“Las comunidades de donde eran oriundos los niños fallecidos están ubicadas en una región sujeta a una radical transformación del paisaje natural”. Esa fue una de las conclusiones de Andrés Leake, doctor en Ciencias Ambientales. El especialista elaboró un mapa en el cual señaló los lugares de origen de los siete niños que fallecieron por causas evitables, cinco de ellos a raíz de una desnutrición o deshidratación. La información fue superpuesta en relación a la ubicación de comunidades indígenas y superficies desmontadas.

Los casos se ubican dentro de los departamentos de San Martín y Rivadavia, en el norte provincial. Una de las principales causas que se apuntan son los desmontes realizados a raíz de la extensión de la frontera agrícola.

En ambos departamentos se perdieron en 18 años un total de 438 mil hectáreas de monte. Esto, dijo Leake, implicó que en San Martín se perdiera un 21 por ciento de la superficie boscosa que tenía en el año 2000. En ese mismo lapso Rivadavia perdió el 8.4 por ciento de su superficie boscosa.

Al hacer su análisis, Leake sostuvo que “si bien la distribución de los casos de niños fallecidos no sugiere a una simple relación con la distribución de superficies desmontadas, queda evidente que las comunidades están ubicadas en una región sujeta a una radical transformación del paisaje natural, lo cual ha conllevado a la desarticulación de su economía tradicional”.

También llamó la atención sobre otra característica: la distribución geográfica de muertes coincide mayormente con localidades que tienen accesibilidad a las rutas y caminos principales del norte salteño. La única excepción es en Las Vertientes, un paraje sobre el Río Pilcomayo, próximo al límite con Formosa. La intriga que surge es cuál es la situación en aquellas comunidades con dificultades de accesibilidad.


Los casos

De los casos investigados por Salta 12 se registraron los siguientes: el 7 de enero pasado, falleció un niño en el Hospital Materno Infantil, en Salta Capital. No se reconoció la desnutrición como causa, aunque sí el riesgo nutricional. El niño de un año y dos meses era de La Mora, comunidad wichí del departamento San Martín, ubicada cerca de la ciudad de Tartagal.

El 11 de enero murió otro niño wichí de dos años, era de Misión El Quebrachal, en General Ballivián, departamento San Martín. Falleció en su domicilio. Los estudios preliminares de la autopsia confirmaron que al menos tenía bajo peso.

La tercera muerte tuvo lugar el mismo día en el Hospital de Santa Victoria Este. Se trató de un niño de dos años oriundo de la comunidad wichí de Rancho El Ñato. El informe indicó una insuficiencia orgánica a causa de una deshidratación por vómitos y diarrea.

La cuarta muerte fue el 17 de enero. Una nena de dos años y 8 meses, hija de madre y padre de población criolla, falleció tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de mayor complejidad de Orán. Aunque las autoridades de Salud culparon a los padres por “consulta tardía” de una diarrea de cinco días, no quedó claro lo ocurrido. Otras fuentes sostuvieron que se trató de una intoxicación medicamentosa.

La quinta muerte fue el 21 de enero. En este caso de un niño de ocho meses en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Algunas versiones insistieron con la desnutrición pero médicos confirmaron que el niño estaba con el peso adecuado. El nene, oriundo de la Comunidad wichí Las Vertientes (en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia), fue trasladado en vuelo sanitario. Los médicos afirmaron que la muerte fue a raíz de un problema respiratorio. Y el gobierno culpó a los padres por haber obstaculizado el traslado de los niños, lo que generó manifestaciones de indignación en los medios y redes sociales por las declaraciones oficiales.

La sexta muerte fue el 26 de enero. Se trató de un niño wichi que tenía un año y 10 meses. Era de la comunidad de El Tráfico. Estaba con sus padres en Los Blancos (Rivadavia Banda Norte), cuando mostró falencias en su salud. Falleció cuando estaba siendo trasladado en ambulancia al hospital de Orán. El vehículo se descompuso en el camino. Según el certificado de defunción que facilitaron las autoridades de la comunidad, el niño falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Pero las causas que originaron el fallecimiento, según ese certificado, fueron la deshidratación y desnutrición crónica.

La séptima muerte fue el 6 de febrero. En este caso se trató de una niña wichi de 5 años con un cuadro de deshidratación e infeccioso. Era de la Misión San Luis, ubicada a siete kilómetros del Hospital de Santa Victoria. La ministra de salud, Josefina Medrano, se encontraba en ese establecimiento cuando ocurrió la muerte. Negó que se tratara de un caso de desnutrición y la causa quedo en duda. Para ello se debía hacer una autopsia de la nena. Pero los padres se negaron a esa práctica.

Morirse de hambre en la tierra bendita del pan

Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen emitieron el 14 de febrero que pasó un comunicado para manifestarse por la situación que se vive a raíz de esta realidad que involucra al Pueblo Wichí.

Sostuvieron que a la luz de la exhortación apostólica “Querida Amazonía” es preciso “mirar la realidad angustiante que viven los pueblos y comunidades originarias y también criollas de la región de nuestro chaco argentino, por la desnutrición y muerte de los niños, la falta de agua potable y otros flagelos”.

Sostuvieron que no se pueden dar “respuestas inmediatas a las urgencias sociales y sanitarias que viven muchas comunidades pero sí asumir una actitud misericordiosa que nos libere de la indiferencia y del sensacionalismo mediático y nos haga solidarios con sufrimiento de los más olvidados”.

También recordaron las palabras del Papa Francisco referidas a la Amazonía que “nos ayudan a comprender la actual situación que viven los pueblos originarios en nuestro Chaco argentino: ‘la disparidad de poder es enorme, los débiles no tienen recursos para defenderse, mientras el ganador sigue llevándose todo…poderes locales con la excusa del desarrollo participaron de alianzas con el objetivo de arrasar la selva de manera impune y sin límites’”.

Los obispos Luis Scozzina, Angel José Macin, y Juan José Chaparro (de Orán, en Salta, Reconquista en Chaco y Bariloche en Río Negro), afirmaron que “una sociedad que no sabe cuidar a los niños y de los grupos más vulnerables corre serios riego de implosión y muerte. No podemos hipotecar nuestro futuro ni dejar que nos roben la esperanza ya que no es posible ‘morirse de hambre en la tierra bendita del pan’”.

Insistieron en la necesidad de “escuchar el clamor de las comunidades originarias, que nos interpela como Iglesia y como sociedad, comprometiéndonos a dialogar y articular, desde ENDEPA, con las organizaciones de la sociedad civil que acompañan diversos emprendimientos comunitarios y de asistencia en el territorio, y con los gobiernos locales, provinciales y nacional, acciones concretas y también estructurales que modifiquen la realidad actual”.