Desde septiembre del año pasado, todo el misoprostol que se utiliza en la salud pública santafesina es producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). La sociedad del estado provincial comenzó con estudios previos en 2013 y desde principios de 2018 empezó a producir esta droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud, que se utiliza para interrumpir embarazos de manera segura y ambulatoria. La producción pública de esta droga baja los costos de manera drástica –un 80 por ciento menos que el comercial- pero tiene todavía tiempos que cumplir para ser distribuido en todo el país: tiene que terminar un período de estabilización para que, recién ahí, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica comience el proceso de autorización.

“Desde el ministerio estamos apoyando en todo lo necesario para que el LIF pueda tener lo que se llama tránsito federal, una autorización del ANMAT para vender a otras jurisdicciones. Es una evaluación que se hace del laboratorio, están en proceso, pero hay tiempos que cumplir”, explicó la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, sobre el proceso. Mientras tanto, como la nueva gestión no encontró stock de esta droga que se utiliza para las Interrupción Legal del Embarazo (ILE), realizaron una comprar de urgencia en el mercado, a Domínguez, el único laboratorio que lo provee. Al mismo tiempo, comenzaron las gestiones para comprarle 16.000 dosis al Fondo de Población de Naciones Unidas, una partida que llegará a mitad de año, aproximadamente.

Cada dosis son doce pastillas, que se pueden tomar por vía sublingual o vaginal (hay que elegir una forma para el tratamiento completo), por intervalos y que interrumpen el embarazo sin ninguna complicación ni necesidad de internación durante el primer trimestre. “Es un tema prioritario. Si sale todo bien con el LIF para este año, lo pueden inscribir y hay que ver capacidad de producción. La apuesta es al LIF y al Fondo de Población, porque en la medida que aumenta la disponibilidad aumenta la demanda, y por lo tanto necesitamos tener buena provisión”, aseveró Isla, quien subrayó que a partir del conocimiento público de la posibilidad de interrupción “con el marco de Protocolo, y la despenalización social del aborto, hay una fuerte demanda en los centros de atención y si hay un marco regulatorio que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, sin dudas va a aumentar.

La del LIF es la primera producción pública del país y es de distribución gratuita, el LIF no la destina a la venta en farmacias. Abarca los formatos oral y vaginal. Fabricar los primeros dos lotes tuvo un costo de 73 pesos por comprimido, un 80 por ciento menos del valor de los productos comerciales de laboratorios privados. En declaraciones de enero pasado, al salir de la reunión del Consejo Federal de Salud, el ministro de Santa Fe, Carlos Parola, aseguró que el LIF tiene “de sobra para venderles a las provincias y a Nación”. Es que ya tiene un stock de unos 170.000 comprimidos, que supera siete u ocho veces lo que consume anualmente la provincia.

Hasta ahora, todas las provincias y Nación deben asistir al mercado, donde la única presentación dedicada (sólo con misoprostol) es del Laboratorio Domínguez. “Es excelente que vos tengas un medicamento de la lista de medicamentos esenciales que se produce por un laboratorio público, con calidad y lo puede vender a otros Ministerios de Salud a un costo que resulta absolutamente efectivo”, dijo la investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y Conicet, Mariana Romero.

Mientras tanto, desde octubre de 2018 se puede comprar en farmacias bajo receta archivada el MISOP 200, la droga del Laboratorio Domínguez que se vende a 4800 pesos la presentación de doce comprimidos. Hasta entonces, las personas gestantes debían ir a comprar Oxaprost, que se presenta con 16 comprimidos, y que también contiene diclofenac, una droga para nada necesaria en el proceso. El laboratorio Beta cambió la presentación en 2015, y subió el precio de manera sostenida, al punto que hoy se pagan casi 7000 pesos por 16 comprimidos. De todos modos, muchas personas desconocen que existe el MISOP 200, y a un precio mucho más accesible.

“Nosotros hicimos una presentación por abuso de posición dominante en la Secretaría de Defensa de la Competencia y en Laboratorio Beta, y hace un par de semanas nos notificaron el archivo de la denuncia, al considerar que las prácticas denunciadas no habían sido acreditadas y que los aumentos de precio habían sido autorizados por la Secretaría de Comercio”, puntualizó Andrés López Cabello, abogado del CELS. Junto a la abogada Luciana Sánchez apelaron esa resolución, y será la Cámara Civil y Comercial la que deba expedirse. “Lo que queremos, a partir de varios elementos del derecho a la salud, entre ellos la accesibilidad, es que el Laboratorio Beta sea sancionado, para que se demuestre que no se puede jugar con el precio de los medicamentos y la salud de las mujeres”, expresó López Cabello.

Mientras los avances sociales y gubernamentales son imparables, los sectores antiderechos insisten en obstruirlos. Por un lado, el llamado bloque celeste de la provincia de Santa Fe –la bancada se llama Somos Vida y Familia- presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados provincial en el que “alerta sobre la comercialización de la pastilla abortiva y piden informes sobre los recursos que se pretenden destinar y también si el LIF ha dejado de producir medicamentos esenciales y prioritarios”. Parten de una falacia: el LIF no comercializa las pastillas.

Al mismo tiempo, los sectores antiderechos juegan otra ficha en la justicia: el 5 de diciembre pasado la jueza federal Cecilia Madariaga Gilardi de Negre hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la organización Portal de Belén (PdB) y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci), y ordenó la suspensión de la venta de MISOP 200. Ante la apelación de ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, pocos días después, el juzgado en lo contencioso administrativo federal N°11 concedió el efecto suspensivo a la medida cautelar que prohibía la venta de misoprostol en farmacias. “En la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la sala III, se está discutiendo solamente la cautelar. Después está la discusión de fondo, que se mantiene en el juzgado 11. Nosotros como CELS nos presentamos en el juzgado en noviembre, antes de que se dictara la cautelar, y manifestamos que, al tomar conocimiento del caso, y por tratarse de una acción colectiva, queríamos participar”, clarificó López Cabello. “Queremos ser parte, porque quienes impulsan esta acción colectiva se arrogan la representación de un colectivo de mujeres usuarias de misoprostol, para restringir los derechos de este colectivo. La jueza corrió traslado al Estado y la ANMAT, pero todavía no resolvió”, dijo el letrado y adelantó que irán a pedir que resuelva pronto, para poder ser parte del proceso judicial.