales", ante la detección de "vicios que puedan implicar su nulidad", así como "eventuales hechos o actos ilícitos". En rigor, existe una causa penal por este motivo contra Macri y el ex titular del AABE, Ramón Lanús. La iniciaron seis organizaciones sociales, que señalan que las transferencias se hicieron sin que pasaran primero por el Congreso nacional.  

El decreto, que fue firmado el jueves pasado por el presidente y todo su gabinete, también advierte que es "gravoso y reprochable" que el decreto Macri lo firmó el día después de perder las elecciones y solamente en favor de la Ciudad de Buenos Aires lo que "hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma estaba dada por concretar operaciones a favor de la Ciudad de Buenos Aires y no en mejorar las atribuciones de la AABE".

El Gobierno nacional buscará revisar e impugnar cada una de las transferencias. Además, involucrará a los gobernadores en al discusión a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Ese organismo tendrá a su cargo ver si efectivamente fue violado el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que fue impulsado por el gobierno de Macri. En el decreto, además, se señala que con esa decisión se "desnaturaliza la función de la AABE, se vulnera elementales normas en materia de competencias y que resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público".

Desde el Gobierno porteño, consultados por este diario, se mostraron prudentes y decidieron esperar a leer el decreto completo antes de hablar sobre una posible judicialización. "Veremos cuáles son los pasos a seguir. Confiamos en que el diálogo va ser el camino para ponernos de acuerdo en este y en todos los temas que puedan surgir", indicaron. Aclararon que, hasta ahora, ninguno de los terrenos fue utilizado ni vendido a privados por el Gobierno porteño. "Los que corresponden a los viaductos San Martin y Mitre y los de CAF podemos venderlos desde Gobierno de la Ciudad. Para los de Playas Ferroviarias necesitamos la autorización de Nación", advirtieron.

"Tenemos la tranquilidad de que los inmuebles transferidos tienen causa en convenios y/o situaciones originadas con bastante anterioridad al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal. De hecho, la disposición de la totalidad de los inmuebles involucrados fue autorizada por decreto en 2013 (Playas), 2018 (viaductos) y enero 2019 (CAF). Lo que sucedió dentro de este tiempo (el final del mandato) fue la instrumentación y efectivización de las transferencias", argumentaron desde el Gobierno porteño. Será el principal caballito de batalla para discutirle al Gobierno nacional la legitimidad de las medidas tomadas por Macri.