Agrotóxicos prohibidos en Europa y de uso libre en Argentina. Herbicidas e insecticidas a los que solo se les mide su toxicidad aguda (en el corto plazo) y no crónica (sostenida en el tiempo). Y 108 formulaciones “altamente peligrosas” que empresas multinacionales promocionan y comercializan en el país. Son algunos de los aspectos destacados en una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal). Además del famoso glifosato, denuncia el uso de los agrotóxicos atrazina, clorpirifos, paraquat, fipronil e imidacloprid, entre otros. Las empresas responsables: Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences y Atanor.

“Informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina”, es el título de la investigación de Rapal y de la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes (IPEN, por sus siglas en inglés). Son 170 páginas donde detallan Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) utilizados en la Argentina. Se define como PAP a los plaguicidas que presentan niveles elevados de peligrosidad aguda o crónica para la salud o el ambiente. Según la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) se precisa como PAP a los químicos que son perturbadores endócrinos, bioacumulables, muy persistentes en el agua, en el suelo o en los sedimentos, y tóxicos para los organismos acuáticos y para las abejas.

El trabajo alerta que, además de cultivos extensivos como la soja y el maíz, muchos plaguicidas se utilizan en actividades como la fruticultura y horticultura, lo que implica una gran exposición no solo de los productores y trabajadores sino también de los consumidores de frutas y verduras.

El informe toma como referencia a la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), que tiene registro de al menos 299 químicos peligrosos. El 42 por ciento de ellos (126 de esos productos) se utilizan en Argentina. Casi la totalidad (123) se utilizan en actividades agrarias y en “línea jardín” (uso domiciliario). Estos productos se expenden bajo diferentes nombres comerciales, que varían la forma de presentación y la empresa fabricante.

Si se contrapone el listado de agroquímicos con alguna prohibición y los que se utilizan en Argentina queda en evidencia la permisiva política nacional: en las provincias argentinas se usan 108 productos que cuenta con restricciones en el exterior. En la página 43 del informe de Rapal se detallan los herbicidas atrazina y paraquat, prohibidos en más de treinta países, entre ellos todos los de la Unión Europea. Syngenta (empresa de origen Suiza, adquirida por ChemChina en 2017) no comercializa atrazina en Suiza, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

“Hay una ‘doble vara’ de las empresas. Están prohibidos en los países de origen y aquí se utilizan dado la baja información, la poca presión de los consumidores y la escasa acción de los organismos estatales que deben evaluar, registrar y categorizar a los plaguicidas en la Argentina”, afirmó Javier Souza Casadinho, coordinador de Rapal y autor de la investigación.

Los agrotóxicos más utilizados y peligrosos son los herbicidas glifosato, atrazina y paraquat (utilizados en cultivos de soja, maíz, tabaco, entre otros). Los insecticidas cipermetrina, clorpirifos, fipronil e imidacloprid (utilizados en hortalizas, frutales, maíz). Y los fungicidas benomil y carbenzazin (fundamentalmente en hortalizas).

“Benomil y carbenzazin son alteradores de la reproducción y se utilizan mucho en horticultura, y es muy posible que lleguen a los consumidores”, explicó Souza Casadinho, que también es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA. Destacó que el fipronil y el imidacloprid, utilizados en hortalizas, frutales , soja y aún en mascotas, están prohibidos en Europa y son muy cuestionados por afectar a las abejas (polinizadores esenciales para la humanidad).

En la página 34 del informe se destacan las empresas productoras de plaguicidas altamente peligrosos en Argentina: Bayer/Monsanto (productoras de glifosato, inidacloprid, cipermetria, fipronil), Syngenta (atrazina, paraquat), Nufarm (imidacloprid), Atanor (glifosato, atrazina), Dow Agrosciences (clorpirifos) y Basf (Carbendazin), entre otras.

El trabajo denuncia la forma de autorización de los plaguicidas en Argentina. El Estado, a través del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos según la clasificación denominada “Dosis Letal (DL) 50”, que solo mide la toxicidad aguda de un producto en base a la dosis con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Nada establece sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestas a dosis pequeñas por largos periodos de tiempo o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se aplican durante meses o años.

El Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, los efectos endócrinos de los agroquímicos (alteración del equilibrio hormonal) ni las enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). El Senasa, que basa sus aprobaciones en informes de las propias empresas, tampoco tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua y suelos.

Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos: que se incluyan estudios de toxicidad crónica y afectaciones en el ambiente.