El Reino Unido no tardó en confirmar que la política antimigratoria será uno de los pilares del Brexit. El gobierno conservador de Boris Johnson reveló este miércoles su nuevo sistema de inmigración por puntos. En concreto, los trabajadores no calificados y aquellos que no sean capaces de hablar inglés no podrán ingresar al mercado laboral, algo que despertó las críticas de la oposición laborista, sindicatos y empresarios. La medida constituye un peligro real para sectores como la salud, la hotelería y la industria alimentaria, que emplean en gran medida a inmigrantes.
El documento que establece las líneas centrales de la nueva política migratoria británica cierra por completo las fronteras del Reino Unido a los trabajadores no calificados. Para obtener una visa de trabajo a partir del año próximo, una vez finalizado el periodo de transición del Brexit, será necesario demostrar competencias específicas para el puesto, hablar inglés y contar con una oferta de trabajo con un salario mínimo anual de 20.480 libras (unos 24.600 euros), excluyendo de esa forma a los trabajadores poco calificados o mal pagos.
El particular sistema de puntajes le exige a cada trabajador extranjero acumular un mínimo de 70 puntos para obtener el permiso de trabajo, a los que puede acceder siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados. De esta manera, Downing Street anuncia el fin de la "distorsión" que, según la versión oficial, provocaba el libre movimiento de personas en la Unión Europea.
La ministra del Interior del gobierno de Johnson, Priti Patel, calificó a estas reformas como "firmes y justas", y declaró que este sistema facilitará la obtención de visas a los trabajadores altamente calificados. "Nuestra economía ya no dependerá de la mano de obra barata proveniente de Europa, sino que se concentrará más en la inversión en tecnología y automatización", destacó en el documento que detalla las medidas, y solicita a los empleadores "adaptarse" a las mismas.
La presentación de la nueva política migratoria causó indignación en la oposición laborista y en los sectores empresariales que dependen de la mano de obra extranjera. "Los empleos que el gobierno considera de 'baja cualificación' son vitales para el crecimiento y la estabilidad de las empresas. Con esta medida se amenaza el suministro de todo el personal que necesitamos para ofrecer a la ciudadanía los servicios de los que depende", manifestó Tom Hadley, director de la empresa de búsqueda laboral Recruitment and Employment Confederation.
La patronal más importante del Reino Unido, CBI (Confederación de la Industria Británica), se mostró más prudente en sus críticas a las medidas anunciadas por el gobierno. Sin embargo, su presidenta Carolyn Fairbairn alertó sobre "las dificultades que tendrán algunas empresas para contratar al personal que necesitan para seguir activas".
Por su parte, una funcionaria responsable del principal sindicato del sector público, Christina McAnea, señaló que estas medidas "causarán un desastre absoluto en el sector de la salud", ya que no se dispondrá de personal suficiente en el Reino Unido. El Servicio Nacional de Salud presenta graves carencias desde hace más de una década, sobre todo en cuanto infraestructura y personal médico.
La vocera de Interior de la oposición laborista y primera diputada negra en la historia de Reino Unido, Diane Abbott, remarcó el cinismo que encierra el anuncio del gobierno. "La mayoría de la gente que viene hoy al Reino Unido ya habla inglés. ¿Vamos realmente a vetar a genios de las matemáticas porque su nivel de inglés no sea aceptable? Es una medida inhumana y dañina", manifestó.
