Detrás de la fachada de “Le Brique”, donde empezó el ataque que desembocaría en el asesinato de Fernando Báez Sosa, hay una sociedad off shore radicada en Uruguay, lo que implica que debajo de esa cáscara hay un agujero negro con responsables difíciles de identificar. El inmueble donde por años funcionó el boliche fue transferido en 1997 a una sociedad uruguaya llamada “Launert Realty Sociedad Anónima” constituida con el régimen conocido como SAFI. Tiene domicilio en la calle Viamonte 611 piso 6º “G”, donde funciona un centro de dermoestética llamado “EstheticBa”, que no figura en la base de datos de contribuyentes activos de la AFIP ni reporta ninguna inscripción que responda al presidente del directorio de la sociedad, un tal Angel Elías Diggiuseppe. Estos datos surgen de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que decidió abrir una investigación sobre “Le Brique” tras constatar estas primeras particularidades sobre su conformación y el hecho de que “jamás cumplió con la disposiciones ni con el régimen informativo previsto por las resoluciones generales número 7/2005 y 7/2015 referidos a sociedades originadas en paraísos fiscales”. Los mecanismos de ocultamiento de los propietarios en este tipo de negocios se suelen utilizar para tratar de eludir responsabilidades patrimoniales y legales en general.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, ya había tenido la experiencia –a su paso por el organismo entre 2003 y 2005— en haber detectado que Cromañón también había intentado camuflar a sus dueños en una SAFI uruguaya (sociedad anónima financiera de inversión) llamada Nueva Zarelux SA. Después del asesinato de Fernando un mes atrás, advirtió que en nombre de Le Brique sólo hablaba un “representante”. Quien aparecía como encargado del local es Fernando Sánchez Carretero. La clausura del boliche, con la intervención del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, obedeció a la infracción a la ley de nocturnidad que prohíbe la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar que superen los 350 mililitros de capacidad. Pero los numerosos relatos que se conocieron después del homicidio de Báez Sosa, también dan cuenta de esas y otras anomalías conocidas en locales gesellinos, como el ingreso de menores de edad y la falta de control sobre el número de personas que ingresaban, se sospecha que después de las dos de la mañana, cuando ya no debe entrar nadie. A partir de todo esto se abrió el gran interrogante sobre los dueños de Le Brique y su responsabilidad en los hechos ocurridos fuera de sus paredes, dado que todo el episodio que terminó con el asesinato había comenzado con una discusión y amenazas adentro del boliche cuyos supuestos protagonistas fueron echados por patovicas a la calle.
La querella de la familia de Fernando ya había advertido que planea demandar al Municipio y posiblemente a Le Brique. El informe de la IGJ le sumaría elementos. “Existe una total opacidad en torno a la sociedad que es propietaria del establecimiento de Le Brique sito en avenida Nº 3 y avenida Buenos Aires, de la ciudad de Villa Gesell, provincia de buenos Aires, así como respecto de la titularidad del inmueble en el cual dicho local funciona…”, dice la resolución, a la que accedió Página/12. En el texto Nissen se anima a decir que los titulares y/o explotadores de “Le Brique” tenían que brindar “debida protección a sus asistentes, tanto a sus personas como a sus bienes, en virtud de la denominada obligación tácita de indemnidad” que se aplica en el “acceso, permanencia y egreso de los eventuales concurrentes”. Por eso, anticipa, los “terceros damnificados por el obrar comisivo u omisivo desarrollado en el marco del evento bailable” merecen acceso a toda la información sobre quienes deberían responder legalmente.
En un primer análisis de los antecedentes disponibles sobre “Le Brique” la IJG advierte situaciones irregulares:
· La sociedad original, All Right Sociedad de Responsabilidad Limitada se constituyó en 1990 y su última inscripción en el registro público de la IGJ fue en 1995, cuando se anotó una última cesión de cuotas sociales. Después de casi 25 años no hubo nueva inscripción.
· De acuerdo a los últimos datos, el capital social actual es “absolutamente insuficiente”: 100 pesos, dividido en 1000 cuotas sociales de diez centavos cada una, cuyos últimos socios registrados como tales en la IGJ son Aníbal Gerardo Leguizamón, Ricardo Néstor Scodelaro, Marcelo Fabián Vázquez, Nelson Alejandro Valimbri y Daniel Gustavo Vázquez , titulares cada uno de 200 cuotas sociales. Vázquez figuraba como gerente.
· El inmueble donde funcionaba el boliche fue adquirido por uno de los socios originales, Daniel Fernando Cassola, “para y con dinero de la sociedad All Right SRL, la cual aceptó la compra el 23 de abril de 1991, para luego ser transmitida, en el año 1997, a una sociedad off shore, denominada Launert Realty SA oriunda de la República Oriental del Uruguay, a cuya titularidad pertenece dicho inmueble al día de la fecha.
· Launert Realty SA fue anotado con el régimen de las llamadas SAFI, “clásica manifestación de las sociedades off shore, que fueran inscriptos por cientos en la República Argentina en la década del 90 del siglo pasado y primeros años del presente siglo, cuyo régimen legal fue finalmente derogado por Uruguay en 2012 por la pésima reputación de dichas sociedades en nuestro país, que se convirtió en sinónimo de fraude y simulación”, dice el documento de Nissen.
· “La sociedad Launert Reality SA fue inscripta en Argentina en los términos del artículo 118 de la ley 19550 al Nº 2738 del libro 54, tomo B del libro de Estatutos de Sociedades Extranjeras, pero jamás cumplió con la disposiciones ni con el régimen informativo previsto por las resoluciones generales 7/2005 y 7/2015 de esta IGJ, así como tampoco registró ningún cambio de representante” en el país. Pero el acta de directorio del 2 de noviembre de 1997 pone como domicilio Viamonte 611 piso 6 “G” y designa como representante en Argentina al “Sr. Angel Elías Diggiuseppe, de nacionalidad argentino, DNI 4.821.023”, a la vez presidente de la sociedad. En esa dirección funciona un centro de estética que no figura entre los contribuyentes de la AFIP “con inscripción que responda al DNI 4.821.023 de Diggiuseppe”.
Todo esto, concluyó Nissen, amerita que “esta IGJ proceda a realizar una profunda investigación sobre la integración actual de la sociedad All Right SRL” y la sucursal argentina de “Launert Reality SA”. Buscará identificar a sus verdaderos dueños y su real actividad. Este semana el organismo restituirá las restricciones al arraigo de sociedades off shore en Argentina –utilizadas, como es conocido, con fines de evasión y como en el caso de los boliches para eludir posibles responsabilidades-- que habían sido eliminadas por el gobierno de Mauricio Macri.