Los movimientos sociales calificaron como “fundamental” la sanción de la ley de Góndolas, que el Senado va a tratar esta semana. “El mercado de los alimentos está manejado por entre 5 y 10 empresas que, en connivencia con las cadenas de supermercados, fijan los precios según sus intereses”, señaló Federico Fagioli, diputado del Movimiento Popular La Dignidad.  Para Eva Verde, referente de Economía Popular del Frente Darío Santillán, la ley “va a incentivar el desarrollo de Pymes y cooperativas, aunque quedará pendiente la discusión sobre la calidad nutricional de los alimentos que se obtienen en las grandes superficies” comercializadoras, mayoritariamente ultraprocesados. Lautaro Leveratto, del MTE Rural, explicó que es un mito que la economía popular no pueda producir a escala: “en el MTE Rural producimos el 70 por ciento de la cebolla que se consume en la Argentina”.

El proyecto tuvo media sanción de los Diputados a fines de noviembre, pero desde entonces la discusión no avanzó por presiones de los sectores concentrados. El dictamen para que sea tratado en el Senado fue firmado el martes pasado con el aval del Frente de Todos, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio alegaron que era necesario más tiempo para escuchar a los actores involucrados.

El texto que debatirán los senadores establece que una marca no podrá ocupar más del 30 por ciento del espacio de la góndola, que deberá compartir con otros productos de similares características. La oferta de cada producto deberá incluir cinco proveedores o grupos empresarios. Esto apunta a romper la concentración del mercado de los alimentos, que en el país es liderado por compañías como Coca-Cola, Danone, el Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez (ex Kraft) y Bagley. En el caso de la leche, la posición dominante de La Serenísima le permitió aumentar al doble el precio en un año.

El proyecto busca que a los supermercados lleguen otras marcas y la producción de pequeñas y medianas empresas. En el caso de las PyMEs, fija que los supermercados deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de sus productos y un 5 por ciento adicional para los originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.

“Para nosotros es un paso más: vamos a poder incorporar productos de la agricultura familiar y la economía popular a los grandes supermercados. Eso no quiere decir que haya que abandonar los circuitos de cadenas cortas, de ferias que hacemos las organizaciones. Pero va a mejorar nuestras posibilidades de comercialización. Las organizaciones de pequeños agricultores pueden llevar la línea de hortalizas, hay fábricas recuperadas que elaboran alimentos secos y hay producción de enlatados”, señaló Leveratto.

Esta reglamentación regirá para las 13 grandes cadenas de supermercados que operan en el país (aunque sólo para sus locales de gran tamaño). En el debate en Diputados la estimación que hicieron los oradores fue que la competencia podría generar una baja de los precios de entre el 25 y 35 por ciento.

Para Eva Verde, referente del Frente Darío Santillán e integrante del equipo que está trabajando en la Secretaría de Economía Social, la ley va a ser “un freno” a los manejos oligopólicos de los precios. “Otra discusión todavía pendiente hace a la calidad de los alimentos que se obtienen en las grandes superficies. Vemos que están de moda las ferias y los almacenes populares, ¿por qué? Porque en Argentina además de estar en emergencia alimentaria , año tras año crece el índice de obesidad y diabetes, enfermedades asociadas directamente al consumo de alimentos ultraprocesados. Tenemos que repensar la manera de consumir y producir. Por la cantidad de plástico que utiliza la industria alimenticia. O la cantidad de kilómetros que recorre un tomate para llegar de Mendoza a Buenos Aires o la lechuga de Mar del Plata a Santa Fe. Es ridículo, es un negocio montado para los intermediarios. Cómo producir, cómo vender, cómo promover el acceso a una alimentación sana, saludable y soberana generando trabajo digno, es parte del mismo debate que tenemos que darnos como sociedad”.

Fagioli, que asumió como diputado en diciembre, apuntó que el proyecto aborda la cuestión de los plazos de pago a los productores y el apoyo del Estado. “Primero hay que abrir el mercado para que PyMEs y cooperativas lleguen a las góndolas. Luego, y la ley lo dice, el Estado tiene que potenciar y fortalecer a los pequeños productores para que amplíen su escala. En las ferias itinerantes que hoy estamos realizando los movimientos populares llevamos leche a muy bajo precio. Toda es producida por cooperativas. Entonces, si generás las condiciones, la cooperativa o el pequeño productor van a aumentar su producción; ahora, si dejás al sistema como está, sin que abra la posibilidad de mostrar otros productos, o con un sistema de pagos a los productores diferido a 180 días… eso impide el crecimiento. El sistema que hoy tenemos está hecho para que las PyMEs y cooperativas no puedan producir. Si permitimos que sus productos lleguen a la góndola, cambiamos el sistema de pago de los supermercados y, sobre todo, si tenemos un Estado presente, que los fortalezca, la escala de producción va a aumentar. Y van a generarse puestos de trabajo, lo que no es un detalle menor”.