Tras los escándalos del Correo Argentino y del otorgamiento de rutas aéreas a Avianca, finalmente el Gobierno inició ayer el proceso de consulta para la elaboración de dos decretos sobre “conflictos de intereses”. ONG, especialistas y académicos asistieron al primer encuentro que se realizó en la Casa Rosada. Por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes la titular de la Oficina Anticorrupción, la ultramacrista Laura Alonso, el secretario de Legal Y Técnica, Pablo Clusellas, el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín y el titular de la Sigen, Ignacio Rial. “Los dos anteproyectos son buenos pero llegan tarde. Son parches que se le ponen a una ley de Ética Pública que debe ser reformada por el Congreso”, aseguró a PáginaI12 el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, quien de todas maneras calificó como “interesante” el debate que produjo ayer.
Apremiado por las múltiples causas judiciales y el impacto en la opinión pública, Mauricio Macri anunció ante la Asamblea Legislativa que firmaría dos decretos para tratar de modificar la idea de que su Gobierno se ubica de ambos lados del mostrador. La iniciativa que según el Presidente el 1 de marzo iba a concretarse “en los próximos días”, va a demorar un tiempo más: Alonso abrió el proceso de consulta que calificó como “inédito” y que se mantendrá hasta el 15 de marzo, cuando terminará el período para que expertos y público en general puedan presentar sugerencias y observaciones.
“Estamos haciendo un proceso amplio donde hemos abierto esto a la opinión consultiva de expertos y Organizaciones no Gubernamentales. Esto es inédito, nunca un Presidente antes de firmar un decreto de autolimitación se ha sometido a este nivel de consulta”, destacó Alonso, tratando de mostrar como una virtud que se trata de un decreto y no de una discusión en el Congreso Nacional.
Según pudo saber PáginaI12, la semana que viene habrá una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Pablo Tonelli. Entre los proyectos a tratar se incorporó uno de la diputada del FpV, Diana Conti, quien reclama que la Oficina Anticorrupción deje de estar bajo la órbita del Ejecutivo para depender del Legislativo. Se trata de un esquema similar al de la Auditoría General de la Nación, con integración de distintas fuerzas políticas y presidencia a manos de la oposición.
A la reunión que tuvo lugar en el Salón Sur de la Casa Rosada asistieron ONG’s como Poder Ciudadano, ACIJ, Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés y el Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA), entre otros. Al terminar, Alonso –conocida por sus innumerables chicanas cuando era diputada– afirmó que “cualquier situación que genera una demanda o suspicacia en la sociedad es bueno que se responda con una respuesta institucional, no con chicanas o con un debate vacío sin ningún tipo reformas”.
En concreto, ayer se presentaron dos anteproyectos. El primero relacionado con los juicios al Estado donde se encuentren involucrados el Presidente, el vicepresidente o ciudadanos con parentesco, consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, amistad o enemistad pública y manifiesta, acreedor o deudor. El anteproyecto propone que en esas situaciones judiciales la Procuración del Tesoro ejercerá el patrocinio legal del Estado y deberá publicar en su sitio web el listado de causas, el estado de las mismas las y audiencias a celebrarse y garantizarle a la sociedad el acceso al expediente digital. Previo a tomar una decisión que ponga fin al juicio, deberá presentar un informe frente a la OA, la SIGEN y la Comisión mixta revisora de cuentas del Congreso y publicar en la web un informe con los fundamentos de la resolución.
El segundo decreto prevé prohibir las contrataciones públicas donde se evidencia conflictos de intereses con del Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los titulares de empresas estatales.
La iniciativa abarcará a todos los procedimientos de contratación pública. Se incorporarán herramientas de transparencia como pactos de integridad, participación de testigo social, veeduría de dependencias de control y realización de audiencias públicas, entre otras cosas.
