El 17 de febrero de 1941 un convoy con 1.500 españoles ingresó en el campo de concentración nazi de Mauthausen, a bordo del cual estaba el republicano Francisco López García, cuyo nieto se sumó este martes a los querellantes que llevaron casos de deportados republicanos a la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo.
"Nosotros creemos que existen suficientes pruebas de la colaboración del gobierno franquista con la Alemania nazi, por eso exigimos verdad, justicia y reparación por sus delitos de genocidio o lesa humanidad", dijo a Telam Enrique Pastor López, nieto de Francisco.
Enrique, junto con familiares de otros 11 españoles deportados a los campos de concentración nazis, acudió este martes al consultado argentino en Madrid a presentar su denuncia contra el Estado español para que la jueza María Servinide Cubría investigue en base a la causa abierta en la Argentina en 2010 por los crímenes del franquismo sobre la base del principio de justicia universal. A finales de enero, otras 20 víctimas presentaron su caso en el consulado en Galicia.
"Estamos muy agradecidos a la justicia argentina por permitirnos avanzar por la vía que España nos niega", remarcó Enrique antes de recordar la historia de su abuelo, uno de los cerca de 9.000 españoles que terminaron en manos de la maquinaria de exterminio del III Reich con consentimiento de las autoridades franquistas.
Francisco López García, alias Sopas, murió el 18 de noviembre de 1941, a los 37 años, tras haber pasado nueve meses en Mauthausen, uno de los símbolos del holocausto.
"Por el testimonio de un superviviente sabemos que intentó defender a su primo que estaba en el mismo campo, y que lo ejecutaron en el acto", contó Enrique sobre el destino de su abuelo, un herrero de la sureña Albacete, quien sobre el final de la guerra fue llamado a filas por el Ejercito Republicano, y tras la derrota logró huir a Francia.
Sopas, al igual que la mayoría de los republicanos españoles que cruzaron los Pirineos, se unió a la "compañía de trabajadores extranjeros", donde prestaba servicios al Ejército francés con la promesa de que iba a obtener la nacionalidad, pero tras la ocupación nazi fue capturado como prisionero de guerra. Su primer destino fue un campo de Francia y luego fue trasladado a Bad Fallingbostel, en el norte de Alemania, desde donde emprendió un camino sin retorno a Mauthausen-Gusen, en Austria, en el mayor convoy de prisioneros españoles que llegó al siniestro campo de exterminio.
Junto a él viajaba el catalán Francisco Boix, el famoso "El fotógrafo de Mauthausen" que logró sobrevivir y esconder 20.000 imágenes de las vejaciones y crímenes cometidos allí por los oficiales de las SS. Su biógrafo, el historiador Benito Bermejo, el mayor experto de lo ocurrido sobre las deportaciones de españoles a los campos nazis, es quien aportó las pruebas documentales que sustentan las demandas presentadas en Argentina por las víctimas españolas. "Por Mauthausen, incluido el campo satélite de Gusen, pasaron unos 7.000 españoles de los cuales dos terceras partes murieron", explicó Bermejo.
Por decisión del gobierno del dictador Francisco Franco (1939-1975) estos republicanos estaban desprovistos de su nacionalidad española, con lo que fueron declarados apátridas, aunque los nazis tenían perfecto conocimiento de quienes eran ya que se referían a ellos como "los combatientes de la España roja", según el investigador. De acuerdo con Bermejo "no cabe ninguna duda que de las autoridades franquistas sabían que se producían deportaciones a los campos nazis, ya que recibieron hasta cuatro cartas en las que se les preguntó si tenían algo que decir al respecto, la primera el 20 de agosto de 1940".
La comunicación por vía diplomática -registrada en los archivos oficiales- se refiere al caso emblemático conocido como el "convoy 927", integrado por hombres, mujeres y niños españoles deportados a Mauthausen desde el campo de Les Allierns, cercano a la ciudad de Angoulême, en el sudoeste de Francia. Posteriormente, en abril de 1941 se produjo una consulta ante la embajada de España en Berlín, y las autoridades españolas respondieron diciendo que "es conveniente no hacer nada" y procedieron a archivar el caso.
El otro dato documental clave es la visita del ministro de gobernación del régimen franquista, Ramón Serrano Suñer a Berlín, donde se reunió con Hitler y Himmler. Apenas abandonó la capital alemana, el 25 de septiembre de 1940, la Oficina de Seguridad del Reich cursó la orden explícita de que todos los españoles prisioneros de guerra fueran enviados a campos de concentración.
