La Corte Suprema rechazó un planteo del Correo Argentino de los Macri con el que pretendía esquivar la investigación sobre maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal Gabriela Boquin, que tienen como protagonistas a las firmas controlantes Socma y Sideco, claves en el mapa empresario de la familia. Cuando la Cámara Comercial ordenó el año pasado que ambas firmas entregaran sus libros contables para ser analizados, Correo volvió a negarse y recurrió al máximo tribunal. El resultado es una breve resolución firmada por unanimidad que allana el camino para que termine el estudio sobre las maniobras irregulares, que podría incidir en una posible declaración de quiebra y en que deban afrontarla las empresas del propio grupo.

Boquín denunció distintos tipos de maniobras que detectó luego de que el Correo y el Estado, en tiempos en que gobernaba Macri, intentaran hacer un acuerdo por el cual se le licuaba a la empresa casi el 99 por ciento de su deuda con las arcas públicas, que superaría ya los 4500 millones de pesos. 

La fiscal descubrió que durante 2016, incluso con autorización de la jueza de primera instancia Marta Circulli, salieron pagos por cerca de 10 millones de pesos “en perjuicio de las cuentas del concurso” y “en beneficio de las empresas del grupo”. Parte del dinero se usó para hacer pagos a las controlantes, como 144.000 pesos por alquiler de oficinas; 61.834 de sueldos y cargas sociales; 113.000 de gastos informáticos; 65.000 de honorarios. Todo esto pese a que Correo es una firma declarada inactiva. También aparecieron préstamos por 17 millones de pesos hacia el Correo. Y la compra de acciones a Socma de acciones de Neficor para negocios automotrices por 2 millones de dólares.

El año pasado, después de la decisión de la Cámara el peritaje comenzó. El tribunal incluso respaldó a Boquin que fue insistentemente denunciada por la empresa para intentar sacarla de la cancha. Hay un perito de la Corte designado, que hizo un primer informe sin grandes avances, pero donde señaló –por ejemplo— que la compra de acciones a Neficor no generó dividendos para el Correo. Pero por otro lado, decía que había dinero que se había utilizado para gastos ordinarios. La fiscal impugnó el resultado. El estudio, de todos modos, no había incluido la totalidad de los libros contables, que la empresa no quiso entregar, pero ahora estará obligada a hacerlo. Correo también alegaba que no tenía documentación respaldatoria porque la tiró. 

La fiscalía apunta a demostrar que el vaciamiento fue provocado por las controlantes Socma y Sideco. En ese caso, si se llegara la quiebra, es posible que sean esas empresas las que deben responder. Son las que están esencialmente manejadas por los hermanos del ex presidente. Gianfranco, en particular, ya tiene un frente judicial en otra causa, la de la compra y reventa de seis parques eólicos que le dejó al grupo ganancias millonarias.

Otras de las operaciones denunciadas por la fiscal fueron desvíos de fondos por al menos 35 millones de pesos a abogados afines incluso ligados al gobierno de Macri, como el diputado Pablo Tonelli y el ex secretario legal y técnico Pablo Clusellas, a consultoras y empresas de publicidad. En ciertos casos también está la sospecha de que se pagaban negocios de las controlantes.

Desde que quedó trunco el acuerdo que intentaron el Correo y el Estado en 2016, la Corte falló en contra de la empresa y los intentos de dilación: en 2018 respaldó a la fiscal Boquin, a quien los Macri intentaban desplazar; en septiembre del año pasado rechazó un planteo dilatorio del gobierno de Macri y levantó en peso a la Cámara Comercial por darle cariz de gravedad institucional sin fundamentos; esta vez da un nuevo gesto para que se complete la investigación sobre el vaciamiento. En 2009 también el tribunal había fallado sobre un punto clave: decía que el Correo no pretender compensar sus deudas con el Estado solo si le gana reclamos a éste.

¿Cuál es ahora la situación? Tras 18 años de proceso concursal la Cámara había ordenado abrir el llamado “salvataje” para que se presenten oferentes a comprar las acciones de Correo y saldar sus deudas. La empresa se opuso, y mientras busca con este tema ir otra vez a la Corte, la fiscalía y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidieron la intervención del Correo. La postura del gobierno actual, en pos de reclamar el pago de la deuda que lleva 18 años impaga, le dio un nuevo rumbo al expediente que parece encaminarse cada vez más hacia la quiebra.

Las maniobras de vaciamiento serían posibles fraudes en el trámite del concurso de acreedores.