Un claro ejemplo de la administración macrista es lo que ocurrió con un provincia que no era manejada por Cambiemos y una ruta en la que aparecía una empresa "sospechada de kirchnerismo". Ocurrió con la Ruta Nacional 18, que atraviesa Entre Ríos, desde Paraná hasta Concordia. Es una ruta esencial y la licitación consistía en construir dos vías en cada sentido, algo fundamental.

Los trabajos estaban adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas integrada por CPC y Rovella Carranza, con un presupuesto aprobado de 1.380 millones de pesos. En febrero de 2016 la obra tenía un avance del 40 por ciento.

CPC es la constructora que encabezan Cristóbal López y Fabián De Sousa, de manera que por esa sola razón suspendieron las obras. Los trabajos no sólo se paralizaron, sino que se cajonearon los trámites pendientes y nunca se resolvieron. Pasaron casi cuatro años. Quienes estuvieron cerca del caso afirman que las autoridades simplemente dijeron "no está en nuestro interés" y levantaron hasta las inspecciones, o sea que sacaron a la persona encargada de evaluar los avances.

El informe de Vialidad dice: "obras paralizadas sin ningún trámite técnico asociado". O sea, sin ninguna justificación de ninguna naturaleza. Ni siquiera se adujeron sobreprecios o maniobras de alguna índole. Tampoco se hizo una presentación judicial ni se cuestionó nada de la licitación o los contratos. Desde febrero de 2016, nada de nada.

Lo asombroso es que CPC-Rovella Carranza tenía un tramo de un total de tres, pero la administración macrista --sin la menor explicación-- también frenó los otros dos tramos, incluyendo uno más chico de Iecsa, la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra.

La paralización no es neutra. No significa que se frena y las cosas quedan como en 2015, con el 40 por ciento construido, y listo para retomarse. El paso del tiempo, en este caso cuatro años, produce un verdadero desastre ya que va deteriorando los terraplenes, alcantarillas y cualquiera de las construcciones iniciales. Para preparar la capa de asfalto, hay que compactar la tierra con maquinaria, porque caso contrario, sin una base firme, en el asfalto se marca la huella y se requebraja. Poner la obra en marcha significa un nuevo proyecto y los especialistas evalúan que la hecatombe producida por Cambiemos termina suman un 70 por ciento al costo de la base.

En Entre Ríos sólo hubo otra obra adicional: el acceso a localidades como Hernandarias, un puente sobre el arroyo y la pavimentación de algunos caminos rurales. Esa obra se continuó un tiempo porque, según dijeron, "nos importa construir cerca de las poblaciones". Eso hizo que se concretaran obras cerca de las ciudades, pero no en el trayecto completo. Aun así, desde hace un año y medio que no se hace nada y el argumento es que "está pendiente de aprobación una modificación de la obra".

No se explica por qué no pudieron resolver la modificación en un año y medio y de inmediato surge que o bien se trata de un argumento mentiroso --lo más probable, no querían poner ni un peso por el acuerdo con el FMI-- o la ineficiencia fue descomunal.