La doble indemnización por despido, que se implementó en diciembre en el marco de la emergencia económica, no se aplicará al caso de puestos jerárquicos que designó la gestión anterior en empresas con participación estatal. Son puestos políticos nombrados por el macrismo, pero varios de los designados en lugar de marcharse con el cambio de gobierno se mantienen atrincherados en sus oficinas. Reciben salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, según fuentes oficiales consultadas por este diario. Las empresas u organismos que administraron terminaron vaciados o con serios problemas financieros, como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes Argentinos, Vialidad, el PAMI, Arsat y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sin embargo, para dejar sus cargos exigen al Ejecutivo la doble indemnización, cuyo espíritu era proteger el precario empleo del sector privado. “Esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos”, aclara el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este lunes para excluirlos del beneficio. Con la medida, los involucrados ya no podrán aspirar a la indemnización duplicada, mientras se analiza como llevar adelante las desafectaciones.

El gobierno anterior, promotor mediático de la meritocracia, designó en el último año a una enorme cantidad de directivos. En noviembre, un mes antes de dejar el poder, decretó aumentos de hasta 100 mil pesos y la imposibilidad de despedir personal jerárquico por cinco años. En caso de que se despidiera a alguno, había que pagarle los cinco años de servicio, sin importar desde cuándo estuviera ocupando el puesto. Ese decreto quedó sin efecto con el arribo del nuevo gobierno, pero los directivos que cumplen funciones en empresas con participación estatal buscaron aprovecharse del decreto de la doble indemnización para enquistarse en sus cargos.

Hecha la ley

En diciembre, en el marco de la situación de “emergencia pública en materia ocupacional”, el Gobierno restituyó por 180 días la obligación de pagar una indemnización doble en caso de despidos sin causa. Caído el decreto macrista de los cinco años de “estabilidad” asegurada, los directivos (presidente, vicepresidentes, directores generales y de área) comenzaron a exigir que sean encuadrados en esta decisión, ya que por sus responsabilidades en empresas estatales o semiestatales (con participación del Estado) estarían alcanzados por los convenios laborales que rigen para la misma actividad pero en el ámbito privado. “Están abulonados y lo único que hacen es erosionar económica y políticamente la actual gestión. Hay 300 directores esperando asumir pero sus puestos están ocupados y los macristas se niegan a irse”, dijo a Página/12 Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de la seccional porteña de ATE.

En el caso de los puestos “políticos” es habitual que ante un cambio de gestión, los directivos pongan su renuncia a disposición. Salvo casos muy puntuales, todos los designados por el macrismo intentaron abroquelarse a sus puestos o pedir sumas siderales para dejar el cargo. Tal es el caso del gerente de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, Juan Ignacio Uribe, que reclamaba a la empresa una cifra exorbitante de más de 400 millones de pesos, teniendo una antigüedad de aproximadamente dos años. En la línea de bandera hubo distintas negociaciones, con el ofrecimiento de indemnizaciones simples y mantener algunos servicios médicos.

En Vialidad Nacional muchos gerentes tampoco quieren dejar el puesto. Hay 85 altos jerarcas con salarios desde 230 mil pesos que también exigieron la doble indemnización, para rangos de gerentes ejecutivos, comunes, subgerentes, asesores con rangos de gerente y la administradora. Fuentes del PAMI informaron que tienen más de 60 cargos políticos que “están tomando una postura anti ética y no quieren dejar sus cargos”.

Tachar la doble

“La situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional es que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la doble indemnización”, explicaron fuentes oficiales. En el decreto 156 publicado este lunes se recuerda que la restitución de ese beneficio estaba enfocado a proteger la “dinámica del empleo asalariado registrado privado”. “No resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”, aclara la norma en el Boletín Oficial.

“Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”, agrega el decreto.

“La medida deja en claro que a todos los cargos políticos no se les aplica la doble indemnización. El decreto lo que pretende es contener posibles litigios amparándose en los convenios de trabajo de la actividad que realizan pero que rige para el sector privado, con el objetivo de agarrarse de esa ley para no dejar el puesto”, explicó una fuente del área de gestión pública. “Estamos hablado de cargos con altos niveles de retribución, que llegan a 450.000, 500.000 y hasta 700.00 pesos. Cabe comparar que están por encima de lo que cobra el Presidente de la Nación, actualmente unos 300.000 pesos”, aseguró.

El decreto les quita la herramienta de reclamar por la doble indemnización pero ahora habrá que negociar con cada uno las condiciones en las que decidan dejar su cargo. Si bien hubo en algunas empresas la propuesta de un pago indeminizatorio simple, no se descarta que algunos decidan presentar la renuncia. Sin embargo, la práctica de dejar la renuncia a disposición ante un cambio de gestión, algo tradicional en este tipo de empleos, no parece ser parte de la meritocracia macrista.