“Mandé a pedir que me dijeran si otras escuelas también tienen un alambrado alrededor y me dijeron que era incongruente con la causa”, señaló en diálogo con Página/12, Patricia López Vergara, titular del juzgado Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza tiene a su cargo la causa por la situación de la escuela primaria y el jardín de infantes del Polo Educativo Mugica, que desde mediados del 2019 está rodeado por un alambrado que bloquea el acceso a las puertas de ambos establecimientos .
“La comunidad escolar está atenta y espera respuestas”, advirtió Gabriela Vestel, abogada de la asociación civil que inició los reclamos. Siete meses después de la aparición del alambrado y a pocos días de que comience un nuevo ciclo lectivo, docentes, padres y alumnos esperan una resolución.
En noviembre de 2019 la jueza López Vergara solicitó información al Ministerio de Educación porteño para saber “cuántas escuelas de la ciudad se encuentran alambradas alrededor de todo su perímetro”. El Gobierno de la Ciudad rechazó el pedido por considerar que “contraviene el principio de congruencia” y que “no guarda relación con el objeto de autos”, tal como indica la resolución presentada por la jueza.
López Vergara apeló el rechazo del Ejecutivo a responder y dio un plazo de diez días para que la Ministra Soledad Acuña brindase la información. Esta resolución la emitió el 18 de diciembre, un día antes de acudir al Polo Educativo Mugica para realizar una inspección ocular del lugar. “Yo puedo ponerme a recorrer cada escuela de cada barrio de la Ciudad, pero existiendo el derecho a la información pública, no me corresponde hacerlo”, señaló la jueza. Desde el término de la feria judicial está a la espera de una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad, para poder dar cauce a la investigación sobre el alambrado que, según los denunciantes, "pone en peligro la seguridad de los chicos de la escuela", al bloquear la calle que permite el acceso de los vehículos hasta la puerta de los establecimientos.
“Si fuera un colegio de zona norte seguro sacan las rejas en un minuto”, señaló Walter Larrea, que trabaja como preceptor en la secundaria del Polo Educativo. Faltan dos semanas para el inicio de clases y en la calle Letonia ya hay más movimiento: en febrero hay mesas de exámenes pendientes y el curso de ingreso para la adaptación de los chicos que entran en primer año. El Polo Mugica no cerró en enero ni en febrero, además, porque allí, tanto en el edificio de la primaria como en el de la secundaria funciona la colonia de verano.
“Lo que aprendimos en la escuela es que la única forma de cambiar las cosas es reclamar. Cuando fue el principio de incendio – en octubre de 2019 – tuvimos que estar 3 semanas sin usar las aulas para que nos escucharan y vinieran a arreglar”, señaló Larrea. El preceptor también recordó que los referentes de la escuela tuvieron una reunión informal con Juan Montesano, secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, de la que también participó el director de la escuela primaria, Alejandro González, y en la que el magistrado “manifestó que ellos (en referencia a los jueces) no tienen nada que ver con el alambrado y que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”.
Todavía una de las cuestiones a determinar es si el espacio donde fue erigido el alambrado está bajo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad o de la Justicia Federal, algo para lo cual la jueza deberá analizar los planos que la Dirección General de Registro de Obras y Catastros y el Registro de la Propiedad Inmueble que le enviaron en febrero. “Estoy intentando apelar a la sensibilidad porque acá se juegan valores muy dispares: de un lado, un estacionamiento, del otro, la educación y seguridad de los chicos de la villa”, advirtió López Vergara al ser consultada por este diario.
El alambrado, instalado sobre el cordón de la vereda frente a la escuela primaria y al jardín de infantes “Banderita”, delimita un estacionamiento privado para jueces y empleados de Comodoro Py. En septiembre de 2019, a raíz de las quejas de docentes y padres de la escuela, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la asociación civil Compromiso Ciudadano denunciaron la situación ante el Ministerio de Educación porteño.
“Lo pusieron para que los chicos de la escuela no le toquen los autos a los jueces”, señaló Eduardo López, secretario general de UTE. Ese mismo mes, la Defensoría Nº5 de la Ciudad presentó una solicitud sobre el estado de los planes de contingencia del Polo Educativo Mugica. El abogado de la defensoría, Ramiro Dos Santos, pudo acceder a los planos, pero aún debe constatarlos con un arquitecto. “Toda la información pública que se solicite, debería ser otorgada a cualquier ciudadano, pero con más razón a una jueza”, señaló Dos Santos a Página/12 y advirtió que “está en juego el derecho a la educación y la seguridad de los chicos y chicas de la escuela”.
Informe: Lorena Bermejo.
