La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el próximo miércoles el proyecto que impulsa el gobierno nacional para eliminar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial. El oficialismo ya adelantó que no le cambiará una coma al texto normativo. Esto generó resistencias, sobre todo en los tribunales, que van más allá de la disputa por la constitucionalidad o no de la norma. En ese contexto, algo más de treintena de funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales en condiciones de jubilarse, están renunciando al solo efecto de evitar ser alcanzados por la nueva ley. La lista promete ser mayor. En tanto, el propio presidente Alberto Fernández salió a defender la medida: “Lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema. No me parece feliz que los jueces me amenacen con que van a declarar la norma inconstitucional”, dijo durante una entrevista a la AM750.
Esta primera camada de renuncias está lejos de conmover a los funcionarios del gobierno nacional. La decisión de abandonar el cargo para garantizarse la jubilación se transforma en un virtual proceso de "autolimpieza" en el Poder Judicial porque se generan vacantes para designar nuevos magistrados, sobre todo en la estratégica Justicia Federal. Si bien en el Ejecutivo desmienten que este haya sido el objetivo de fondo de la medida, lo cierto es que muchos nombres incómodos para la actual gestión podrían dar un paso al costado, tanto en los juzgados de primera instancia como en la Cámara Federal. También en las fiscalías ante la Casación, donde circularon fuertes rumores de salida de algunos de sus integrantes.
Entre los jueces renunciantes figuran Rita Garese (Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales), Miguel Omar Pérez (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala III), Marcelo Díaz Cabral (TOF 5), Beatriz Bistué de Soler (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14), Silvia Ramond (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 37), Miguel Ángel Caminos (Cámara del Tribunal Oral en los Criminal y Correccional 3), Fernando Larrain (Cámara del Tribunal Oral en los Criminal y Correccional 2), María Cristina Bértola (Cámara del Tribunal Oral en los Criminal y Correccional 16), Juan Carlos Dupuis (Cámara Nacional en lo Civil Sala E), Carlos Alberto González (Cámara del Tribunal Oral en los Criminal y Correccional 20) y Jorge Adolfo López (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 30), entre otros. La nómina de los 17 fiscales incluyen a Raúl Plee, Marcelo Retes, Julio Piaggio, Pablo Quiroga y Marcela Sánchez.
Esta semana, la Ministra de Justicia, Marcela Losardo y el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni defendieron la iniciativa. Sin embargo, ante la escalada de resistencia fue el propio Presidente el que fijó posición y buscó mostrar firmeza en la decisión. “No es que me la agarré con los jueces. Lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema. No tengo un problema con los jueces. Son muchos más lo jueces honestos que los otros. Queremos poner igualdad en un sistema que no es igualitario”, dijo en una entrevista con AM750. Es más, el presidente afirmó que “no me parece feliz que los jueces me amenacen con que van a declarar la norma inconstitucional. Esto es maravilloso. Quieren resolver sobre sí mismos”.
“Están un poquito descolocados”, fue la frase lanzada por un importante funcionario de llegada directa al primer mandatario en diálogo con Página/12. Se refería concretamente a la Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Gallo Tagle y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (Affun), a cargo de Carlos Rívolo. Ambas organizaciones habían emitido un comunicado en el que aseguraban que el cambio propuesto es inconstitucional y afectaría la intangibilidad de los sueldos y, supuestamente , la independencia judicial. Horas después, se sumaron las voces de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quienes en una acordada firmada este viernes fueron en la misma dirección y con los mismos argumentos.
El propio Presidente explicó porqué considera que el argumento de la intangibilidad de los sueldos no tiene sustendo. Por un lado recordó que la Constitución obliga al Estado a respetar esos sueldos pero advirtió que se hizo por en otros tiempos el gobierno presionaba a los jueces con los salarios porque era el Ejecutivo el que los pagaba. "Entonces, lo que quiso la Constitución es que eso no sea un elemento de presión sobre los jueces. Pero ahora la realidad es que hoy los jueces se fijan su propio sueldo. Y se fijaron sueldos interesantes, eh. Además, la intangibilidad tiene que ver con los jueces que imparten justicia, pero si se jubiló ya no imparte justicia”, indicó Fernández.
“Lo único que estamos planteando es que sigan la lógica de todo el mundo. Cuando una persona se jubila se computan los últimos diez años y se hace un promedio. Los jueces no cuentan que el 82 por ciento móvil lo cobran sobre el bruto, con lo cual, en verdad, cobran el 92 por ciento móvil del sueldo neto”, advirtió el Jefe de Estado.
