El gobierno de la presidenta de Bolivia surgida tras el golpe de Estado, Jeanine Áñez, pidió este sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aparte a dos expertos argentinos del grupo que emitirá un nuevo informe sobre la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019. Se trata de Patricia Tappatá Valdez, directora del centro Internacional para la promoción de los DDHH-Unesco, y Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre torturas, ambos integrantes ahora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Los funcionarios habían sido designados por la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los hechos de violencia y la violación de derechos humanos durante los sucesos ocurridos en Bolivia desde la rebelión militar que culminó con la renuncia del ex presidente Evo Morales en noviembre pasado.
"Pedimos que se aparte a la señora Tappatá y al señor Méndez para que los bolivianos tengamos la tranquilidad y también el concierto internacional tenga la tranquilidad de que se va a hacer un informe apegado a la realidad", explicó el ministro de Justicia Álvaro Coimbra, durante una conferencia de prensa
"Además nosotros como Gobierno estamos aportando nuestro informe de Derechos Humanos que ya ha sido presentado y está siendo actualizando por la muerte de personas posteriores al informe", agregó Coimbra.
Será la segunda misión de la CIDH que visitará Bolivia por gestiones del gobierno de Áñez ante el rechazo al primer informe de una primera misión que calificó de masacre los hechos de violencia y muerte de Sacaba y Senkata, tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre.
En Sacaba murieron 10 personas por herida de bala, cuando intentaban junto a otros pasar un cerco policial-militar que les impedía ingresar a la ciudad de Cochabamba en defensa de Morales. Un operativo policial-militar en Senkata dispersó un bloqueo en la planta de hidrocarburos y acabó con la muerte de nueve personas por herida de bala.
Según Coimbra, Tappatá y Méndez "desconocieron la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia" y "calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de la gestión pasada como golpe de Estado", lo que demuestra --sostuvo-- falta de imparcialidad y "peligrosa tendencia política de ambos integrantes".
"No vamos a permitir que eso se politice, nosotros no estamos pidiendo que venga gente o expertos que tengan una posición a favor del gobierno, lo que estamos pidiendo es que nos den la certeza de que vamos a tener un informe lo más apegado a la ley y lo más objetivo para demostrarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó", remarcó.
Recordó que en su momento el ex presidente Morales pidió la renuncia del mexicano Arturo Espinoza de la comisión auditora de las elecciones anuladas del 20 de octubre. Ese funcionario fue apartado de la auditoría de la OEA por haber escrito un artículo sobre la "perpetuidad de Evo Morales".
El 24 de enero la CIDH presentó a los miembros del GIEI que investigará los hechos de violencia y la presunta violación de derechos humanos en Bolivia. Méndez, Tappatá, el británico Julián Burger y el brasileño Marlon Weichert fueron los elegidos para visitar el país andino.
El 2 de diciembre, el gobierno surgido del golpe de Estado suscribió un convenio con la CIDH para que este organismo realice una nueva visita "in loco" al país, con el fin de realizar una investigación más amplia de los hechos de violencia.
Por otra parte, luego de que un medio escrito los denunció porque pretendían cobrar una comisión del 10 por ciento por publicidad, dos funcionarios del Ministerio de Comunicación fueron aprehendidos por la policía. Pero la prensa hegemónica boliviana no informó de las detenciones ni difundió sus datos filiatorios completos.
Los dos funcionarios se encuentran, según Radio Éxito, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y esperan una imputación formal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El fiscal Alexis Vilela declaró que personas que trabajan en el medio escrito presentaron la denuncia ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Comunicación, y esta repartición la pasó inmediatamente a conocimiento de la Fiscalía. Los acusados fueron identificados como Henry M.D.M., quien se desempeñaba como director general de estrategias del Viceministro de Política Comunicacional, y Eugenio U., jefe de la Unidad de Difusión.
