El ex director de Jurídicos de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Stoddart, señalado en la causa por el negociado de los peajes, declaró en el juicio contra Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Bajo juramento habló de beneficios especiales para la provincia y de falsas compulsas en las licitaciones. Sin embargo al mencionar supuestos sobreprecios fue refutado por las defensas.

Se trata del hombre que era socio de Marval, O´Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador. Ya como funcionario público, debió representar los intereses del Estado en la renegociación del contrato para las empresas que consiguieron amplios beneficios.

Ricardo Stoddart elaboró junto a Javier Iguacel el infome contra CFK. 

Junto al ex director de Vialidad, Javier Iguacel, Stoddart elaboró la denuncia contra la actual vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, en abril de 2016.

En una extensa declaración, Stoddart habló de “arbitrariedad e ilegalidad” en el otorgamiento de los pliegos. Pero al mismo tiempo admitió que parte de la acusación tiene que ver con decisiones políticas: “Santa cruz tenía más obras que la Provincia de Buenos Aires. No es un delito –admitió- pero parece raro”. En diálogo con este medio, uno de los imputados replicó: “Si siguiésemos los parámetros de Stoddart nunca se hubiesen construido obras en Santa Cruz, ya que la tasa de población y tránsito son sumamente bajas frente a la de Buenos Aires”.

Ante la atenta mirada del Tribunal afirmó que hubo trato preferencial para otorgar obras a esa provincia y que se favoreció a Lázaro Báez. Según sus dichos, había una deuda de “14 mil millones de pesos con todos los contratistas”, pero “el único grupo económico al que no se le debía un solo certificado de obra a enero de 2016 era Austral Construcciones”. Además, afirmó que “ninguna de las adjudicaciones que se hicieron al Grupo austral de 2006 en adelante se podrían haber realizado, porque no hubo competencia. De las tres empresas que por lo general se presentaban, dos correspondían al mismo grupo empresario”.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, buscó que el testigo hable en concreto de los hechos de la causa. “No se está correspondiendo con las reglas de una declaración testimonial. El tribunal le ha permitido que se pusiera a leer un informe, que nadie le ha pedido. Es un alegato de características políticas. Le pido al presidente del Tribunal reconducir esta prueba, las respuestas no son concretas, son divagaciones generales”, se quejó. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu no hicieron lugar al reclamo.

Supuestos sobreprecios

El propio informe elaborado por la dupla Iguacel-Stoddart no determinó sobreprecios ni obras inconclusas. Sin embargo, las defensas advirtieron que el testigo se refirió a diferencias en los valores en comparación con obras que no empezaron de cero, sino que implicaron arreglos o mejoras, lo que, lógicamente implicaron presupuestos más bajos.

El único caso concreto en el que mencionó sobreprecios fue una obra entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que fue licitada cuatro años después, con un precio menor del 50 %. Y que había otras que si bien no habían analizado en profundidad rondarían el 30 % de sobreprecios. Sin embargo, la obra que especificó fue adjudicada a la empresa CPC y luego se la rescindió porque no podía realizarla. En esa segunda oportunidad, la calidad del pavimento utilizado fue muy inferior al licitado originalmente, lo que explica el menor valor.

Por otra parte, acusó a Nelson Periotti, ex director de Vialidad imputado en la causa, de delegar atribuciones para que la Agencia de Vialidad Provincial lleve a cabo la licitación, adjudicación e inspección de obras en Santa Cruz: “El administrador de Vialidad Nacional determinó que una dirección provincial lleve adelante el papel que por ley tiene asignado Vialidad Nacional”, dijo. Sin embargo, esa delegación de atribuciones rige desde el año 1976.

Inconsistencias

* Entre varias cuestiones, Stoddart criticó la colocación de un mismo representante técnico para todas las obras. Aseguró que el mismo debía estar en la obra todo el tiempo, y era concretamente imposible estar en dos lugares a la vez. Sin embargo, para las defensas no es necesario que el técnico esté las veinticuatro horas fiscalizando. Afirman que el pliego no establece esa obligación ni exclusividad, lo que sí es necesario es que esté el jefe de obra. Lo que señalan es que el representante técnico puede ser el mismo para varias obras y su función es la representar legalmente a la empresa frente al Estado. O sea, que lo que señaló como una irregularidad no sólo no lo es, sino que no está establecido por la ley.

* Otro de sus cuestionamientos se centró en la presentación de la misma planilla de equipos viales en todas las obras. Pero los especialistas afirman que efectivamente es correcto que se presente la misma nómina de equipamiento a todas las licitaciones, ya que las empresas presentan toda la maquinaria que tienen a todas las compulsas y después, de acuerdo a las obras que ganen, comprometen lo que efectivamente se necesita en ese trabajo puntual.

* Afirmó que la empresa de Lázaro Báez no tenía capacidad de contratación para todas las obras adjudicadas. Para algunas de las defensas consultadas por Página/12, “fue una afirmación solo crítica, porque la firma no generó ningún perjuicio al Estado: se constató que todo lo que se ejecutó se abonó y no se pagó nada que no estuviera ejecutado”.

* Otro de los puntos débiles de Stoddart -bajo la óptica de los abogados defensores- fue el reconocimiento del ex funcionario de que sólo se abonó lo ejecutado y que licitaron lo que faltaba ejecutar. “Se contradijo, porque desconoce la operatoria de las licitaciones”, aseguran.

* Cuando se le preguntó por las causales de rescisión de la obra de Comercial Del Plata Construcciones, una empresa de Cristóbal López, indicó que no hacía seguimiento de las obras y que desconocía las razones de tal decisión.