El oficialismo vivió como un éxito que el FMI declare la insustentabilidad de la deuda. Puede parecer raro festejar una insustentabilidad, pero para el Ministerio de Economía era el primer objetivo a cumplir. El dato más importante fue que el organismo dijera que la insustentabilidad no era sólo económica, sino también “política”, dicho de otra manera que no existe margen social para ajustar más. También que agregase que los acreedores privados deberán asumir una actitud “colaborativa” en la renegociación, es decir asumir una quita cuya forma se verá, pero que no necesariamente significará una pérdida.

¿Cuál sería la novedad? ¿El Fondo le quiere “cargar el muerto” a los privados? ¿Existe una novel actitud colaborativa del organismo con los odiados gobiernos populistas? A no equivocarse, no existen intereses contrapuestos entre el FMI y los acreedores privados. Los más de 44 mil millones de dólares prestados al gobierno de Mauricio Macri sirvieron para financiar la salida de los capitales especulativos a cambio de dejar una deuda impagable en tiempo y forma. Los técnicos del organismo no son ortodoxos obtusos, desde el minuto cero sabían que el préstamo era insustentable. Ya a partir de fines de 2018 los informes de las misiones que controlaban la evolución de la economía local recurrían al eufemismo de que la deuda era “sostenible, pero no con una alta probabilidad”. ¿Alguien en su sano juicio podía creer que los multimillonarios vencimientos en moneda extranjera de 2021 y 2022 eran pagables? La deuda fue estructurada para ser renegociada, para que el crédito puente inicial se transforme en otro de facilidades extendidas que supone “reformas estructurales”, es decir, continuar con las viejas políticas de ajuste fiscal, destrucción del aparato de Estado y cambios en la legislación laboral favorables al capital. El objetivo del FMI siempre fue y es la imposición de políticas para sostener la extracción del excedente de divisas que el país genere y políticas que impidan una transformación de la estructura productiva, es decir de la inserción internacional.

Seguramente, si en las pasadas elecciones se hubiese impuesto el macrismo, el descripto habría sido el camino de la renegociación: usar el remanente no desembolsado del acuerdo Stand by por casi 10 mil millones de dólares para pagar a los privados y avanzar hacia una renegociación con ese pago inicial más un acuerdo de facilidades extendidas. El pago de 10 mil millones hasta fue publicado como primicia por los operadores de la prensa hegemónica. Pero el FMI supo leer el cambio en las relaciones de poder en Argentina y la posibilidad cierta de un default que, al parecer, no le conviene a nadie. O quizá sí, pero no al Fondo.

Cabe preguntarse qué tendría más costo político para el organismo ¿la declaración de insustentabilidad de una deuda apenas dos años después del otorgamiento del mayor crédito de su historia o un default liso y llano? De lo que no cabe duda alguna es que, en términos de sus contenidos explícitos, su programa “fracasó”. Una vez más, y como cualquier economista intelectualmente honesto podía prever, la intervención del Fondo agravó la situación de la economía en general y de la deuda en particular. Su función nunca es brindar esas soluciones.

Lo que hay es un cambio de estrategia del organismo que dejó muy mal parado a los representantes del macrismo, quienes una vez más no supieron leer el escenario internacional y decidieron volver a jugar a favor de los intereses de los acreedores. A pesar de la gafe de Mauricio Macri, quien le echó la culpa de su fracaso y del megaendeudamiento a sus funcionarios, los representantes de “Juntos por el Cambio” siguieron la estrategia de decir que la deuda generada era irrelevante.

Los extraños números cambiemitas fueron tuiteados por el diputado Luciano Laspina después del discurso en el Congreso del ministro Martín Guzmán. El diputado afirmó que la relación deuda/PIB de Argentina era del “58 por ciento”, lo que la ubicaría en la media regional y por debajo de economías como la brasileña, que dicho sea de paso tiene el grueso de su deuda en moneda propia. Pocos días después el FMI sostuvo que la relación deuda/PIB era del 90 por ciento. Laspina también dijo que la vida promedio de la deuda era de diez años, otra falacia dado que el grueso de los vencimientos se concentran en 2021 y 2022.

Para el diputado cambiemita, entonces, el sobre-endeudamiento sería un invento y el problema sería “la anomalía argentina”, especialmente por la reputación perdida en 2005 y por enfrentar a los buitres. Otra vez, ellos no fueron. Para terminar, Laspina volvió a sugerir el fallido programa que aplicó su gobierno. Más arriesgado fue el ex ministro de la primera Alianza, Juan Llach, quien afirmó en la misma red social que el FMI “le soltó la mano” a Macri igual que al gobierno que integró. Para el siempre difuso mundo cambiemita prestar 44 mil millones en dos años y financiarle la campaña electoral más cara del mundo equivaldría nada menos que a soltar la mano.

La realidad de la deuda macrista es bien diferente. De acuerdo a los números del Ministerio de Economía, entre 2015 y 2019 la deuda pública bruta pasó 240.665 a 323.177 millones de dólares, un aumento del 34 por ciento que, sin embargo, y aquí está el verdadero problema, se explica en su totalidad por el aumento de la deuda en moneda extranjera, la que paso de 166.762 millones de dólares a 251.448 millones en el mismo período, una suba de más del 50 por ciento.

Si estos números se descomponen entre deuda con organismos y deuda con los acreedores privados, despejando de paso la deuda intra sector público, los números son los siguientes. Con los organismos financieros internacionales los pasivos se fueron, siempre para el período 2015-2019, desde 102.933 a 194.298 millones de dólares, un aumento del 89 por ciento. Con los privados la deuda pasó en el mismo lapso de 56.018 a 118.481 millones de dólares, un aumento del 111,5 por ciento y el 80 por ciento denominada en moneda extranjera. Pero para el ex oficialismo no hubo sobreendeudamiento. Lástima el detalle de la insustentabilidad.