Más allá de la General Paz y el Riachuelo, la realidad de los espacios culturales parece ser aún peor que la de la CABA. En la provincia de Buenos Aires ni siquiera existe una ley que regule específicamente su actividad, por lo que las ayudas por parte del Estado son escasas; Melina Pérez, referente de la Red Multicultural de La Plata, organización que surgió en la capital provincial al calor del impacto del tarifazo en la cultura, asegura que en los últimos años “tuvimos que suplir la ausencia del Estado con tareas de contención como ollas populares o roperos comunitarios” y agrega que “de más de 100 espacios registrados en 2016 pasamos a tener alrededor de 60 en la actualidad”.
"La Red Multicultural nació en paralelo con el comienzo del gobierno de Cambiemos; aunque ya existían coordinadoras de espacios culturales que venían discutiendo, la crisis económica nos llevó a acelerar los procesos", afirma Pérez en diálogo con Página/12. "La ola de despidos, la inflación, los tarifazos, repercutieron de manera directa no sólo en la capacidad de sobrellevar los espacios sino también a la afluencia de público a los eventos", añade. Por estas razones, más de la mitad de los centros culturales de la ciudad se vieron obligados a cerrar sus puertas en los últimos años, para dejar como saldo "la perdida de entre 200 y 300 puestos de trabajo, que generó a su vez que entre 1500 y 2000 niños, jóvenes y adultos queden sin poder asistir a las actividades".
Además, Pérez afirma que "desde su asunción, el intendente Julio Garro atentó directamente contra las lógicas de construcción popular, con una persecución sistemática y violenta, a través de clausuras y causas a nuestros espacios, sin explicaciones, lejos de toda normativa vigente y de manera discrecional". El 7 de junio de 2019, frente a la Municipalidad de La Plata, las autoridades municipales desalojaron de forma violenta una movilización organizada por la Red, llamada "Culturazo", que, entre otras cosas, reclamaba la reglamentación de la ordenanza municipal 11.301, aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre de 2015.
Esa ordenanza, cree Pérez, es "un hecho político y cultural histórico para los municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que nos reconoce como espacios culturales alternativos y crea el Registro de Espacios Culturales Alternativos, para nuclear y acompañar los procesos de regulación de cada sede". A nivel provincial no existe ningún tipo de legislación específica para los espacios culturales. Según Pérez, la ordenanza tiene “muchas similitudes con la ley de Espacios Culturales Independientes de Capital”, por lo que "es un gran desafío poder avanzar en un reconocimiento provincial. Necesitamos un Estado que acompañe el trabajo de los espacios de cultura autogestiva e independiente".
Informe: Santiago Brunetto.
