La madrugada del 10 de octubre de 1975 un grupo de tareas integrado por seis hombres, cuatro con uniformes de Gendarmería Nacional y armados y dos de civil, irrumpió en la vivienda que Gustavo Medina Ortiz ocupaba con su familia sobre la calle Mendoza al 1511 de la ciudad de Salta. "Doctor, está detenido, nos tiene que acompañar", ordenó el jefe de la patota, un hombre de unos 40 años, de chaqueta azul. Esa fue la última vez que Medina Hoyos fue visto con vida. 

Pocas horas después, su mujer, Zoila Luz Hoyos Aguilera de Medina, se presentó en la sede de Gendarmería en Chachapoyas, en las afueras de la ciudad de Salta, como le había indicado el hombre de azul. Ahí escuchó que un gendarme comentaba que su marido "estaba molestando mucho". 

Medina Ortiz, de 37 años, había ingresado al país en agosto de 1971, huyendo de la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia. Para la Fiscalía, está claro que su desaparición se concretó en el marco del Plan Cóndor, una acción de colaboración represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. 

La investigación llevada a cabo en años recientes determinó que el hombre de traje azul era Juan Carlos Alzugaray, que por entonces era inspector en la Delegación Salta de la Policía Federal, aunque poco después (el 18 de noviembre de 1975) iba a dejar esta fuerza para pasar al Servicio Penitenciario de Salta, en calidad de alcaide, "lugar desde el cual continuó inmerso en el accionar represivo, teniendo un papel protagónico en la Masacre de Palomitas”, la matanza de once detenidos por razones políticas cometida el 6 de julio de 1976.

Alzugaray ya cuenta con condenas en relación al fusilamiento en el paraje Palomitas y por otras actos de represión cometidos como integrante de la Federal, donde ha sido señalado como uno de los que cometió abusos sexuales en perjuicio de detenidas políticas. Ahora está procesado por la detención ilegal y el homicidio de Medina Ortiz. La decisión, del juez federal Miguel Medina, fue confirmada esta semana por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, tribunal que también confirmó la falta de mérito dispuesta por el magistrado de primera instancia a favor del militar Luis Dubois, que en la década del 70 era oficial de logística del Destacamento de Exploracion de Caballería Blindada 141 del Ejército en Salta. 

Para la Fiscalía, como integrante de la plana mayor, Dubois participaba de las decisiones y era el encargado de hacer cumplir las órdenes y, por lo tanto, estaba al tanto del secuestro del abogado. Además, la Fiscalía razonó que la situación de Medina Ortiz no pudo pasar desapercibida para las autoridades militares que tenían un despliegue territorial importante en el noroeste argentino y “aceitados intercambios de información de inteligencia con las autoridades bolivianas”, incluso al punto de que militares argentinos de inteligencia adiestraron a bolivianos en técnicas de la lucha antisubversiva. Pero la Cámara consideró que en relación a Medina Ortiz no se ha podido probar que haya habido participación del Ejército. 

Terrorismo cotidiano

Los registros de la causa judicial permiten entrever el sufrimiento que padecieron el abogado boliviano y su familia desde su ingreso mismo al país. Ni bien llegó, vivió en un taller mecánico de propiedad de Constantido Paputsakis, a quien había conocido en Tarija. De ese lugar lo buscaba Gendarmería Nacional para detenerlo periódicamente, una práctica que seguiría luego, cuando ya con su familia se había instalado en la casa de la calle Mendoza. El propio Paputsakis comprobó que, a pesar de que los represores decían ser de Gendarmería, se movilizaban en un vehículo de la Federal. 

Hoyos Aguilera de Medina declaró que un mes antes del secuestro de su marido la vivienda familiar fue allanada por un grupo encabezado por el mismo hombre de azul que luego comandó la detención ilegal. Al día siguiente del allanamiento Medina Ortiz fue notificado para presentarse en sede de la Policía Federal, entonces ella reconoció al jefe del allanamiento, llevaba “chaqueta de uniforme de color azul”, y le hizo una advertencia a Medina Ortiz: “Yo le aconsejo que se vaya de Salta ya que viene una mano dura para usted”, le dijo. Esa noche el abogado quedó demorado en la depedencia policial. 

En Bolivia Medina Ortiz fue miembro de la Central Obrera Departamental (COD) y de la Asamblea del Pueblo y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había sido calificado por la dictadura boliviana como "altamente peligroso", por eso en Argentina estaba obligado a presentarse periódicamente ante las autoridades de Gendarmería Nacional. Invariablemente lo dejaban detenido, “lo dejaban por uno o dos días con alguna excusa" y cuando volvía "lo veía triste y taciturno”, contó su mujer, para quien su marido era sometido a algún tipo de tormento. 

Junto al también abogado Roberto Medina, en 1975 Medina Ortiz tramitaba una indemnización para los trabajadores de la empresa constructora Panobras. Según contó el primero, durante una reunión realizada el 8 o 9 de octubre de 1975 uno de los directivos de la firma, un militar retirado de apellido Valente, los maltrató y amenazó con “ponerlos inmediatamente en la frontera”. En esas condiciones, terminaron aceptando un acuerdo por un monto menor al 20% de lo que correspondía. Esa fue la última vez que Roberto Medina vio a su compañero y él mismo se fue de la provincia.  

La mujer de Medina Ortiz y su hija, Mirtza Medina Hoyos, declararon que poco después de la desaparición del abogado, Gendarmería Nacional informó a la Cancillería de Bolivia que Medina Ortiz no había sido secuestrado, sino que se encontraba detenido e incomunicado, pero luego esto fue desmentido por las autoridades argentinas que luego respondieron con evasivas a las consultas de la Cancillería boliviana.