La jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, ordenó una cautelar para que en una causa específica sea el violento quien esté custodiado por la policía. Es la primera vez que se aplica esta medida en Salta.
La mujer también contará con consigna policial por 20 días al tratarse de una situación de alto riesgo.
La abogada Patricia Aguirre representa a la mujer sobreviviente de violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades y solicitó la cautelar para que la expareja violenta tenga consigna policial.
La letrada planteó que en la Provincia se imponen las custodias policiales a las víctimas y no a los agresores que deberían ser controlados. Por ello, la medida obtenida reviste importancia ya que es la primera vez que se aplica en Salta. En el resto del país también suele imponerse la custodia solo a la víctima.
En este caso específico, el agresor violó la perimetral y no respetó las medidas impuestas anteriormente por la jueza como la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar y la prohibición de ejercer actos de violencia.
La mujer seguirá teniendo la custodia por 20 días. Por pedido de la abogada, la jueza ordenó que los miembros de la fuerza vayan vestidos de civil a realizar la consigna policial al trabajo de la denunciante, ahí uno de éstos agentes pretendió cobrarle viáticos al no poder viajar en forma gratuita en el colectivo por no estar de uniforme.
La magistrada especificó que esto es responsabilidad de la Policía de la Provincia y que no pueden cobrar transporte a quienes van a resguardar.
Aguirre planteó que las víctimas se sienten presas cuando la consigna policial se les impone a ellas y no a los violentos que pueden seguir en libertad e incluso hostigando. Además viene señalando situaciones en que las mujeres resultan revictimizadas.
La abogada expresó que quiere instar a que sus colegas pidan estas medidas cautelares para que el agresor sea controlado. "Para que empecemos a innovar con respecto a las medidas de protección de la víctima y saquemos el peso en la mujer para poner el control sobre el agresor", sostuvo. "Debe ser normal para las juezas de violencia de género dictar estas cautelares", añadió.
"En los últimos años venimos afrontando un problema, cuando -las custodias policiales- son puestas para la mujer que es lo previsto en la ley y normalmente ocurre. A las mujeres les mandan policías hombres y el mismo personal policial me confirmó que de castigo los envían a realizar las consignas a los que tienen denuncias por violencia de género, se producen acosos sexuales, las martirizan preguntándoles por qué denunciaron, qué hicieron. Son pocos los policías que respetan su rol, la mayoría violentan a las víctimas. Lamentablemente los juzgados de violencia de género tienden a cortar y pegar sin evaluar los casos concretos”.
La directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, consultada por Salta/12 consideró que ante las situaciones de violencia familiar y de género, los magistrados y las magistradas “tienen que desarrollar mecanismos novedosos y adecuar las respuestas del sistema de administración de Justicia a la situación puntual. No se pueden aplicar medidas generales a cuestiones que por su particularidad requieren soluciones concretas”.
Alonso planteó que "en situaciones de violencia de género hay un escenario, un vínculo y un contexto vincular particular". "Por eso no podemos dar respuestas génericas", afirmó.
Sobre la cautelar que impone la consigna policial para el violento, Alonso sostuvo que le parece un hecho “absolutamente importante y novedoso. Tal vez más ajustado a la respuesta que había que dar a este caso (que aclaró no conocía las particularidades)". "Me parece que al ser innovador debería ser tenido en cuenta para otras situaciones similares", indicó.
Además Alonso expuso que si se observan con retrospectiva las medidas que se han venido imponiendo, que tienen que ver con el botón antipánico y la custodia policial para la víctima, "lo que se plantea es si estas medidas de protección no implican una mayor privación de la libertad a la víctima y no al victimario".
La funcionaria dijo que la violencia familiar y de género plantea una complejidad que no puede recibir respuestas simples. “La ley nos da un amplio margen de medidas ejemplificativas no taxativas”, afirmó. Por ello sostuvo que es necesario que los jueces y las juezas apliquen con creatividad las medidas adecuadas al caso concreto.
Alonso sostuvo que las víctimas están en situación de vulnerabilidad. Evaluó respecto a las desobediencias judiciales, “cuando una persona transgrede, no cumple un orden normativo, es un indicativo de una situación de riesgo que hay que atender con urgencia".
Por esto insistió en la necesidad de “pensar en un modelo de abordaje integral, que no implique dar respuestas, sesgadas y aisladas”. En los temas de violencia de género, Alonso dijo que se requiere un abordaje integral donde no solo se incorpore perspectiva de género y de derechos humanos, sino también interdisciplinaria e interinstitucional.