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Mediante dos decretos, el presidente Alberto Fernández finalmente ordenó revisar las cesión de tierras que hizo Mauricio Macri en sus últimos días de gobierno a la Ciudad por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos. Los decretos, como informó este diario , instruyen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a revisar todas las cesiones de tierras que hizo Macri, pero en particular las 31 de los últimos días de su mandato. También convoca al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, para involucrar a los gobernadores en la entrega de tierras nacionales al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ya hay una causa penal abierta por esa transferencia de 100 inmuebles, los decretos diponen hacer las denuncias correspondientes si se encuentran ilícitos. Desde el Gobierno porteño mantuvieron la cautela que mostraron desde que se supo que iba a salir el decreto. El peronismo festejó la medida, mientras que la izquierda reclamó que las tierras sean usadas para escuelas, hospitales y viviendas.
Macri firmó un DNU al día siguiente de perder las elecciones de octubre, en el cual facultó a la AABE a "dar en pago" por deudas con la Ciudad a raíz de obras hechas por el Gobierno porteño una serie de inmuebles. Fueron, en total, 31 escrituras que fueron firmadas hasta el último día de Gobierno de Macri (literalmente, el 9 de diciembre cedió terrenos). En medio de una discusión sobre la coparticipación porteña, la AABE informó que estaba revisando esas cesiones y que había encontrado que en los últimos días de Gobierno, Macri había entregado cien inmuebles.
Deudas a futuro
Esas "deudas" con la Ciudad que pagó Macri tienen algunas particularidades que están saliendo de la investigación de la AABE. Por ejemplo, parte del pago era por obras ferroviarias de la Ciudad que debía pagar Playas Ferroviarias de Buenos Aires. El convenio indicaba que se pagaban contra certificado de la obra terminada, pero en una reunión en noviembre pasado -posterior a la derrota- resolvieron adelantar el pago por obras no terminadas por 30 millones de dólares. De allí surgió la entrega de parcelas de las Playas Ferroviaras de Caballito y Palermo. La comisión fiscalizadora de Playas Ferroviarias advirtió que se estaba violando la ley del fin del mandato (por la cual no se pueden tomar decisiones de ese tipo en los últimos dos trimestres de gobierno) y también indicaron que faltaban "informes técnicos y financieros, así como el dictamen legal que sustente la conveniencia del proyecto". Todas esas advertencias fueron desestimadas para avanzar con la entrega.
Eso es parte de lo que la AABE deberá investigar ahora a partir del decreto 149/2020 , por el cual el presidente Fernández les encargó que evalúen en el plazo de 60 días "la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019". Ordena que confeccione un informe y "se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas". En el mismo decreto, el presidente pide la intervención del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del que participan los gobiernos provinciales. En un segundo decreto , le quita a la AABE la facultad de ceder terrenos en pago de deudas.
En el Gobierno porteño mantuvieron el silencio que tienen desde que se conoció la decisión. Como habían indicado a este diario, esperan poder seguir negociando. "El decreto pide revision, no suspende la transferencia de los inmuebles", se escudaron. Si bien esto es cierto, el tono en los considerandos del decreto no deja mucha duda sobre que la anulación es lo que sigue. Por ejemplo, señala que es "gravoso y reprochable" que Macri haya firmado el DNU un día después de perder las elecciones y que sólo se haya visto beneficiada la Ciudad de Buenos Aires. Esto "hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor de la Ciudad y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la AABE en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea el de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción". Lo firma Alberto Fernández.
Festejos y reclamos
El senador del Frente de Todos Mariano Recalde festejó la decisión: "Desde que Macri perdió las elecciones hasta el último minuto de gobierno, le transfirió inmuebles a Larreta como si estuviera fugando un botín. Excelente medida del Gobierno nacional. Se tienen que terminar los negocios con las tierras que son de todos".
Por su parte, la legisladora porteña Cecilia Segura advirtió que "la revisión de la transferencia de estos activos estratégicos es necesaria no sólo porque elude la ley sino porque durante cuatro años Larreta los utilizó sólo para la especulación inmobiliaria, viviendas de lujo y negocios para unos pocos". "Esta situación es insostenible en una ciudad rica pero con un enorme déficit habitacional. El decreto habla de pensar otro Estado: queremos una ciudad donde el gobierno regule el sector y, principalmente, intervenga como un actor económico más, creando y ofreciendo suelo urbano para que puedan tener su vivienda propia también los sectores medios y bajos".
El FIT reclamó por el destino de esas tierras. La legisladora Alejandrina Barry dijo sobre el decreto: "La discusión es que se usen para viviendas, hospitales y escuelas. Esas son las necesidades sociales urgentes. Por ejemplo para pagar el negociado del Paseo del Bajo se vendieron las tierras de los vecinos de la villa 31. Hay que retrotraer esa injusticia".
El Observatorio de Derecho a la Ciudad -una de las ONGs que presentó una denuncia penal por la cesión de esos terrenos- advirtió que "desde el año 2015 hasta el presente se autorizaron la venta de más de 150 inmuebles a nivel nacional a través de 11 decretos firmados por Macri. También se vendieron tierras por decisión del Jefe de Gabinete". "El Estado nacional reconoce que con los convenios firmados en noviembre con la Ciudad violaron la Ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la venta de inmuebles en los últimos 6 meses de fin de mandato", indicaron.
La causa penal contra Macri y contra el ex titular de la AABE, Ramón Lanús, había caído en el juzgado de Claudio Bonadío. Con la muerte del juez, ahora la subroga Marcelo Martínez de Giorgi. Resta ver si la toma a su cargo o la deriva en la fiscalía.
