A través de sus abogados, Milagro Sala presentó una denuncia penal en los Tribunales Federales de Retiro contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el representante de Cancillería para los Derechos Humanos, Leandro Despouy y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, entre otros. La denuncia es por los correos electrónicos que se enviaron el 9 de enero para coordinar la preparación de testigos y engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su próxima visita prevista para mayo. Los mails que fueron denunciados y publicados por Horacio Verbistky en este diario el 15 de enero pedían “aprovechar todos los recursos disponibles” para justificar la prisión preventiva de Milagro Sala. La abogada de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, acompañó la presentación con una copia de los correos y pidió la declaración del periodista. “Esta ausencia total de división de poderes evidencia que el Estado Derecho se encuentra mutilado en la provincia de Jujuy, por obra de sus máximas autoridades”, señaló.

La presentación fue realizada ayer por la mañana y recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini. Alcanza, además, al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda y al apoderado de Morales, Federico Wagner. El escrito fue acompañado por un artículo de Infobae con declaraciones de Miranda en las que reconoce la existencia de los correos. 

“Del contenido de los mensajes que dan lugar a esta denuncia, surge con claridad meridiana que lo que en ellos se pergeña es un mecanismo de trabajo destinado a engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ésta concurra a la Argentina, a fin de impedir que observe con nitidez las ilegales y arbitrarias condiciones bajo las cuales me hallo detenida”, señala la denuncia. Ya en el mes de enero, los abogados anunciaron que iban a presentar una denuncia penal por entender que los correos daban cuenta de una coordinación ilegal de tareas que es contraria al principio de independencia de poderes. En paralelo, los diputados de la Tupac Amaru formalizaron una pedido de juicio político en la Legislatura de Jujuy a la presidenta del Superior Tribunal por incumplimiento de sus funciones. 

Mientras en Jujuy el poder político y los funcionarios denunciados hacen oídos sordos de esta denuncia, los abogados reconstruyeron en esta presentación el contenido y cronología de los mensajes. Según surge de ellos, el lunes 9 de enero de 2017 a las 17:09, Federico Wagner se comunicó con Despouy para reenviarle dos mails: uno de Wagner a Mariano Miranda y otro de Wagner a Clara De Langhe de Falcone. Ambos correos también son del 9 de enero: el primero de las 16:46 y el segundo de las 17:04. Wagner –que además de apoderado fue abogado de Morales durante el juicio a Milagro Sala por el escrache de 2009–, hace alusión en los mensajes a charlas previas mantenidas con ambos a través de la frase “tal como hablamos en diciembre”. 

El primero de los tres correos analizados en la denuncia es que el Wagner envió a Miranda con el detalle de la estrategia judicial. Allí relata: “se ha avanzado en el tema de la planificación con la Comisión Interamericana para coordinar una reunión en nuestro país, a fines del próximo mes de mayo”. A renglón seguido, afirma que antes de dicha reunión “sería muy importante trabajar en una presentación de las víctimas de las arbitrariedades que ha cometido Milagro Sala al frente de la Red de Organizaciones Sociales, representadas por el Defensor del Pueblo de la Provincia”. La frase que da inicio al párrafo: “‘Tal como habíamos hablado’ –señala la presentación– da cuenta de que el tema ya había sido tratado en ocasiones anteriores entre Wagner y Miranda”. El objetivo de dicha operatoria, de acuerdo a las palabras de Wagner, sería que cuando la CIDH visite la Argentina, se le haga entrega de un documento en el que consten las agresiones sufridas por las supuestas víctimas y la Comisión pueda entrevistarse con ellas. A continuación, en el mismo mail, Wagner da cuenta de una lista de testigos que considera necesario presentar, compuesta por personas que ya declararon contra Milagro y cuyo testimonio fue utilizado para justificar su ilegítima detención, tanto por el Juez provincial Gastón Mercau, como por el Superior Tribunal de Jujuy. Finalmente, y a modo de corolario del correo, Wagner destaca la necesidad de: “concretar una primera reunión de trabajo, durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra. Falcone, como para coordinar la tarea”. Por último, manifiesta que considera necesario “aprovechar todos los recursos disponibles”, por lo que recomienda al fiscal Miranda que, si otros miembros del gobierno están trabajando en el tema, sería necesaria su ayuda a fin de “realizar la tarea del modo más eficiente posible”.

En el segundo mail, de Wagner pone en conocimiento a la Presidenta del Superior Tribunal su comunicación con el Fiscal de Estado. Al mismo tiempo, vuelve a hacer hincapié en la necesidad de llevar a cabo una reunión en el mes de febrero. En el párrafo final, hace expresa mención de que su objetivo es que cuando la CIDH visite el país, reciba testimonios que sirvan para justificar la privación de la libertad. También allí se desprende que el tema había sido discutido previamente entre ambos porque dice que su objeto es empezar a trabajar “tal como hablamos en diciembre”.

Estas comunicaciones tomaron estado público a partir de la denuncia de Verbistky. Miranda no negó la existencia de los correos pero en una entrevista describió como “una necesaria coordinación institucional” lo que en realidad es una instrucción encubierta de parte del titular del Poder Ejecutivo a través de su apoderado acerca de lo que tienen que hacer el resto de los poderes del Estado. 

En ese sentido, la denuncia explica que “los cargos detentados por las personas involucradas en los mails dan cuenta de su evidente apartamiento del adecuado ejercicio de las funciones que desempeñan. El hecho de que el Gobernador Morales, a través de su apoderado, instruya a la presidenta del Superior Tribunal de Jujuy sobre cuál es el mejor accionar a seguir en vistas a justificar mi detención, es una prueba fehaciente de que la privación de la libertad que sufro hace ya más de un año no es obra de un Poder Judicial independiente, sino de los designios del jefe del Poder Ejecutivo provincial”. 

De los mails se extrae, además, “que las vinculaciones entre Morales, Langhe y Miranda no son nuevas”, por “las referencias existentes en ellos a conversaciones anteriores, hay sobrados motivos para suponer que la coordinación delictiva entre el apoderado de Gerardo Morales y los funcionarios públicos implicados data de fecha anterior y podría contener otras intervenciones vinculadas a mi persona”. Esta ausencia total de división de poderes, señala, “evidencia que el Estado Derecho se encuentra mutilado en la provincia de Jujuy, por obra de sus máximas autoridades. Otra constancia determinante en este sentido, se deriva del hecho de que Falcone y Miranda, titulares de órganos por su naturaleza independientes entre sí, participen en conjunto de la elaboración de una acción en mi contra”.