Maya Cikurel Spiller, pareja del designado ministro de Educación de Uruguay, fue detenida por sus vínculos con la trama internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Spiller, una contadora uruguaya de 46 años, fue detenida el miércoles en Colonia cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, debido a que sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol.
La mujer está requerida por la justicia panameña para declarar en la investigación relacionada con Arcadex Corporation, una empresa con sede en Belice que habría sido utilizada para el pago de sobornos en Panamá. El caso involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Según informó el diario uruguayo El País, el pedido de Interpol fue hecho por un delito "contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales". Spiller fue trasladada a Montevideo, donde ya declaró ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner.
En el mediodía de este jueves la jueza María Helena Mainard dictó prisión domiciliaria por 60 días para Spiller. Además estipuló el cierre de fronteras por el mismo período de tiempo así como la entrega de su pasaporte, confirmaron fuentes de la Fiscalía. Panamá tiene ahora 60 días para solicitar su extradición.
Consultado por los medios, Da Silveira -quien asumirá como ministro de Educación y Cultura en la asunción del nuevo gobierno el 1° de marzo- dijo que si bien está convencido de la inocencia de su pareja, no hará declaraciones públicas para no interferir con la Justicia. Agregó además que los hechos que se le imputan datan de antes de que ambos se conocieran. Según el diario local El Observador subrayó que Cikurel "está vinculada con una serie de empresas que eran controladas por Odebrecht y desde las que se realizaron transacciones hacia Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal".
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que la empresa pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá. Odebrecht, que llegó a Panamá en 2006, fue durante años el principal contratista del Estado y ejecutó importantes obras como el paseo marítimo de la capital, la ampliación del principal aeropuerto del país y las dos líneas de metro.
A diferencia de otros países sudamericanos como Brasil, Perú o Ecuador, que vieron a políticos y funcionaros de primer nivel renunciar o ser encarcelados por episodios de corrupción vinculados a la constructora, en Uruguay la clase política gobernante ha evitado grandes denuncias. Sin embargo, según El País, la conexión entre Odebrecht y la Banca Privada dÁndorra, encargada de pagar los sobornos, pasa por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
La Policía del Principado califica el papel de este exdirectivo de “clave” y le sitúa en la creación de la alambicada madeja mercantil que tejió la constructora brasileña para desembolsar comisiones millonarias a funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. Betingo actuó como “persona de contacto” entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues, según los investigadores.
