La muerte de siete niños (seis wichis y una criolla) entre enero y febrero generaron opiniones diversas. La mayoría ahistoricistas y que dejan de lado causas como el desmonte y los despojos a los que fueron sometidos incluso desde antes de la conformación del Estado Nacional.
Frente a ello, los miembros de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), dieron a conocer un pronunciamiento. En el escrito reconocieron que si bien hay una reacción a la emergencia, no hay respuesta alguna a los problemas estructurales que desencadenan estas situaciones.
“A raíz de la propagación mediática que cobraron las noticias de muertes por hambre de niños y niñas wichí durante los últimos dos meses, la grave situación en la que se encuentran las comunidades indígenas que habitan el Chaco salteño se ha convertido en un tema general de opinión pública", expresa el comienzo del comunicado.
Más allá de la emergencia, entendieron que “claramente, la alarmante pérdida de vidas de niños indígenas también está advirtiendo sobre la pérdida de recursos básicos –incluyendo las fuentes tradicionales de agua– y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente, tratándose de un indicador del abandono estatal y de violación de múltiples derechos humanos”.
Recordaron que las denuncias de la falta de garantías de derechos se realizan desde hace décadas desde sectores indígenas como académicos. “A pesar de la existencia de legislaciones propicias, las sucesivas administraciones gubernamentales y los sectores privados violan cotidianamente estas leyes, acrecentando la vulnerabilidad de dichas poblaciones. Estas prácticas son acompañadas por expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos –tanto del sistema político como del médico– que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas. De esta forma se fomentan discursos que naturalizan las situaciones por las que atraviesan las poblaciones originarias, en vez de asumir una responsabilidad estatal histórica hacia las mismas”, indicó el pronunciamiento.
“Entendemos que la falta de reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas por parte del Estado-nación argentino, desde su conformación y hasta el presente, se expresa al continuar sosteniendo condiciones de explotación e insalubridad humana, generando desplazamientos forzados que tampoco garantizan condiciones básicas de vida”. En esta línea denunciaron y repudiaron “el agresivo avance de la frontera agropecuaria y la agroindustria que desmonta, fumiga, degrada los territorios indígenas, desaloja y despoja violentamente a las poblaciones. En este punto es importante dejar de lado la falacia que portan afirmaciones sobre el desarrollo de la gran industria agropecuaria: ‘desarrollo’ que más bien aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas”.
Entendieron que la única forma de dar respuestas adecuadas a esta situación es “no sólo aplicar las medidas que atienden urgencias, sino acompañar estos procesos a mediano y largo plazo. Ello requiere del involucramiento de los afectados, con protocolos de consulta y consentimiento válidos para las prácticas de los pueblos indígenas y la restitución de sus derechos”.
Sostuvieron que también es fundamental concretar la implementación de programas de reparación histórica de las vulneraciones de derechos para los pueblos indígenas de la totalidad de la provincia, ya que comparten estas realidades. “En esta dirección adherimos a la exigencia de la Mesa de Derechos Humanos de Salta sobre el rol urgente que deben asumir los organismos estatales en asegurar los derechos humanos que están siendo violados, en el marco de políticas públicas y planes de gobierno de largo plazo”, insistieron.
Al finalizar expresaron su compromiso por aunar esfuerzos entre instituciones y organizaciones “para aportar a la superación de estas realidades y al cumplimiento de normativas ya existentes”.
