El 28 de febrero, la justicia de Santiago del Estero realizará una audiencia para escuchar argumentos sobre la revisión del proceso por el cual María de los Ángeles Lescano fue condenada a 13 años de prisión por haber matado a su ex pareja para evitar que él la violara, en una resolución que su defensa apela porque fue dictada, explican integrantes de la Red de Abogadas Feministas provincial, sin considerar la perspectiva de género. La defensa pedirá la absolución de Lescano -quien se encuentra alojada en el penal de mujeres de Santiago del Estero- porque fue “un homicidio en legítima defensa, donde los jueces han aplicado mal el derecho”, adelantó a Página/12 Andrea Barraza, co-defensora del caso e integrante de la Red. Por su parte, la querella solicitará la prisión perpetua para Lescano, según pudo saber este diario.
La Red de Abogadas Feministas de la provincia y el Observatorio de Pensamiento Penal, presentaron un amicus curiae para apoyar el pedido de revisión del caso y el tratamiento desde una perspectiva de género con profesionales capacitados, tal como establece la Ley Micaela , en cuanto a la capacitación obligatoria en materia de género y violencias hacia las mujeres para quienes desempeñen funciones públicas.
Lescano, que está alojada en el penal de mujeres de Santiago del Estero, fue condenada a 13 años de prisión por haber matado a su ex pareja, Jorge Ibáñez, la mañana del 12 de noviembre de 2017, al defenderse cuando él quiso violarla. “Nadie duda de cómo ocurrieron las cosas, lo que se cuestiona es la forma de interpretar el caso”, explicó Barraza a Página/12.
Reclamos por un fallo sin perspectiva de género
El 12 de noviembre de 2017 a la madrugada, tras devolver la bicicleta prestada, Ibáñez discutió con un hermano de Lescano, porque semanas atrás él había dejado solos a sus hijos, luego de que su ex pareja le pidiera que los cuidara mientras ella llevaba a uno de los niños al hospital.
“El hermano de María discutió porque le dio bronca que dejara solos a los chicos, y ahí Ibáñez se enojó y se fue, pero se quedó tomando vino en la esquina de la cuadra”, detalló la abogada Barraza. Un testigo dijo que esa madrugada, en la esquina, Ibáñez dijo “esta noche es ella o yo”. Horas después, cuando el hermano y la cuñada de Lescano se fueron de la casa y su otro hermano ya dormía, Ibáñez entró subrepticiamente.
Ibáñez llevaba un cuchillo y le dijo a Lescano que “iban a estar juntos por última vez”, declaró ella en el juicio. “Ella se negó y él sacó el cuchillo, y en el forcejeo ella pudo quitárselo y usarlo para defenderse”, relató Barraza, tras lo cual Ibáñez, herido, se dio a la fuga. Lescano, que lo vio irse por sus propios medios, no sabía que la herida había sido mortal.
“La justicia se agarró de una pericia psicológica que indica que ella podría tener actitudes agresivas, pero no tiene en cuenta los antecedentes de violencia que ella venía sufriendo”, advirtió Barraza.
Según el informe del Observatorio Pensamiento Penal, Lescano padeció "el ejercicio de agresiones constitutivas de violencia de género”.
Una historia de violencia
El 11 de noviembre del 2017 María Lescano estaba en su casa del barrio Tradición, donde vivía con sus hijos y su hermano menor. Era sábado, algunos de sus hijos habían salido y otros dormían, y ella cenaba con sus dos hermanos y su cuñada. A la una de la madrugada, con la excusa de devolver una bicicleta que había tomado prestada, llegó Jorge Ibáñez, quien había sido pareja de Lescano durante 12 años, 7 de los cuales -según una de las denuncias radicadas por la mujer- ella y sus 5 hijos padecieron ataques violentos de él.
En abril de 2017, ante los rumores de que recuperaría la libertad luego de haber sido detenido por robo a fines de 2016, Lescano se presentó en la subsecretaria de la niñez de Santiago del Estero para solicitar que a su ex pareja le prohibieran acercarse a ella y sus hijos. En la presentación dio cuenta, además de los episodios de agresión física, de un episodio grave ocurrido en 2016: Ibáñez prendió fuego la casa en la que ella y sus hijos dormía. “Ella pudo escarparse porque una membrana del techo le cayó encima y la despertó”, relató la abogada Barraza, quien añadió que Lescano y sus hijos huyeron a casa de la hermana de ella. “Ese año se mudó a una casa que tenía la familia en el barrio. Un lugar chico que compartía con uno de sus hermanos”, explicó.
El trámite se inició pero la gestión, según le dijeron, tenía que hacerla en el Juzgado especializado en violencia, en los tribunales de la provincia. En ese lapso, Ibáñez recuperó la libertad.
Lescano radicó una denuncia ante el Poder Judicial el 28 de juno de 2017. Dos días antes, mientras ella dormía, Ibáñez había entrado a su casa y la había violado. En el lugar también estaba su hijo de 8 años. Cuando Lescano logró soltarse, Ibáñez la empujó, le pegó y la acorraló para que no pudiera salir de la casa, algo que ella sin embargo logró. Mientras gritaba para pedir ayuda y su hermana se acercaba, Ibáñez volvió a agredirla y usó un pedazo de escombro para pegarle hasta dejarla inconsciente.
Dos días después, cuando Lescano ya había radicado la denuncia ante la Justicia, Ibáñez la acosaba por las calles del barrio. “La víctima de violencia de género nunca sabe cuándo va a terminar la agresión”, recordó la abogada Barraza. Lescano “no tenía forma de repeler los ataques” ya que a Ibáñez “le habían dado restricción perimetral pero no la cumplía”, añadió.
La audiencia que puede ser clave
En el juicio, la querella solicitó que Lescano fuera condenada a perpetua. Los jueces Alfredo Pérez Gallardo, Julio Alegre Paz y Luis Achaval determinaron que no le correspondía esa pena y consideraron "circunstancias extraordinarias de atenuación", pero de todos modos condenaron a Lescano a 13 años de prisión.
En la audiencia del 28 de febrero, la defensa de Lescano pedirá que el caso sea considerado en el contexto de violencia de género. Por eso, sostendrá que la mujer actuó en "legítima defensa", y reclamará su absolución. Hasta ahora, en la justicia, "el tratamiento que se hizo de las pruebas es criminalizador de la pobreza, del género y de la clase", advirtió la abogada Barraza.
Informe: Lorena Bermejo.