Tres trabajadoras despedidas de la Municipalidad de Pichanal se encadenaron en la mañana de ayer para reclamar por la no renovación de sus contratos. La secretaria gremial de Ate, María Julia Pizola, informó que hay 50 afiliados que están en esa situación. Hoy tienen una audiencia de conciliación en la delegación de la Secretaría de trabajo de Orán.

Pizola sostuvo que en la mañana del martes alrededor de las 8, un grupo conformado por empleadas municipales agredieron a las manifestantes y les quitaron los carteles. "Hay tres compañeras que quedaron lesionadas", afirmó y dijo que hicieron denuncias en la policía. "El 80 por ciento de despedidas son mujeres", indicó Pizola.

"Todas las mañanas se juntan ahí las compañeras despedidas con pancartas en una medida de fuerza pacífica. El grupo las hostigó, les quitó los carteles y se los quemó. Las compañeras están encadenadas, al frente del municipio hasta que el intendente les resuelva la situación", expuso Pizola.

Hoy se realizará la audiencia de conciliación entre ATE y la municipalidad a las 11 del mediodía en la Secretaría de Trabajo en Orán.

Blanca Mabel, de 43 años, contó a Salta/12 que tiene 2 hijas y 3 hijos, se hacer cargo sola de la crianza, trabajó 16 años en el municipio, 6 como eventual, 10 con contrato. "Hoy nos encontramos encadenadas porque el intendente nos dejó sin trabajo. Yo hablé con él, me dijo que la municipalidad se encontraba en rojo, no es verdad. Tomó otros empleados. Nos mandan a avasallar, venimos con esta manifestación pacífica. Nosotros pertenecemos al Frente de Todos y el gobierno de acá es macrista".

"En la municipalidad empecé barriendo en la calle, estuve como encargada de personal, como ordenanza, trabajé en un merendero, en el área de planeamiento haciendo relevamiento en los asentamientos", relató la mujer quien aseguró que no es ñoqui, justificativo que también sostiene la intendencia de Sebastián Domínguez. "Desaparecieron los legajos, yo tengo recibo de sueldo. Cobraba 8 mil pesos más salario, con aportes y obra social, trabajaba de 7 a 13", planteó.

"No hay nada de diálogo, el intendente trae a su gente a avasallarnos. Nos quitaron los carteles, nos golpearon, nosotras no les levantamos la mano. Ya está hecha la denuncia", añadió. La mujer agradeció a ATE por el apoyo, dijo es afiliada a UPCN pero que este gremio no apoya la protesta que están realizando. "El intendente mezcla la política con la situación laboral, en la gestión anterior no pasaba esto", sostuvo.

Miriam Raquel Aparicio, tiene 35 años, relató que trabajaba como administrativa en la Casa de la Cultura, hace 16 años, como eventual y solo hace 6 meses con contrato que no le fue renovado. La mujer dijo que tiene un hijo de 12 y una hija de 8 a quienes cria sola. Denunció que en diciembre solo le pagaron 800 pesos cuando ella tenía un sueldo de 7 mil pesos. "Es una burla lo que me hicieron, el intendente decía que yo nunca he trabajado pero tengo testigos. Tengo mi planilla, le saqué fotocopia, le presenté al intendente, no sé que la habrá hecho. Sigo figurando en sistema de Anses, no puedo cobrar el salario universal", sostuvo Aparicio. Señaló que permanecía encadenada esperando una solución.

Maria del Carmen Cantarella, es hermana de la concejala Paola Cantarella, de la Misión San Francisco, Ava Guaraní. Tiene 33 años, explicó que empezó a trabajar en el 2011 en la municipalidad cuando se inauguró la terminal. Allí estuvo 1 año y 8 meses realizando tareas de limpieza. Después cuando su madre que era enfermera se jubiló, Cantarella hizo los trámites para entrar a trabajar en el hospital, la pusieron como auxiliar administrativa. En diciembre caducó su contrato que no le fue renovado, el municipio le pagaba un sueldo de 9 mil pesos. Denunció que en el último mes le descontaron mil pesos. "Dicen que no trabajé en diciembre, tengo la planilla firmada. Perdieron legajo, planillas, todo (en el municipio)", expuso.

Pizola sostuvo que en "un contexto de crisis en la provincia de Salta, la más pobre según el INDEC, con un 45 por ciento de salteños que trabaja en la informalidad no se puede entender como uno de los municipios con mayor pobreza despide a trabajadores. Es un avasallamiento sin precedentes. Hasta ahora no ha habido un espacio de diálogo, no hay ningún gesto del intendente que permita destrabar este conflicto".

El intendente Dominguez, del espacio del gobernador Gustavo Sáenz, cuando comenzó la protesta la semana pasada apuntó a la exdiputada Margarita Ramírez (esposa del exintendente Julio Jalit) y la responsabilizó de incitar a estas manifestaciones. "No hemos despedido a nadie. Hay contratos que finalizaron con la gestión que se fue. No se renovaron porque el municipio estaba en rojo". Y también acusó a otros de "ñoquis".