"Es un escándalo si es que la prisión preventiva se utilizó para ablandar a alguien para hacerlo arrepentir", destacó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, en diálogo con el programa Caimi a las 6, que se emite por AM750.
Sin nombrarlo, Lugones apuntó a la investigación que se abrió para saber si el testigo arrepentido, Alejandro Vandenbroele, recibió dádivas de parte del gobierno macrista para que acuse al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
El magistrado insistió en que se deberán revisar sentencias en caso de encontrar irregularidades. También dijo sobre la jubilación de privilegio con la que cuentan los jueces que estaba a favor de una reforma, pero que "el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no es bueno", y apuntó que "no estamos defendiendo un privilegio".
"Sí hubo un abuso en las prisiones preventivas y ha habido situaciones complejas que tienen que ser investigadas. Investigaciones periodísticas demostraron que algunos testigos arrepentidos arreglaban un precio para testificar en contra de alguien", señaló Lugones reafirmando las definiciones que comenzó a desgranar a partir de su designación al frente del Consejo de la Magistratura el jueves pasado.
"Sin ponernos en figuras puntuales, la realidad es que si una sentencia se basa en un acuerdo espurio con un testigo para afectar a alguien, para imputarle algo a alguien, esa sentencia debe ser revisada. Tiene que ser planteada por quien corresponda y en todo caso considerar si puede seguir siendo válida si todo se basó en ese testimonio o dejar de serlo en el caso de que se haya basado en otras pruebas que puedan determinar la misma responsabilidad", agregó el juez y recordó que se trataba de uno de los primeros aprendizajes que se dan en la facultad de Derecho.
"Hay dos aspectos sobre la prisión preventiva: sí es un escándalo cuando se utilizó para ablandar a alguien para hacerlo arrepentir. La otra cuestión es que puede haber haber habido un error en la forma en la que se consideró el testimonio", explicó Lugones dando una idea de cómo abordar la problemática surgida a partir de la doctrina Irurzún.
"Yo no soy de los jueces que en la jurisdicción mía, no las aplique. Las aplico y bastante, lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación es compleja y no puedo confundirme una cierta plena o semiplena responsabilidad de alguien que cometió un delito que pueda afectar la investigación a que eso lo haga exprofeso para buscar algún objetivo no perseguido en el propio proceso", agregó y destacó que "no es un problema de alguien o con alguien. Es un problema que un día nos puede pasar a cualquiera de nosotros y tenemos que garantizar a todos los ciudadanos el derecho de defensa. Si se manejó de esa forma y se aplicó una sentencia, eso debe ser corregido, hay que ver qué pasó y porqué se dio ese resultado".
Lugones se mostró a favor de discutir las jubilaciones de privilegio, aunque apuntó que "el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es fácilmente atacable por inconstitucional. Además, no se nos permitió dar nuestra posición, ni siquiera a aquellos que podemos querer entender la situación y lo que el gobierno plantea. El proyecto no va a funcionar así. Yo puedo ayudar a un gobierno que no me es antipático y darle elementos para que funcione bien".
El juez que integra la Cámara Federal de de San Martín afirmó que "estamos cambiando un régimen de setenta u ochenta años en una semana, y esta no es la forma. Todos nosotros, y aquí hablo por mis colegas, entendemos que hay cosas que corregir, pero este proyecto afecta al ciudadano porque se queda sin jueces para atenderlos".
A su vez, Lugones señaló que "no se trata de un privilegio", y se preguntó: "¿Cuáles eran las leyes de privilegio que había en el país? Cuando estaba quince minutos en el cargo se aportaba nada y se iba con una jubilación muy importante. En cambio todos nuestros colegas aportamos mucho mas que todos los demás. Estamos en estado judicial y podemos ser convocados en cualquier momento para volver a trabajar si el Estado nos lo solicita".
Finalmente, el juez apuntó que había que "buscar la forma de resolverlo, porque el proyecto de ley es fácilmente atacable por inconstitucional. Yo no quiero que un proyecto que pueda tener buenas intenciones se caiga por estas razones".
