Cincuenta comunidades kollas de Santa Victoria Oeste, Nazareno y Los Toldos han iniciado una demanda colectiva en 2013 para el reconocimiento de la propiedad comunitaria que sigue sin resolución. Reclaman un título único de 250 mil hectáreas. Por eso, esta semana hubo una reunión en la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, que después manifestó su apoyo.  

El presidente de la comisión, Walter Cruz, recibió al intendente de Nazareno, José Yugra, a la referente de gestión de tierras de la asamblea de las comunidades, Asunción Mamaní; al delegado del Consejo de Participación Indígena y presidente de la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, Elpidio Carrazana; a la abogada Cecilia Jezieniecki y el abogado Rodrigo Solá (representantes legales de las comunidades). Participaron el senador Carlos Ampuero y el diputado Francisco Acosta (legisladores del departamento Santa Victoria).

Las comunidades vienen trabajando desde 2005 en un proyecto de regularización de tierras al que nombraron en quechua Kay Pacha (mi tierra uno). Solá planteó que la primera parte consistió en el diagnóstico de la situación, la mensura y el censo de las comunidades. La segunda parte contemplaba el inicio del juicio de reconocimento territorial solicitando que se cumpla con el artículo 75 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (de rango constitucional) y el Código Civil de la Nación.

La mensura y revisión técnica se hicieron con fondos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. "Con un subsidio que se entregó en su momento en 2006 antes de que se apruebe la ley 26.160", sostuvo Solá.

Además contó que pidieron una audiencia para marzo con el gobernador Gustavo Sáenz, pero no les contestaron aún.

Dilaciones de la justicia

La denuncia se presentó primero durante 2013 en el Juzgado Federal 1 de Salta a cargo de Julio Bavio, quien se declaró incompetente y giró el expediente en el mes de abril a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En septiembre de 2015 el máximo tribunal también se declaró incompetente y lo envió a la Corte de Justicia de Salta, que a su vez remitió la causa en 2016 al Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de la Dra. Silvia Longarte, donde se encuentra actualmente. 

Solá sostuvo que el Juzgado Contencioso Administrativo "tuvo muchas dilaciones, pidió documentación que ya se había presentado. Hay bastante morosidad, cada vez que se presenta un escrito demora 6 o 9 meses en resolver". Junto a la abogada,  entienden que “por la falta de avances existe denegación de justicia”.

El abogado explicó que las 250 mil hectáreas que reclaman las comunidades tienen una titular registral ya fallecida, Hortensia Figueroa de Campero, a cuyo nombre figura la cédula parcelaria. Hay herederos que iniciaron a la vez un juicio sucesorio pero sin resolución desde la década del 80. 

En la visita que hizo la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda a Salta, Solá detalló que le entregaron documentación sobre la causa y la respuesta fue que el organismo va a evaluar la situación. En marzo, Solá y Jezieniecki harán otras presentaciones solicitando que el juicio avance y esperan contar con la participación del INAI.

Apoya la Comisión de Asuntos Indígenas

Solá explicó que la reunión en el Senado fue la continuidad de otro encuentro que se produjo el sábado pasado en la Quiaca entre referentes de 80 comunidades originarias con los intendentes Virgilio Mendoza de Los Toldos, José Yugra de Nazareno y Víctor Quispe de Santa Victoria Oeste; también con el senador Ampuero y el diputado Acosta. El abogado consideró importante el apoyo político y sostuvo que es "un avance" que se "involucren con la restitución de tierras de Santa Victoria", del mismo modo que puedan gestionar un acercamiento con el gobierno de la provincia.

"Están dadas las condiciones para que la justicia avance y se dé la restitución" del territorio. Con las herramientas de la Cámara de Senadores apoyaremos a las comunidades", afirmó Cruz a Salta/12.

"No podemos entrometernos en el Poder Judicial pero podemos ayudar a completar documentación, hablar con autoridades del gobierno para ver otras líneas de trabajo. Pondremos a disposición las herramientas del Senado para la situación de prueba", sostuvo Cruz. Mencionó que las comunidades reclaman un título único de propiedad comunitaria que les permitiría usar libremente como zonas comunes las áreas de pastoreo, tomas de agua y caminos.

El senador planteó que hay un vacío legal respecto a la restitución con títulos para las comunidades. Dijo que el Estado Provincial y el Nacional deben trabajar en esto. Aseguró que desde la Cámara van a evaluar soluciones alternativas y contó sobre otras experiencias en Iruya donde la Provincia expropió tierras a titulares registrales para luego donarlas a las comunidades y también el caso de  Finca Santiago donde Nación hizo la restitución.

Por último, el abogado Solá dijo que "en estos años hubo reuniones con Juan Carlos Romero y con Juan Manuel Urtubey pero no hubo solución".  Recordó que en 2015 se aprobó una ley para expropiar las tierras de Santa Victoria pero no se implementó porque no hubo consulta previa a las comunidades indígenas  y no coincidía con el planteo de propiedad comunitaria que solicitaban. "Si hubiera habido consulta podría haberse llegado a una solución consensuada. Las comunidades no están cerradas a esas posiblidades", sostuvo.