El macrismo volvió a la carga en el Consejo de la Magistratura con el intento de remover a los dos camaristas que convalidaron la paritaria de los bancarios por encima del techo del 18 por ciento que exigía el presidente Mauricio Macri. El Ministerio de Trabajo presentó un pedido para que se los destituya, en un escrito en el que los consideró un “hedor a remover”. Luego de frenar en el Consejo de la Magistratura una moción para archivar la presentación, que se basa enteramente en el contenido del fallo, los macristas y sus aliados consiguieron que la Comisión de Disciplina y Acusación comience a recabar información. El 23 de marzo sería tratado para definir si se formulará una acusación o si se descartará el pedido. La iniciativa del Ejecutivo fue cuestionada por la Asociación de Magistrados y por todos los camaristas del fuero laboral, que señalaron que está en peligro la democracia y la división de poderes.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, intentó por todos los medios frenar la paritaria de los bancarios, luego de que se había acordado con el 80 por ciento de los bancos. Hubo desde intentos de no homologarla, pasando por instrucciones a los bancos públicos para que no pagaran, hasta la desobediencia del fallo que dictaron los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, que le ordenaron a Triaca no interferir en un acuerdo entre las partes. Luego de ese fallo, el ministro se reunió con el sector patronal para coordinar la estrategia de apelación del fallo y conseguir achicar el porcentaje. No lo consiguió: la paritaria se firmó y rompió el techo que defendía Triaca. Pero, a continuación, el ministro envió una presentación ante el Consejo de la Magistratura para destituir a los dos camaristas.

El texto no tiene desperdicio: sostiene que el fallo fue “diabólico”, una “barbarie jurídica”, “un absurdo” y hasta “un delito” (no denunciado penalmente por el ministro). También asegura sobre los camaristas: “Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad”. El ministerio intentó argumentar que no se basaba en el contenido del fallo de los jueces para acusarlos, pero toda la presentación recae en lo que escribieron en el fallo. En particular, en la orden de no interferir, que los macristas consideraron una intromisión en la esfera del Ejecutivo. A raíz de eso, acusaron a los jueces de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”.

El repudio se extendió como fuego en un prado seco: desde la Asociación de Magistrados hasta los 19 camaristas del fuero laboral cuestionaron el intento de remoción. Los jueces advirtieron que “la independencia del Poder Judicial ha sido puesta en riesgo y, con ello, la plena vigencia de la Constitución nacional”. En todos los casos, remarcaron que un juez no puede ser removido por el contenido de sus fallos. 

En esta línea, la representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, propuso el archivo de la acusación en el plenario del jueves pasado. Votaron a favor los consejeros kirchneristas y el representante de los académicos, pero no obtuvieron la mayoría necesaria. Ayer los macristas consiguieron que se unificaran las dos denuncias (había dos textos gemelos, uno para cada juez) y se pidiera información. Le solicitaron al Ministerio de Trabajo que envíe la homologación de la paritaria de los bancarios y a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que les entregue copia del expediente y del fallo que firmaron los jueces. La instrucción quedó en manos del representante de los abogados del interior, Miguel Piedecasas. 

Esta etapa de reunión de pruebas es previa a que se tome la decisión de si se continuará investigando a los camaristas o se desestimará la denuncia, algo que podría comenzar a definirse en el encuentro de la Comisión de Disciplina del 23 de marzo. Luego, el tema tendría que pasar al plenario del Consejo de la Magistratura. En el Consejo interpretaban que lo que buscaron los macristas es dilatar una definición sobre el caso, que generó escándalo y polémica dentro y fuera del Poder Judicial. 

La decisión del Ministerio de Trabajo de ir contra los camaristas suscitó el repudio de distintos sectores opositores y sindicales, que señalaron el ataque al Poder Judicial como parte de una avanzada sobre los salarios, pero también generó solidaridades cruzadas con jueces y organizaciones que normalmente estarían más cerca del oficialismo.